A nivel internacional el binominal ha sido cuestionado por su incapacidad de garantizar derechos fundamentales para las mujeres, en particular, derechos civiles y políticos como es ser elegidas y tomar parte de las decisiones públicas.
Diversos sectores políticos han puesto sobre la mesa sus fórmulas para reformar el sistema binominal, bajo la premisa indiscutible de que éste distorsiona la representación y carece de legitimidad.
Todas las propuestas, incluido el acuerdo recientemente anunciado, declaran que se pretende dar mayor representatividad al Congreso, más competencia a la elección y renovación política.
Así lo ha demandado la ciudadanía que ve el binominal como fiel reflejo de las prácticas que han comprometido la calidad de la democracia, alejando a los votantes de los procesos eleccionarios y marcando distancia con la clase política.
Pero a la fecha las fórmulas siguen fundamentalmente circunscritas a los criterios partidistas y no a abrir reales espacios de participación y representatividad. Esto es, que la reforma no sólo busque incluir a los terceros partidos (los minoritarios), sino que a toda la diversidad que compone nuestra sociedad, especialmente las mujeres.
A nivel internacional el binominal ha sido cuestionado por su incapacidad de garantizar derechos fundamentales para las mujeres, en particular, derechos civiles y políticos como es ser elegidas y tomar parte de las decisiones públicas.
Hasta ahora no se consideran estos criterios en su real sentido. Los arreglos que se proponen no significarán cambios sustantivos que permitan un Congreso plural y representativo, porque modifican aspectos del binominal que apuntan a que éste disminuya el efecto mayoritario que se le critica, pero no avanzan hacia una proporcionalidad efectiva.
Los países que han logrado superar la barrera del 30% de mujeres en sus parlamentos tienen sistemas electorales propocionales o mixtos. Ellos presentan mayores magnitudes de distrito, lo que deriva en mayores magnitudes de partidos, incidiendo en la estrategia del partido al definir las candidaturas. Cuando la magnitud del distrito aumenta, las posibilidades de acceder a más escaños dentro del mismo son mayores y aumentan las posibilidades de integrar a mujeres. Por tanto, el diseño de la reforma en discusión no es inocente. Recordemos que desde 1953 a 1973, de los 888 diputados electos en Chile, 41 fueron mujeres y 40 de ellas elegidas en distritos con magnitud mayor a 5.
Aunque el sistema electoral es clave para avanzar hacia una democracia representativa y paritaria, no lo resuelve todo. Un problema adicional son los procesos de nominación de los partidos. Para romper la barrera histórica del 20% de mujeres candidatas desde 1990, la reforma en discusión debe incluir un mecanismo de acción positiva que obligue a los partidos a presentar listas equilibradas en términos de género.
En 2012 el comité CEDAW (ONU) exhortó al Estado de Chile a “tomar las medidas necesarias para reformar el sistema binominal”, y “medidas temporales para acelerar la plena e igual participación de mujeres en la vida pública y política”.
No incorporar la perspectiva de género en esta reforma –tal como sucedió en la Ley de Primarias-, ni dar al problema de la subrepresentación femenina su real dimensión, es acometer cambios al sistema político a espaldas de una ciudadanía que apoya mayoritariamente la participación igualitaria.
Que en esta elección sólo compita un 19% de mujeres al Congreso frente a un 81% de hombres habla de la necesidad de hacer transformaciones de fondo. Aquí definitivamente falta la otra mitad.
* Columna escrita por Esperanza Cueto, Presidenta de Comunidad Mujer, y Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas, originalmente publicada en La Tercera.
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