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Cambio de gabinete: contraofensiva de la derecha dura

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El cambio de gabinete se da en un contexto de falta de recursos que afecta a los chilenos debido al alto desempleo y de la extrema pobreza que vive la población producto de la pandemia, las ayudas mezquinas del Estado para quienes están pasando una situación crítica frente a esta catástrofe colectiva, agudizada por la ausencia de un sistema de seguridad social, con pensiones insuficientes y desiguales, derivadas por los bajos salarios de los trabajadores que inciden en bajas cotizaciones y un malestar ciudadano ante las AFP como el símbolo del abuso de los grandes grupos económicos.

La desconexión política del Gobierno con las personas que viven en la vulnerabilidad es brutal. Como señaló, en la edición de la tercera semana de julio 2020, la revista conservadora norteamericana National Review: (…) «Una vez más la única causa tangible para el estallido social fue la total incapacidad del gobierno para ver más allá de sus planillas de Excel y hablarle a la gente» (…) «expertos como Piñera y sus compañeros neoliberales han pasado años de aislamiento al interior de los muros de la academia y de los salones VIP de los aeropuertos». Es ese actuar elitista lo que lo enfrenta al momento de mayor debilidad que haya vivido desde octubre de 2019. Tanto así, que la semana pasada la televisión alemana definió la situación del Mandatario como: «Piñera ya renunció a gobernar. Puede seguir en el puesto, pero no está gobernando».


Cuando se requieren cambios estructurales profundos en la sociedad, el background político de los nuevos ministros (Víctor Pérez, Andrés Allamand y Jaime Bellolio), no concuerdan con esa mirada reformista

Después de su lamentable manejo del estallido social, el gobierno sucumbió a la ansiedad de recuperar terreno a través de atajos, apuros y ansiedades en la gestión de la crisis sanitaria y como resultado sólo agravó los efectos de ésta. Su estrategia económica y sanitaria fracasó rotundamente, puesto que frente a la pandemia se mostró lento para confinar y ahora se apresura para un desconfinamiento.

Cuando se requieren cambios estructurales profundos en la sociedad, el background político de los nuevos ministros (Víctor Pérez, Andrés Allamand y Jaime Bellolio), no concuerdan con esa mirada reformista. En lugar de presagiar el dialogo con la oposición anunciado por el Presidente Piñera, augura un blindaje del gobierno en sus propios dogmas, encerrándose en su visión excesivamente pro-mercado y de mantener sin cambios la columna vertebral de la Constitución de Pinochet. Eso explica que los rostros más fervorosos del comando del Rechazo a una nueva Constitución se incorporen al gabinete, lo que refleja con claridad el propósito que guiará al Ejecutivo de cara a octubre y el resto del período presidencial de Piñera. Al neutralizar a Mario Desbordes integrándolo al gabinete, el país ha sido notificado que se mantendrá sin cambios el actual modelo económico y social; volverán el cuco de chilezuela y las campañas del terror.

Es un gabinete, además, con poca credibilidad para garantizar de manera imparcial el proceso constituyente por la relevancia de los ministerios que serán presididos por rostros atrincherados tras el Rechazo y partidarios del más lato poder del mercado sobre todas las actividades de la vida en sociedad. Es un equipo proveniente de la derecha dura que viene a reforzar el actual modelo, sin conexión con la actual sociedad y que su principal motivación es reagrupar a sus partidarios sobre las medidas anunciadas por la bancada de la UDI con el fin de aglutinar nuevamente a la grey ultramontana que se había dispersado.

En este recambio ministerial están los rostros que impulsaron la campaña apocalíptica contra el retiro del 10% de los fondos de las AFP, la cual ha sido refutada por un informe de Scotiabank que estima que el retiro del 10% va a significar una inyección al consumo que tendría un impacto positivo de 3% en el PIB del 2020. Señala también, el informe, que el costo fiscal de US$6 mil millones que tendría la iniciativa sería “compensado” parcialmente en el corto plazo por el aumento en la recaudación del IVA. Por tanto, el retiro de fondos provocaría un positivo y material impacto sobre la actividad económica e indica, que si se esperaba que la economía se contrajera 7% el 2020 -al incorporar esta inyección neta por ese monto (US$ 10 mil millones) durante el resto del año- la contracción terminaría en una cifra más cercana al 4%.

