El debate se ha desplegado sobre la forma en la cual los candidatos en las diferentes elecciones a nivel país, obtienen los recursos para captar los votos de los electores. El caso PENTA, nuestro “watergate” chileno, mostró lo problemático que es que las empresas destinen dineros para la política, ya que se puso en entredicho la libertad de los legisladores a la hora de promover leyes que afecten a quienes los financiaron.
Una base igualitaria de financiamiento obligará, a su vez, a buscar mejores métodos para captar a los electores más allá de pancartas o shows en vivo. Debemos ver en el caso PENTA una oportunidad para dejar de confundir lo público con lo privado.
El dinero en política genera distorsiones respecto a la misión de los representantes, en cuanto el ejercicio político es representar los intereses de electores y no de quienes financian las campañas. La influencia de las empresas en política genera el paradójico efecto de volverlos sujetos de derecho por sobre el de los ciudadanos, sujeto de derecho fundamental y sobre el cual se basa la delegación de representatividad en que se basa la democracia chilena. El candidato debe todo a la empresa que lo financia y nada al votante que lo elige. ¿Cómo poner fin al problema de la sustitución de soberanía del empresariado sobre el votante? Hasta ahora hay 3 posturas claramente delimitadas:
– Financiamiento privado (situación actual): los candidatos deben costearse por sí mismos el costo que implica levantar una campaña. Dada la falta de apoyo inicial (ya que luego el Fisco devuelve un monto por cada voto obtenido), el candidato se ve obligado a recurrir a terceros para financiar su campaña política, ya sea vía préstamos bancarios o por vía de donaciones. En el segundo caso, las donaciones pueden ser realizadas por empresas como por personas naturales. Dependiendo del monto, este monto puede ser privado o público, utilizando la figura de “aporte reservado” para que el candidato que recibe altas sumas de dinero de un privado, no se vea presionado por éste a la hora de cumplir sus labores. En estos casos, las empresas se acogen a exenciones tributarias que forman parte de la Ley de Donaciones, con lo que recuperan parte del dinero invertido. En pocas palabras, el Estado fomenta que terceros financien candidaturas políticas en lugar de financiarla él mismo, aunque en la práctica, los montos devueltos por voto como la exención tributaria sean recursos que pueden cumplir perfectamente esta misión de forma parcial. Quienes abogan por el statu quo buscan reformar esta postura hacia un rol mixto.
– Financiamiento público-privado (propuesta de reforma): en este escenario, el Estado, las empresas y las personas naturales, forman parte del financiamiento de candidaturas. Las empresas deben salir del juego del financiamiento, a la vez que toda donación debe ser realizada por personas naturales de forma transparente. El Estado puede poner una base igualitaria, y a su vez mantener el pago de dineros por voto obtenido. Se evalúa fortalecer el rol del SII como de la Contraloría, para el seguimiento de dineros privados al igual que el rendimiento de gastos electorales. Sin embargo, esta medida mantiene el problema del financiamiento desde el Estado por voto obtenido (que es a la larga regresiva, ya que los partidos pequeños poseen pocos incentivos para participar) como que las donaciones por personas puedan obtener como origen una triangulación de fondos desde las empresas por medio de una persona. Frente a estas medidas, aparece una propuesta de financiamiento público exclusivo.
– Financiamiento público (nuestra propuesta): El Estado debe ser el único ente que puede financiar candidaturas políticas, para así evitar que los grupos de presión se posicionen sobre los ciudadanos. El Estado entrega una base única y prohíbe el financiamiento privado de elementos de campaña. Se entrega una base única igualitaria para que los partidos puedan ser competitivos independiente de su tamaño. Se reforma a su vez la institucionalidad para garantizar la rápida disposición de los fondos públicos y fortalecer la fiscalización del uso de los dineros en tiempos de campaña. No se excluye a los privados del proceso, sino que se les permite realizar donaciones a un Fondo Solidario de Financiamiento de Candidaturas, donde los privados pueden contribuir a financiar las campañas en términos generales y no uno en particular. Se abolen las figuras de exención tributaria de la Ley de Donaciones, como los aportes reservados, pasando estas figuras a ser delitos. Se corrigen los elementos regresivos del sistema actual y se evitan posibles asimetrías entre partidos y candidatos a la hora de las elecciones.
Consideramos necesario que los privados salgan del juego de la política, ya que los intereses privados entorpecen el rol público e influencian a los legisladores a la hora de tomar decisiones. Una base igualitaria de financiamiento obligará, a su vez, a buscar mejores métodos para captar a los electores más allá de pancartas o shows en vivo. Debemos ver en el caso PENTA una oportunidad para dejar de confundir lo público con lo privado.
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