Pero no todo es filantropía ni bien público, también hay donaciones abiertamente tendientes a objetivos comerciales o políticos, como los visitadores médicos y sus muestras gratis , o el pago de la “canela” a los empleados de farmacias y, en una escala mucho mayor, las donaciones a las campañas políticas y a los partidos.
Hay una expresión popular que dice “uno nunca termina de aprender” y es lo que pasa al recorrer algunas partes del laberinto de los Fondos Concursables, subvenciones, bancos de proyectos y otros.
Esto ocurre porque en las organizaciones sociales hemos empezado a preocuparnos de buscar financiamiento, para distintas iniciativas y no siempre se puede depender de una sola fuente.
La asociatividad que viene de los tiempos de las sociedades de socorros mutuos, sindicatos y otras parecidas, derivaron en que algunas organizaciones obtienen hoy subvenciones del Estado (como los Bomberos), otras se financian sólo con los aportes de sus socios y otras obtienen recursos mixtos, del sector público y del sector privado.
En algunas organizaciones dependemos de los Fondos de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), en otras del Fondo de Desarrollo Cultural (FONDART), o del Fondo del Consejo Nacional de Televisión y así una veintena más.
Con todo, se puede afirmar que la noción de “fondos” no es unívoca, es decir, que dicho término no apunta al mismo significado en todos los casos, desde el punto de vista jurídico administrativo y jurídico financiero. En efecto, la expresión “fondo” puede aludir a ideas afines pero con diferente significación y envergadura institucional.
Algunos son de claro fin público y social, como FONASA, otros apuntan a sectores específicos como el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT); otros creados por empresas apuntan a barrios cercanos a una mina o una industria específica para “mejorar su imagen”.
Todos estos fondos están amparados en una frondosa legislación que ha llevado a que haya verdaderos “expertos” que pueden ayudar a buscar las mejores fuentes y redactar los “mejores proyectos”.
Pero no todo es filantropía ni bien público, también hay donaciones abiertamente tendientes a objetivos comerciales o políticos, como los visitadores médicos y sus muestras gratis , o el pago de la “canela” a los empleados de farmacias y, en una escala mucho mayor, las donaciones a las campañas políticas y a los partidos.
Hace 10 años comenzó a regir una nueva ley que regula el financiamiento de las campañas políticas y el gasto electoral. Si bien la norma fue un avance al poner límites al gasto, entregar aportes fiscales para el financiamiento de las campañas y regular las donaciones privadas, su aporte a la transparencia fue mínimo. Al permitir donaciones de tres tipos: públicas, anónimas (sólo el administrador electoral conoce al donante) y reservadas (el nombre del donante es secreto), en la práctica lo que ha pasado es que el nombre de los financistas de la política permanecen en total anonimato. Informe en Ciper
El 25 de agosto de 2014 se publicó un llamado del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a inscribirse en el “catastro” creado por la ley que le dio origen y, además, presentar un proyecto a dicho Fondo. Como hace muy poco se eligió mediante participación ciudadana a los integrantes del Consejo correspondiente y existe un Reglamento que lo hace operativo, existe ahora cierta urgencia por invertir una cantidad de dinero que nunca se ha precisado en cuánto consiste.
Casi al mismo tiempo apareció en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social, por primera vez, un acabado estudio de su Registro de Donatarios, Donantes, Banco de Proyectos y destino de las donaciones sociales. No puede sino llamar la atención que las donaciones más grandes hayan sido para las Fundaciones de Beneficencia del Hogar de Cristo, Techo para Chile y Las Rosas, las que son de un claro fin social, pero al mismo tiempo, los donantes más generosos hayan sido el BBVA, Minera Los Pelambres, Anglo American Sur, Corpbanca y Sociedad Eléctrica Santiago, que seguramente obtuvieron descuentos tributarios (información)
Recientemente, un conjunto de fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil colaboró activamente en la elaboración de una propuesta legislativa orientada a crear un régimen unificado para los beneficios tributarios por donaciones efectuadas a entidades sin fines de lucro, que regule los requisitos y límites de donantes, donatarios y montos, la institucionalidad, el funcionamiento, los efectos tributarios, la contabilidad, la auditoría y la fiscalización de estas operaciones (Boletín Nº 9266-05, ingresado a la Cámara de Diputados el 6 de marzo de 2014). (1).
Ese fue uno de los últimos proyectos de ley presentados por el gobierno de Piñera, pero seguramente no será tratado hasta que se haya finiquitado la reforma tributaria y la reforma educacional. Esto al menos según la agenda del actual gobierno, que piensa seguir después con el binominal y las reformas a la Constitución. Todo ello sujeto a negociaciones entre partidos políticos.
Sin embargo, la agenda de las organizaciones sociales no tiene porque ser la misma del gobierno, ya que también nos interesa la salud, el sistema previsional y el mecanismo de la Asamblea Constituyente para escribir una nueva Constitución.
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