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Beyer, Provoste y el país que yo quiero

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Y ahora, mejor volvamos a lo que todos, desde distintas miradas, supongo que queremos. Que se haga cumplir la ley en serio, para evitar abusos en el empleo de nuestros impuestos que han permitido un enriquecimiento (ilegal y a costa de mejoras ausentes por la ausencia –valga la redundancia- de tales recursos) tanto por el lucro en la educación, como por la estafa legal que siguen siendo cada día las AFP, y la dramática discriminación social que significa el actual sistema de las Isapres.

Ayer se resolvió la acusación constitucional contra el ex ministro Harald Beyer. A partir de ahí, como era de esperarse, se han multiplicado las expresiones de quienes adhieren al actual gobierno, denostando a los que aprobaron dicha acusación y, a la vez, ensalzando al ministro destituido. De alguna forma, un perfecto déjà vu, de lo que ocurrió en su oportunidad con Yasna Provoste, paradojalmente, también en su rol de ministra de Educación. Incluso, el presidente Piñera, criticando abiertamente la decisión soberana de otro poder del Estado, asunto particularmente dañino para cualquier democracia.

Por mi parte, estaba de acuerdo con la acusación. Estoy convencido que el ex ministro Beyer no hizo nada, por iniciativa propia, para enfrentar el flagelo del lucro ilegal (de parte de empresas legalmente constituidas como “sin fines de lucro”) pese a la diversidad de antecedentes que tuvo a mano, de muy diverso origen, todos claramente serios, respetables y creíbles (gran diferencia respecto de los ministros antecesores). Sin embargo, me parece que la sanción que corresponde en este caso (cinco años de muerte civil como se ha graficado en múltiples tribunas) es terrible. Y esto sí que se debe corregir con urgencia.

Tanto Provoste, como ahora Beyer, han “pagado” los costos del “ingenio” chileno para burlarse de la norma. Hoy, Fernando Paulsen, en radio ADN recordaba que en el gobierno de la Unidad Popular, cuando la oposición acusaba “exitosamente”a un ministro, Salvador Allende simplemente hacía enroques y los cambiaba de su cartera ministerial a otra. Y eso no ocurrió una vez, sino varias. Ante ello, la norma se cambió en los términos en que está ahora. Estas son las consecuencias del pseudo ingenio chileno. La derecha chilena, pese a saber lo draconiana de la sanción, no tuvo recelo alguno para aplicarla a Yasna Provoste. Con ello legitimó en la práctica la pena aplicable.

Ya lo dije, estaba de acuerdo con la acusación a Beyer, pero el castigo que se comienza a cumplir hoy me parece que debe avergonzarnos a todos. Ni Beyer, ni Provoste, han sido delincuentes. Por el contrario, en ambos casos, se trata de personas honestas que, con el mejor de sus esfuerzos (supongo) se esmeraron por cumplir las directrices del gobierno que lo y la habían puesto a la cabeza de un asunto tan vital como el aire, para el desarrollo en equidad de nuestro país: la educación. Podemos estar o no de acuerdo con el enfoque político de cada uno, como de cada gobierno (parte vital de la democracia), pero las sanciones políticas no pueden ser del mismo tipo que las sanciones penales. Son mundos distintos. No corresponde. Me opongo.

Esperemos que no nos vayamos a tropezar por tercera vez con la misma piedra.

Y ahora, mejor volvamos a lo que todos, desde distintas miradas, supongo que queremos. Que se haga cumplir la ley en serio, para evitar abusos en el empleo de nuestros impuestos que han permitido un enriquecimiento (ilegal y a costa de mejoras ausentes por la ausencia –valga la redundancia- de tales recursos) tanto por el lucro en la educación, como por la estafa legal que siguen siendo cada día las AFP, y la dramática discriminación social que significa el actual sistema de las Isapres. En estos casos, sí que estaría de acuerdo con que terminen en la cárcel quienes se han hecho multimillonarios usufructuando de nuestro dinero, nuestra salud y el imperdonable abandono económico de nuestros ancianos.

