El mundo está atravesando un momento histórico que requiere mirar hacia adelante y que obliga asumir que se está en un paradigma distinto y que se necesitan políticas fiscales expansivas que protejan la demanda agregada que posibiliten que la crisis tenga forma de V (una recuperación rápida de la economía tan pronto esta toque fondo) y que no tenga forma de L (estancamiento de la actividad económica, una vez llegue al punto más bajo). Ello, evidentemente, implica cambiar algunas de las reglas tradicionales del discurso laissez faire, como han reconocido ya las autoridades del FMI.
Al día de hoy más de un millón de personas en Chile ya perdieron su fuente laboral y han quedado sin ingresos, puesto que no todos reúnen los requisitos para acogerse al seguro de desempleo –los trabajadores informales e independientes que emiten boletas de honorarios- Más de 56 mil empresas les han suspendido el pago a sus trabajadores acogiéndose a la ley de Protección del Empleo. Pero esta incertidumbre y tragedia de no tener ingresos para sobrevivir no alcanza a los dueños de Isapres, de las AFP, los bancos, el retail y los grandes holdings empresariales.
Mientras que Cencosud y Ripley que han incrementado sus ventas online, se acogen a la ley de Protección del Empleo para dejar de pagar las remuneraciones a sus trabajadores y “compensarlos” con una parte de la misma desde sus fondos de Seguro de Cesantía durante el tiempo que se mantenga la suspensión del contrato laboral. En tanto, las dietas de directores de esas grandes empresas siguen percibiendo emolumentos millonarios, a pesar que el Estado les está entregando liquidez y a mantener su capital de trabajo.No son el mercado, las AFP o las Isapres que pueden aportar a resolver la crisis. Es, por el contrario, la hora de los Estados, de las intervenciones públicas masivas, de la redefinición de las reglas fiscales y monetarias para enfrentar la emergencia
Al mismo tiempo, el gobierno manda un oficio que decreta la vuelta al trabajo presencial a los empleados del sector público, sin consultar al Comité de Expertos, lo cual es inconsistente con el anuncio de las propias autoridades que en las próximas 8 semanas se manifestaría el peak de la pandemia, ya que en invierno es cuando el coronavirus encontraría las condiciones más propicias para su propagación por el deterioro de la calidad del aire, el frio y como la humedad ambiental. Tampoco tiene un correlato con la realidad la disposición del Ejecutivo de implementar un protocolo con la Cámara Nacional de Comercio (CNC) para permitir el funcionamiento de Malls y Centros Comerciales cuando, paralelamente, se llama a la ciudadanía a cumplir estrictamente el distanciamiento social y evitar reuniones de más de 4 personas, considerando el enorme peligro de contagio que conllevan las concentraciones de un gran número de gente.
La incongruencia del gobierno solo se explica por su pulsión de transmitir un discurso exitista con el objetivo de dar una señal de que la crisis sanitaria estaría totalmente controlada, creando una falsa sensación de seguridad en la población de que lo peor ya pasó, lo que indudablemente genera conductas irresponsables en muchas personas, como romper la cuarentena y el aumento de infractores del toque de queda.
El Presidente Piñera ha aprovechado esta crisis para mejorar en las encuestas, abusando de las cadenas obligatorias de Televisión en hora prime y de hacer pasar de contrabando un conjunto de medidas y leyes que implican una regresión social y económica, incluso una impunidad en materia de derechos humanos a través una “Ley Humanitaria” para liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad, desconociendo que el Derecho Internacional estipula que los beneficios a la población penal en general y a los condenados por crímenes de lesa humanidad se basan en reglas diferentes.
Por otra parte, esta crisis ha dejado en evidencia la enorme tragedia de la informalidad existente en Chile. Diversos estudios indican que hay 2,7 millones de trabajadores informales y de los segmentos más vulnerables desempleados que están sin ingresos.
Sin una red de protección social universal que pueda contrarrestar los efectos de la emergencia sanitaria y los masivos despidos que se están efectuando, como lo atestiguan las largas filas para cobrar el Seguro de Cesantía vistos estas últimas semanas, adquiere una alta prioridad considerar ayudas extraordinarias en bonos por parte del Estado, única manera de solventar los ingresos de las familias que están perdiendo sus fuentes de trabajo y que son las más afectadas por la pandemia al verse restringidas las labores esenciales para poder vivir.
