Si hay un concepto con buena prensa, como dicen los asesores de imagen, es el del consenso. Leer la palabra en un titular, más aún si versa sobre un tema controversial, es motivo más que suficiente para sentir satisfacción. Para creer que vamos por buen camino. Un consenso es, por definición, “un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”. ¡Qué más necesario que un acuerdo entre todos, lo que por esencia es distinto a la imposición! Por eso, para muchos debe ser extraño que diversos dirigentes sociales y políticos hablen hoy del fin de la política de los consensos, finiquito que plantean como fundamental. De paso, califican la época post dictadura como una en que se forzó la sintonía nacional, con el cuco de la ingobernabilidad, tanto por la posibilidad de no aprobar ley alguna en el Congreso como de los poderes fácticos (militares, empresariales, eclesiales), haciendo de las suyas para aguar la fiesta exitista de la transición.
En realidad, los consensos y los acuerdos son necesarios. Es a lo que se debe propender, pero siempre en un contexto donde quienes dialogan tengan un mandato real y no falseado por un sistema electoral antidemocrático, y donde las partes estén en igualdad de condiciones para negociar. Me explico. El actual Congreso Nacional, escenario por excelencia de los acuerdos, se conforma mediante los mecanismos establecidos (en términos estrictos, impuestos) por el régimen de Augusto Pinochet. Uno de ellos es el sistema binominal (entre otros amarres, como las leyes que regulan los partidos políticos y las elecciones) que permiten que, por ejemplo, hoy, en la Cámara Baja, la Unión Demócrata Independiente, con un 22,3% de los votos, tenga 39 de los 120 diputados, es decir, un 32,5 %. Esto ocurre porque el sistema binominal obliga a la lista más votada a doblar a la que le sigue (independiente de que individualmente cada uno de los dos candidatos de la primera superen a sus contendores de la siguiente) para obtener los dos escaños. En la práctica, una lista que obtenga el 34 % de los votos alcanzará en el Congreso (y en su posibilidad de cambiar la Constitución, aprobar o rechazar leyes, y nominar a los integrantes de importantes instituciones del Estado) la misma representación parlamentaria que una que logre el 66 %.
El principal argumento de quienes defienden este sistema es la gobernabilidad; ello obliga a quienes quieran integrarse efectivamente al Parlamento a aliarse con uno de los dos bloques mayoritarios, porque de otra forma se es un paria del sistema político real. Excepciones hay, como el senador independiente Carlos Bianchi. Pero tan difícil es que ocurra, que siguen siendo eso, excepciones. La pregunta que alguien se podría hacer es, al carecer este sistema del sentido de mandato popular efectivo, ¿por qué no lo han cambiado? Simple, porque para modificarlo es necesario contar con el quórum máximo: tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio. Y mientras no tengamos otro mecanismo, seguiremos con un Parlamento antidemocrático, que mantendrá el sistema y así hasta el fin de los tiempos…quisieran.
Y aunque en ocasiones también han sido beneficiados candidatos que no son de la Alianza (como el ex PPD René Alinco, que en la última elección salió tercero, luego de David Sandoval y Pablo Galilea), lo concreto es que estamos políticamente secuestrados por dos conglomerados, donde uno incluso tiene más parlamentarios que votos. El sistema binominal es injustamente coherente con la política de los consensos. Esto, debido a que es obvio que a quienes se benefician o están de acuerdo con las leyes tal cual salieron del horno del gobierno de Pinochet (muchas veces incluso han participado en su redacción) les acomoda mantenerlas. El consenso obligado agrega a su sobrerrepresentación el derecho a veto. La consigna es que mientras no estemos todos de acuerdo, no hay cambios. Y, aunque lleguen a ser minoría, como se requiere la venia de todos para avanzar, al final no se da paso alguno. Lo hemos visto en múltiples situaciones: las leyes electorales, la descentralización y democratización, las leyes en salud, educación, previsión, los códigos de agua, eléctrico, minero, la regulación del mercado y las prácticas del gran empresariado. Qué mejor ejemplo que la propia Constitución.
Seguir hoy buscando consensos con quienes quieren sólo cambios cosméticos y no de fondo, significará postergar indefinidamente lo quela ciudadanía exige en la calle porque los pasillos del Parlamento le son ajenos.
Por eso, cada vez que lea en un titular la palabra consenso, desconfíe. No vaya a ser un acuerdo con pies de barro, que cambiará la fachada, mas no la esencia de este modelo de sociedad que de alguna forma hay que cambiar. De alguna.
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psegura
Acertado comentario. Aunque profundicé en el binominal, ejemplo del espíritu de los consensos en pro de la gobernabilidad (aunque sea menos democrático que otros mecanismos), esto debe ir de la mano con reformas políticas importantes: un caso es la Ley de Partidos Políticos que presenta serias trabas de ingreso para, por ejemplo, crear colectividades regionales es imposible, y la única figura que acomoda es la de tres regiones contiguas. El sistema actual, en el fondo, pone más escollos que facilidades a la participación política. Y sobre los consensos, el entramado institucional que es difícil de modificar… precisamente por su entramado institucional está cooptado por una minoría, lo cual es siempre sano y necesario discutir. Saludos.
Claudio
Invito al autor a que estudie los modelos alternativos y más que entregar una nueva columna adicional con argumento muy copiados en contra del binominal, analize las propuestas alternativas que andan rondando y algún otro modelo que aplique otro pais.
Pegarle al binominal es asunto trillado, valor agregado daría analizar concienzudamente las alternativas ejemplo, el famoso ejemplo del 66/33 que se entrega una y otra vez, es basarse en algo que matematicamente es posible pero que en la práctica prácticamente no se da. Ese ejemplo es tan absurdo como decir imaginese en un sistema alternativo simple en donde ganan los dos primeros candidatos de cada distrito y uno gana con el 90 y el segundo gana con el 10, resulta que el cuando estos diputados esten en el congreso pesarán exactamente lo mismo osea el 90= 10. ,matemáticamente se puede dar pero en la práctica sería tan absurdo como el repetido argumento del 66/33. Lo mismo, comparar la proporcion de diputados de un determinado partido con respecto a sus votos totales es no entender nada de como funciona el sistema, el sistema opera con A L I A N Z A S, por tanto siempre que operen alianzas esa comparación dará datos distorsionados. Aviso para el autor, las dos alternativas que se discuten en el congreso no eliminan el concepto de alianza, y de aprobarse cualquiera de las dos matematicamente se van a seguir dando distorsiones de todo tipo, esto por que mantienen el concepto de ALIANZA. Invito al autor a un debate serio en base a propuestas alternativas y no ha copiar pegar argumentos archirepetidos que no generan valor agregado al debate.