A los ministros que no se enfoquen en esto, los acusaría constitucionalmente. Espero por lo mismo, que se cambie pronto la sanción política aplicable.

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Comentarios

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Aurora Badillo Tello

18 de abril

Mmm complejo, por sobretodo si pensamos que ya existía un antecedente. Creo que en este país no está la visión de que los políticos pueden cometer un error en sus cargos, ya que aguantamos y toleramos mucho y mucho tiempo. Al respecto, por ende, no se ha legislado, entendiendo que las penas debieran ser diferentes en uno y otro caso, y entendiendo también que no pueden quedar exentos de sanción.

18 de abril

¿Democracia?… ¿Cualquier democracia?…

¿Cuál democracia?…

¿Parece la política nacional una casa ordenada por «directrices de la democracia»?…

Si existiera democracia, ¿por qué la ciudadanía marcha como esclavos en las calles?…

Si no existe democracia, lo que existe es una mafia política financiada por una mafia económica en donde cualquier cosa puede pasar, por lo tanto,

así como pasa de todo en una cancha de fútbol y se dice de ello: «cosas del fútbol»

así, respecto de la política, debe decirse: «cosas de la política», «cosas que pasan precisamente en ausencia de la democracia»…

Repite, ‘esclavo’: «No existe democracia en Chile», así es que, no importando al maniquí de turno que está en el MiSterio de Educación, la educación es un negocio y la mafia lo defenderá hasta el día en que le terminemos de quitar el negocio con nuestro descontento, destituyendo a tantos maniquíes ministros como lleguen a esa cartera, sin hacer la pega…

No te molestes en agradecerme el que te haya abierto los ojos…

🙂

Guillermo Ceverio

18 de abril

Creo que nunca se le trató de delincuente, solo que no hizo la pega que le correspondía, y Quiero solamente recordar, que los empleados públicos están regidos por el Estatuto Administrativo y en el cual existe entre otras la sanción de destitución y por menos, son destituidos e impedidos por 5 años a cargos públicos, así que creo que debe existir, pero con las mismas sanciones que tiene el Estatuto Administrativo, dependiendo el grado de la falta.

19 de abril

Aurora: Coincido contigo en que hay un exceso de tolerancia con diputados y senadores, lo que ha relajado al extremo el asunto y, hoy por hoy, cualquiera siente tener los méritos para ser elegido. Lo lamentable es que, efectivamente, se elige a cualquiera. Gracias por tu tiempo.

Peón: Acogeré tu petición: Paso.

Guillermo: La referencia a la expresión «delincuente» fue una licencia que me di para ejemplificar que la sanción aplicada es del tipo penal. Tengo claro que nadie calificó a Beyer como tal y, por cuerto, yo no lo haría. Respecto del Estatuto Administrativo, tienes razón. De hecho, la destitución es aún más grave porque, luego de concluido el periodo de «exclusión», para que pueda reinsertarse en el sector público, se requiere de un indulto presidencial. Con todo, en este caso, son muchas las instancias, incluida la Toma de Razón de la CGR, para que se de a firme tal sanción así de demoledora. Te agradezco tu comentario,

Maria perez

20 de abril

El estatuto administrativo contempla igual sanción para destitución de un funcionario publico
Las faltasde un funcionario común y corriente no tienen la envergadura de las cometidas. Por autoridades sujetos de acusación constitucional
Nadie escribe, entrevista ni presenta proyectos de ley para modificar el estatuto administrativo , obvio afecta a gente sin poder, gente que no le interesa a los medios ni a políticos
Si modifican los 5 años por acusación constitucional, por un mínimo de congruencia,equidad, proporcionalidad deben modificar la del estatuto administrativo , ya que sino estaríamos ante normas discriminatorias e inconstitucionales.
Pero esta situación del estatuto administrativo no se lo plantea a nadie, y afecta a muchos mas que las acusaciones constitucionales,

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