Tras la convocatoria desde el Gobierno a un Consejo Asesor Presidencial integrado por diversos profesionales que aborden el mejoramiento de la regulación entre dinero y política queda la sensación de que a la vuelta de la esquina se encuentra un arreglo entre la Nueva Mayoría (NM) y la oposición para salvar la crisis institucional en la cual se encontraría el sistema político. Por derivación, la opinión pública mirará con sospecha el potencial encuentro, más cuando la UDI buscó un acercamiento con el Gobierno y NM para gestionar un Gran Acuerdo a propósito de PENTA, haciendo oídos sordos los últimos, indicando que sería la justicia quien debería accionar, y nadie más.
Por lo tanto, que ahora se busque este espacio, intencionado desde el Gobierno tras la constatación del involucramiento del hijo de la Presidenta en la transacción de CAVAL, implicaría, no más sospechas sino que un tremendo grado de cuestionamiento a la legitimidad sobre la cual se ha construido la gestión del gobierno y su proyección, cuestión grave, si se piensa en las próximas elecciones municipales.Más que referirse a una crisis de la institucionalidad del sistema político, conviene esperar que, sin perjuicio de los resultados del Consejo Asesor al que se convoca, se intencione una Política de Suelo que esté en la dirección de las reformas hasta hoy gestionadas. ¿Podría alguien negarse a ello?, por lo menos el momento político no lo aconseja.
Si en PENTA el gobierno no tenía margen para acuerdos, con Caval tiene menos. Por lo menos a acuerdos que impliquen absolución de los responsables presentes y futuros cuando de este tipo de prácticas se refiere. Cuando se señala absolución, se quiere indicar acuerdos que permitan seguir operando de la misma forma, pero con marcos institucionales referenciales distintos, los que se suponen se traducirán en proyectos de ley y posterior política pública.
PENTA permitió develar en brutal claridad una cuestión que se conocía desde el principio de los tiempos, desde recién recuperada la democracia. La relación negocios y política, como muchos indican que es transversal, evidentemente tenía una concentración en la UDI, con procedimientos significativamente ‘aceitados’ en época electoral, como también en la gestión legislativa y de gobierno (sobre todo en el periodo del ex Presidente Piñera).
CAVAL permitió develar otro secreto a voces institucionalizado, el de la especulación del suelo, el cual desde muchos años, es un botín para la especulación de gestores inmobiliarios de diverso tipo que ante la evidencia o insinuación de cambios de usos de suelo a formalizarse en los instrumentos de ordenamiento del territorio, llámese Planes Reguladores Comunales, intercomunales y regionales, se disponían y disponen de forma ágil para adquirir rápidamente suelos con usos agrícolas, que podrían ser urbanos posteriormente, y desde allí, vender a otros especuladores, hasta finalmente cristalizar los proyectos inmobiliarios, públicos y privados.
La paradoja que se podría instalar es que, gracias a la acción del hijo de la Presidenta, la Presidenta pueda entrar en profundidad a una línea que se encuentra en su programa de gobierno en el acápite ‘Política de Suelos’ dentro de la línea programática ‘ciudad, vivienda y territorio’.
Es una paradoja incómoda, pero que en un marco de oportunidad política, el ejecutivo tiene la obligación de instalar un proyecto de ley que permita, frenar una Política de Estado que se inauguró en las postrimerías de los años 70, que implicó la liberalización del mercado del suelo, donde, como es sabido por muchas y muchos, el mercado «se auto regularía para el bien común de los chilenos y chilenas». Sin perjuicio de los avances en regulación, por medio de la mejora de los instrumentos de ordenamiento territorial, es una evidencia que la práctica de especulación es vigente. Finalmente, hay que agregar, que en el debate de la reforma tributaria, las transacciones de los suelos fueron tema de discusión, cuando de la tributación de los mismos se refiere, ¿acaso no es momento de reponerlo?
Más que referirse a una crisis de la institucionalidad del sistema político, conviene esperar que, sin perjuicio de los resultados del Consejo Asesor al que se convoca, se intencione una Política de Suelo que esté en la dirección de las reformas hasta hoy gestionadas. ¿Podría alguien negarse a ello?, por lo menos el momento político no lo aconseja.
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