Una buena opción sería nombrar un biministro en Hacienda y Economía y designar al democratacristiano Ricardo French-Davis. O poner a Juan Somavía. Gente de trayectoria conocida, competente e irreprochable, así como comprometida con el cambio ofrecido en el programa de Gobierno ampliamente aprobado por la ciudadanía.
Ante la insistencia mediática ante un eventual cambio de gabinete, conviene tener en cuenta y reflexionar sobre varios factores. Lo primero es tener claro de dónde provienen los principales apetitos para dicho cambio.
Ante ello, diría que la descalificación del gabinete actual se expresó incluso antes de estar designado el mismo y proviene muy principalmente de la derecha y su apabullante hegemonía de medios, así como de gente de la antigua Concertación que se siente generacional e ideológicamente desplazada después de una larga hegemonía de los “autocomplacientes”, que se tradujo en veinte y tantos años de “aliancertacionismo”, que yo denomino la “República Aliancertacionista de Chile, 1989-2014”.
El aliancertacionismo aquel fue claramente derrotado en las primarias presidenciales de la Nueva Mayoría, en las elecciones parlamentarias y en el apoyo definitivo superior al 62% con que elegimos a Michelle Bachelet.
Independientemente de lo anterior, conviene centrarse en el contenido del cambio que todos esperan. A este respecto, la presidenta Bachelet debiera continuar siendo fiel a su mandato de cambio y reforzar aquellos ministerios más vapuleados con gente de primer nivel. También habría que descartar el arribo de agoreros y censores de la antigua Concertación que la ciudadanía identifica y rechaza sistemáticamente.
Y así, por ejemplo, una buena opción sería nombrar un biministro en Hacienda y Economía y designar al democratacristiano Ricardo French-Davis, o colocar en Trabajo a Juan Somavía; o sea, gente de trayectoria conocida, competente e irreprochable, así como comprometida con el cambio ofrecido en el programa de Gobierno ampliamente aprobado por la ciudadanía.
Finalmente, hay que insistir en que todo se vería facilitado si priorizásemos el cambio constitucional y empezamos, entonces, a debatir sobre el contenido de una nueva Constitución, que sintamos como nuestra y no impuesta, generadora de lo que se denomina patriotismo constitucional, en vez de seguir ideando parches para la Constitución de 1980, la que nadie siente como propia ni está dispuesto a defender.
Contra lo que pudiera pensarse, ello no recargaría para nada el trabajo legislativo, sino que, más bien, lo racionalizaría, toda vez que supondría partir por lo principal, como es el pacto fundamental, que permea todos los otros temas.
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