Otro informe del economista Roberto Selaive, publicado el 24 de julio, estima que el retiro de fondos ayudaría a contener en hasta 5 puntos la caída del PIB chileno este año ya que inyectaría US $10.000 millones en consumo a la economía. La Cepal expresó también que “el retiro de fondos puede ser muy relevante para reactivar la economía”. Las voces catastrofistas han sido implícitamente impugnadas incluso por la propia Bolsa de Santiago la cual subió el día de la aprobación de la medida ante las expectativas de un mayor consumo por retiros de fondos de las AFP.

Las políticas económicas se tienen que adaptar a los diferentes momentos. Los estragos sociales de la crisis económica desencadenada por el Covid-19 exige cambiar la manera de pensar sobre todo y, quienes no sean capaces de hacerlo, están haciendo un flaco favor a la comprensión de las consecuencias sociales y económicas que conlleva esta crisis. No se deben aplicar las mismas medidas que se adoptaron frente a la crisis financiera del año 2008 que ampliaron la brecha social, desatendieron a los más vulnerables y concentraron aún más la riqueza en unos pocos, demostrando que los mercados centrados en la especulación y deslocalización productiva no resuelven los desafíos globales.

Un reciente informe de Oxfam muestra que la fortuna de los supermillonarios en Chile se disparó un 25% durante la pandemia. Pasó de US$ 21.000 millones a US$ 26.700 millones desde marzo. Eso es lo que pretende la Bancada de Diputados UDI con su propuesta: “Medidas políticas, económicas y sociales para superar la pandemia”, donde proponen: reducir el número de ministerios, vender TVN en su totalidad, reducir el personal del Estado, eliminación de programas y de servicios públicos, la privatización de Codelco y reducir impuestos.

Es altamente censurable, entonces, que la idea de crisis económica se utilice, una vez más, para derivar recursos de lo común hacia quien tiene el poder de decir “la economía soy yo”, como lo expresó el presidente de la CPC. Por ello, es preciso reflexionar sobre qué actividades contribuyen al bien común y cómo hay que recompensarlas, sin dar por supuesto que los mercados lo van a resolver. Lo que ha quedado en evidencia con esta crisis social y sanitaria es que solo el criterio no mercantilista de la gestión de lo público conlleva el mínimo de sentido social y humano para enfrentar una pandemia. La búsqueda de rentabilidad desmedida, el ánimo de lucro y el abandono de los servicios públicos se ha mostrado incompatible con el bienestar de la humanidad.

Se precisa, entonces, reformular los términos del discurso público y encontrar el camino hacia un debate político con más solidez moral y sin el mercantilismo que predomina ahora.

TAGS: #CrisisPolítica #EstallidoSocial #Gabinete #GobiernoPiñera

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J.A.

02 de agosto

En realidad es una verdad a medias, existe una área intermedia del aparato de estado que son las municipalidades, en su duro actuar diario, el estado esta presente en forma directa e indirecta por medio de una enorme cantidad de programas sociales y fondos concursables, tiene una visión de lo que ocurre en la sociedad. Sin embargo en el escenario de lo público está la lucha ideológica subyacente, y vemos con pena como aumenta la intolerancia, la mala leche y el odio, no se sabe donde terminará esto pero no se ve nada de bien, quienes tienen una mejor preparación para impulsar acuerdos, diálogos, o llegar a tratos operan en contrario, echan más combustible a la caldera, no les importa destruir cuanta estructura, sistema, proceso, ordenamiento u organización haya logrado el estado, el asunto es destruir al rival ideológico.

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