Para construir y ejecutar un período de gobierno, en democracia, se pueden utilizar diferentes métodos, el de la administración es uno posible, con sus clásicos procesos de Planificación (escenarios, misión, objetivos, estrategias, planes, programas, plazos, etapas, recursos y otros), Organización, Dirección y Control que determinan: 1. Los objetivos a obtener, 2.- Los recursos y talentos humanos necesarios y disponibles, 4.- Los procesos y 5.- Los resultados o productos a obtener y que permiten comparar los objetivos esperados con los logros y, así, evaluar objetivamente la calidad del gobierno de turno y asismismo su performance económica ex antes ex post.
Desde hace años que venimos pidiendo a lo(a)s candidato(a)s a la Presidencia presentar su proyecto y programa integral para el país y cada región de que explique, según el método indicado, u otro alternativo coherente: sus objetivos, los recursos disponibles y requeridos para llevarlo adelante y los resultados concretos que se pretende obtener al final de su período. Estas definiciones son de alto impacto ecónomico y facilitan la toma de decisiones de los actores.
En la última elección, nuevamente esta petición no tuvo buena acogida “por los candidatos y candidatas” y sólo se obtuvo conjuntos o listados de acciones, medidas, o propósitos muy generales, y definiciones genéricas de «avanzar», «profundizar», «reformar», «no al…» o «si al…» etc. cuya interconexión no estaba precisada y, por lo mismo, no era posible anticipar explícitamente los logros al final de los 4 años. Se argumentó por algunos interpelados que no era necesario tener un plan para un nuevo gobierno porque a nadie le interesaba conocer los programas y/o que la gente no los leía. Por tanto hoy no tenemos claridad sobre: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Donde? ¿Quién?
Un Programa de Gobierno futuro que no considere con la debida anticipación los recursos humanos, financieros y materiales que dispondrá para cumplir sus promesas estará sujeto a cometer muchos errores: invertirá tiempo en sopesar el realismo de las ofertas previamente realizadas, en construir agendas -cortas y largas- para problemas que son de antigua data (educación, vivienda, tributos, energía, transporte, vida saludable, previsión, relaciones con países vecinos, igualdad, criminalidad, justicia para todos, comunicaciones, pueblos originarios, descontaminación, modernización del Estado en sus tres poderes, constitución, etc.), llegará a metas incoherentes de dudosa calidad, forzará la interconexión de los logros, e improvisará en las personas y en los procesos utilizados. Esto se corrobora con la urgencia que se encaran los procesos legislativos, con escasa discusión, que probablemente significa proyectos incompletos, con errores que se tienen que enmendar en cuanto se empiezan a aplicar, creado una imagen de ineficiencia y aumentando el costo para el país.
Al terminar este 2014 se espera resultados poco alentadores en PIB, IPC, Inversión e Innovación, Ahorro (a pesar de un semestre de TPM negativa) y un aumento de impuestos a toda la población. Estos resultados no se podrán comparar con los planes del gobierno para el año pues los resultados predeterminados para esta etapa: no existen. Y tal vez ocurra lo mismo cuando se quiera evaluar, en marzo de 2018, los logros del gobierno con las promesas realizadas el 2013. Es decir los resultados podrían ser calificados de excelentes o de pésimos según el gusto de quién opine, al no existir bases objetivas para una comparación ex ante, ex post. Tampoco se podrá aprender y sacar lecciones sobre las causales de las desviaciones y brechas entre lo real y lo planificado para los nuevos gobernantes, y así reducir o evitar incurrir en esos errores.
Bajo estas circunstancias, se estima que los resultados a obtener a marzo de 2018 serán una sorpresa, que subjetivamente tal vez agrade a algunas personas y desagrade a otras, según sus ideologías o anhelos, pero que no darán muchas luces a la comunidad nacional,
Bajo estas circunstancias, se estima que los resultados a obtener a marzo de 2018 serán una sorpresa, que subjetivamente tal vez agrade a algunas personas y desagrade a otras, según sus ideologías o anhelos, pero que no darán muchas luces a la comunidad nacional, que verá un proceso de desarrollo y de igualdad imposible de evaluar objetivamente en sus progresos, comunidad que deseará que quién gobierne entre el 2018 y el 2022 tenga un Programa coherente y efectivo de gobierno y acorde a las innovadoras tendencias del milenio que hemos enunciado en columnas anteriores.
Es por eso que, con la debida anticipación pedimos nuevamente – y con tiempo suficiente – a todos los presidenciables 2018 – 2022 que elijan el método que utilizarán para su plan de gobierno y de control y que empiecen desde ya a relatarlo. De manera que en el segundo semestre del 2017 los votantes podrán elegir en las urnas, tomando como base el Programa de cada candidato(a): los resultados y metas, los recursos requeridos y disponibles y la coherencia entre los diferentes logros, que mejor les representa. Proponemos asimismo un formato itemizado común de: Bases del Plan y Programa de Gobierno a registrarse en el Servel al momento de inscribir las candidaturas, que después la Contraloría General de la República audite para informar a los ciudadanos el grado de cumplimiento del programa, como balance final para juicio de la ciudadanía, junto a otras consideraciones políticas y sensibilidades.
Desde luego hay múltiples competencias en la industria de la consultoría y otras organizaciones e instituciones disponibles en Chile para apoyar estos procesos de planificación estratégica y operacional y la experiencia valiosa de ciudadanos bien dispuestos a colaborar en la aplicación de este u otro método, para elaborar las Bases del Plan y Programa de Gobiernos para el 2018-2022, que concite un interés mayoritarios de la ciudadanía de nuestro estado nación al inicio del tercer milenio de Chile.
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