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Chile requiere una Nueva Constitución

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En paralelo a las emocionantes y masivas protestas de los últimos meses -expresión evidente del enorme descontento de la ciudadanía- comunidades, etnias y organizaciones sociales están recurriendo permanente a la justicia o al Congreso Nacional,  a fin de conseguir amparo y resguardo a derechos que muchas veces damos por obvios, sea por estar establecidos en la Constitución, sea porque están contenidos en Tratados Internacionales.

Legos y no legos, damos por supuesto que tenemos garantizados constitucionalmente derechos de capital importancia, tales como el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación; no ser discriminados por orientación sexual, género o etnia; a tener una educación,  obligatoria,  gratuita, laica y de excelencia; entre muchas otras.
 
Lamentablemente, esto no está ni cerca de ser así.
 
La aprobación de HidroAysén y otros proyectos depredadores del medio ambiente, un sistema de financiamiento de la educación basado en el lucro o las discriminaciones arbitrarias -ratificada por el Tribunal Constitucional- en materia de post-natal, evidencian las debilidades de nuestra institucionalidad, sea para brindar amparo a las garantías constitucionales sea, simplemente, para evitar que una norma o autoridad de jerarquía inferior, vulnere nuestros derechos fundamentales.
 
Si consideramos, además, la ilegitimidad de origen de la Constitución Política vigente y la convivencia dentro de ella de estos derechos fundamentales -básicamente decorativos-con una serie de normas, elevadas a rango constitucional, cuyo único norte es garantizar la invariabilidad, ad eternum, del cuerpo constitucional que nos legara una dictadura horrorosa y vergonzante, podemos hablar de que estamos en presencia de una parálisis o crisis constitucional.
 
La carta fundamental chilena está, indignantemente, blindada por normas que coartan la participación política, trampas legislativas, quórums imposibles, controles constitucionales, cuyo único norte, parece ser, reducir la expresión de la voluntad soberana, exclusivamente, a elecciones y plebiscitos, éstos últimos limitados a casos de laboratorio que explican porque nunca han sido convocados. Y sabemos que el sistema electoral chileno no contribuye a que en estas instancias se desborde la diversidad, la pluralidad de valores, ideas, creencias y esperanzas que han encarnado – huérfanos de apoyo político- los estudiantes, los defensores de bosques y ríos, los que han marchado por la igualdad de derechos.
 
Requerimos una nueva Constitución. En verdad, la hemos requerido desde siempre.
 
Si hay un hilo conductor, una quimera, una epopeya que ha caracterizado la Historia de este país ha sido el requerimiento de los excluidos por ser considerados como parte de un poder constituyente. 
 
Se intentó el año 1828, con la hermosa constitución liberal de José Joaquín de  Mora. Entre 1833 y 1924 distintos partidos y visiones políticas fueron tomando el relevo para limitar el poder omnímodo de la oligarquía y recuperar parte de lo robado al pueblo en Lircay.
 
La Constitución del 25, que nos rigió hasta que las llamas consumieran La Moneda, fue impulsada por una Asamblea autoconvocada por obreros, gremios y estudiantes, que luego fuera traicionada por los mismos que se han autoasignado el poder constituyente desde siempre. 
 
Como se ve, la demanda y los intentos por llevar adelante una instancia participativa, democrática y pluralista donde se defina colectiva y democráticamente las reglas básicas de nuestra convivencia no han estado ajena a nuestra historia.
 
Tampoco lo están hoy en la esfera de las aspiraciones de otras naciones. Países de regímenes tan disimiles, como Colombia y Venezuela han concluido exitosamente sus procesos constituyentes, mientras que Islandia se apresta a vivir este proceso validando a las redes sociales como instrumento formal de expresión de la voluntad soberana.
 
¿Seguiremos, entonces, los chilenos constituyéndonos en la excepción, en un caso patético -incluso objeto de estudio- de anquilosamiento jurídico-institucional, de desconfianza en la voluntad popular?
 
¿Sumaremos a nuestros blasones de haber sido de los últimos países en contar con Ley de Divorcio, Institucionalidad Ambiental o impuestos a quienes se hacen de nuestra riqueza minera, el dudoso honor de permitir que sigan envejeciendo y apoltronándose normas que representan la particular visión de un puñado de personas, de hace ya más de 30 años?.
 
Diez diputados de la oposición, en representación de muchos otros parlamentarios y, especialmente, de miles de ciudadanos, no estamos dispuestos a ello y hemos dado un primer paso, presentando un proyecto de reforma constitucional que permita iniciar un proceso de Asamblea Constituyente en Chile. 

Nuestra propuesta es simple: que se pueda convocar a una Asamblea Constituyente mediante una ley aprobada por la mayoría de los Diputados y Senadores en ejercicio o por la iniciativa de al menos quinientas mil firmas de ciudadanos. Asimismo, proponemos que la nueva Constitución, redactada por la Asamblea, sea ratificada, mediante plebiscito, por la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos (Boletín 7792-07).
 
Se ha abierto una pequeña puerta, pero necesitaremos todas las voluntades, toda la creatividad, toda la persistencia que hemos visto en tanto héroe anónimo en las calles, colegios, universidades y plazas de nuestro país, para evitar que se cierre.
 
Atendido los elevados quórums necesarios para aprobar esta reforma constitucional es ilusorio pensar que será posible sacarla adelante simplemente empujando su tramitación legislativa del modo habitual en el Congreso. No veo razón para que aquellos que detentan el poder de veto y el control de los cambios en Chile los entreguen así sin más. Será necesario escribir una y mil cartas, firmar peticiones hasta que seamos millones, y levantar la demanda de la Asamblea Constituyente en todas y cada una de las movilizaciones por un Chile más justo y democrático. 
 
Tal vez no se logre pronto, quizás devenga en un asunto generacional, en algo que se trasmite de padres a hijos.
 
Pero al menos hemos comenzado y depende sólo de nosotros que avance.
 
* Marcelo Díaz es Diputado de la República.
 
Te invitamos a adherir la "Carta por una Nueva Constitución para Chile" firmando aquí. Si eres representante legal de una organización social, puedes adherir también a la "Carta abierta de los pueblos y movimientos sociales por una Nueva Constitución para Chile" firmando aquí.
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25 de julio

Excelente
Estoy plenamente de acuerdo, no se puede seguir avanzando con la Constitución antidemocrática de la dictadura militar, hay que exigir REFORMA AHORA !

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