Las medidas anunciadas por el ministro Briones son valorables, pero no suficiente para respaldar a las personas que viven de su trabajo y para solventar la falta de ingresos a que están enfrentados o para estimular la economía a través de la demanda agregada indispensable para morigerar la fuerte caída del PIB que se prevé. En América Latina y el Caribe, según The Economist Intelligence Unit, el PIB podría sufrir una caída promedio del 4,8%. En tanto, el FMI proyecta para Chile una contracción del PIB de 4,5%.
Por consiguiente, el salvataje no debería estar destinado exclusivamente al factor capital, sino también con ayudas directas al conjunto de los trabajadores afectados por el frenazo productivo. El anuncio del gobierno de un subsidio al seguro de cesantía para los trabajadores que tienen un contrato laboral y que cuentan con recursos en los fondos de pensiones no incluye a los trabajadores por cuenta propia que son los más vulnerables a los impactos del Covid-19, lo que hace necesario establecer un ingreso básico universal temporal mientras dure la pandemia, en un monto que ayude en forma suficiente a estos trabajadores y familias que están perdiendo sus fuentes de trabajo.
En este momento extraordinario se justifica plenamente que se garanticen los ingresos de las personas mediante ayudas directas y que no sea a través de créditos o exclusivamente mediante postergaciones de pagos de los servicios básicos. Los ingresos de hoy y de mañana son un tema esencial para borrar los nubarrones que trae la pandemia. Hay que planear desde ya un plan de reactivación sostenible, innovador, equitativo y orientado a generar valor que se quede en la estructura productiva del país y reformar los problemas de mala gestión e inequidad tributaria, como también el desplazamiento industrial que se ha promovido hacia algunos territorios (zonas de sacrificio) que los datos indican que ha contribuido aumentar la contaminación exponencialmente en localidades como Quintero.
Una gran dificultad resulta del hecho que las medidas que se requieren son las opuestas a las convicciones y preferencias de este gobierno. No son el mercado, las AFP o las Isapres que pueden aportar a resolver la crisis. Es, por el contrario, la hora de los Estados, de las intervenciones públicas masivas, de la redefinición de las reglas fiscales y monetarias para enfrentar la emergencia; cerrar cuanto se pueda la brecha de ingresos y salvaguardar el tejido productivo y los empleos. Lo que antes se podía presentar como convicciones constituyen hoy prejuicios que pueden costar muy caro.
Recientemente, el periódico The Economist en su edición del 12 de marzo 2020 recomienda cambiar el actual modelo económico chileno (Remodelling the model) para salir de la crisis social y política, puntualizando la necesidad de tener “un mejor sistema de pensiones, un sistema universal de salud pública, abolir las isapres y aumentar los impuestos que alcanzan sólo un 20 por ciento del PIB». El semanario agrega que una nueva Constitución “es la vía para sacar a Chile de su laberinto».
No obstante, todavía muchos chicagos boys siguen diciendo que el Estado debe tener un rol limitado, circunscrito a mantener el orden público y la defensa del país y que de todo lo demás debe proveerlo el mercado. Ahora se reconoce, efectivamente, lo importante que es la salud pública y lo que significa invertir o no invertir por parte del Estado en infraestructura sanitaria y en protección social. Ya no puede dudarse que hay que cambiar porque lo público tiene que ocupar cada vez mayor espacio, pues solo desde lo público se puede garantizar la igualdad y la protección social de todas las personas. Ha quedado de manifiesto que aquellos países que tienen state capacity (el Estado funciona eficazmente) han podido reaccionar mejor frente al coronavirus.
Así que es el momento de pensar de reformar el Estado, junto con el sistema de protección social tanto en términos de garantía de ingresos como de hacer una apuesta fuerte por servicios públicos que permitan resolver las necesidades de una manera que no sea comprando, mercantilizando. Se evidencia que cada persona sola no es suficiente y que se necesitan redes. Visibilizar esa interdependencia permitirá un avance civilizatorio.
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