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Censo abreviado y la mutilación de la ética pública

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La misión del empresario es derrotar a la competencia para conquistar el mercado. El mandato electoral del político, y por extensión del funcionario, es atenuar la confrontación y transmutarla en un proyecto colectivo. Entonces, el éxito en uno de estos ámbitos no garantiza en lo absoluto un buen desempeño en el otro. En Chile, la mutilación de la ética pública, por un gobierno imbuido de una lógica empresarial, se ha manifestado en la agudización de todo tipo de conflictos: sociales, ambientales y económicos. 

Entre las múltiples aristas que genera el lapidario informe acerca del Censo 2012, poco se ha escrito del daño más duradero que el gobierno de Sebastián Piñera ha infligido al diseño de políticas públicas en Chile. Es innegable que el retroceso interno es grave, en términos de pérdida de foco en la distribución de recursos para políticas sociales ya deficitarias. Además, por la discontinuidad irreversible en el análisis de tendencias de evolución socioeconómica, necesarias para invertir a largo plazo. La pérdida de credibilidad externa también es preocupante, en un contexto de inestabilidad global y de dependencia de la economía nacional frente a la inversión extranjera.

Sin embargo, estos son meros síntomas de un cáncer largamente instalado en Chile y que en este período presidencial ha mutado a un estado de malignidad severa. El empoderamiento de la tecnocracia ha mutilado la ética y el respeto por la función pública. A menos que tratemos esta enfermedad con todo el rigor necesario, seguirán repitiéndose atentados a la confianza de las instituciones, como el Censo, la encuesta Casen y las condonaciones ilegítimas del Servicio de Impuestos Internos.

La lápida puesta por la comisión investigadora del Censo 2012 es la refutación definitiva de la tesis del “gobierno de los mejores”. Este slogan neoliberal implica que las funciones de gobierno deben limitarse a favorecer el dinamismo de los mercados y que la administración pública, reducida al mínimo posible, debe emular los principios de eficiencia de la empresa privada. Este principio, eje argumental del new public management, ha impulsado profundas reformas al funcionamiento de instituciones de gobierno en gran parte del mundo, desde la era Thatcher-Reagan-Pinochet, siendo la contraparte política de la desregulación financiera. La conclusión de esta ideología es que si la administración pública debe estar al servicio de la economía, nadie mejor que un empresario para cumplir esta función.

Esta falacia ignora que las funciones del mercado y del gobierno son esencialmente distintas. El primero funciona gracias a mecanismos competitivos de selección natural. El segundo debe garantizar la coexistencia de ciudadanos en un sistema justo de cooperación entre iguales. Por lo tanto, la formación y los objetivos de los profesionales que actúen en uno y otro sector son divergentes, lo que se traduce en dos éticas legítimas pero incompatibles. La misión del empresario es derrotar a la competencia para conquistar el mercado. El mandato electoral del político, y por extensión del funcionario, es atenuar la confrontación y transmutarla en un proyecto colectivo. Entonces, el éxito en uno de estos ámbitos no garantiza en lo absoluto un buen desempeño en el otro. En Chile, la mutilación de la ética pública, por un gobierno imbuido de una lógica empresarial, se ha manifestado en la agudización de todo tipo de conflictos: sociales, ambientales y económicos.

Un precio que ya estamos pagando por esta ineficiencia ha sido el acrecentamiento histórico de la desigualdad, que tal vez no supera a la de regímenes feudales en términos relativos pero si lo hace en nivel absoluto, en cuanto a la cantidad de riquezas acumuladas por la elite. Otro resultado es la vulnerabilidad de un segmento creciente de la población, tensionada entre expectativas laborales y de consumo más exigentes, endeudamiento e inestabilidad financiera. Esto en un contexto de un soporte social deficiente y de una estructura tributaria regresiva. Porque una vez perdido el sentido político de la función pública e instalado el gobierno para la economía, los más ricos pagan menos impuestos, no solo en Chile sino en todo el mundo.

En suma, la despolitización de la economía y la mutilación de la ética pública son la vía más directa hacia la agudización de la injusticia social. El discurso de políticos coludidos con el gran empresariado hace todo lo posible por tergiversar este proceso y negar la enfermedad, porque el poder solo es tolerable en la medida en que sea capaz de ocultarse a sí mismo. Así, los signos que revelan esta decadencia aparecen a través de la manipulación de los instrumentos que permiten la administración económica de la sociedad, los que siendo indispensables para el sistema no pueden ser adulterados sin producir graves síntomas.

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