Toda política criminal siempre va acompañada de una política de información que busca crear y reforzar un imaginario colectivo que explique esas maneras inaceptables de comportarse como expresión del mal, desvío de la conducta, falta de educación y valores, mala voluntad y pereza, etc.
En seguridad ciudadana o política criminal dos son las poblaciones a controlar, los pobres y los jóvenes, ya que estos son los que más delinquen por razones obvias, son los que tienen más carencias y menos oportunidades, para controlarlos no hay como una política criminal de control de drogas. Si bien, el motivo de tanta violencia ligada a la guerra contra las drogas es la protección de la salud, sobre todo de los jóvenes, lo cierto es que los gastos en la represión multiplica por diez a los gastos para prevención y atención sanitaria en drogas, incluso los gastos en prevención, consistentes en grandes campañas publicitarias son mayores que los sanitarios, pero tienen la ventaja de asustar y azuzar a la población en contra de las drogas, de quienes las provean y de quienes las usan.
Toda política criminal siempre va acompañada de una política de información que busca crear y reforzar un imaginario colectivo que explique esas maneras inaceptables de comportarse como expresión del mal, desvío de la conducta, falta de educación y valores, mala voluntad y pereza, etc. Lo cual así justifica un tratamiento represivo y punitivo de asunto, llamado retributivo o premial de la delincuencia y el crimen. La publicidad de la política criminal es esencial a su eficacia política, ya que la supuesta promesa penal de la prevención general que disuadiría a la gente de delinquir, y la prevención especial que le impediría a los delincuentes hacer sus fechorías poniéndolos en la cárcel es casi falsa o al menos exigua, pues más del 95% de los hechos delictivos denunciados no tienen sancionado alguno.
La publicidad de la política criminal tiene la ventaja de contar con una demanda social de información sobre el delito y el crimen, la que por lo mismo ocupa los mejores minutos de la información televisiva, de la radiofonía y genera periódicos especializados de gran venta y fama, lo que se justifica con “el morbo” de la población.
Cierto es que morbosos hay, pero el interés de la población por la información criminal es el natural deseo de reconocer e identificar las señales de peligro de su presencia o eventualidad. Un fenómeno similar es el que aconteció con el cuarenta aniversario del golpe militar de 1973 y su secuela de atrocidades en contra de los derechos humanos, bastó que un programa de televisión “destapara morbosamente” los horrores del gobierno militar para que su éxito de audiencia contagiara en competencia a los otros canales, radios y periódicos, la población quería conocer las señales que identifican el horror desde las instituciones del Estado en contra de seres humanos inermes, esto es precisamente el terrorismo.
El asunto fue magistralmente zanjado por el Presidente Piñera denunciando a los cómplices pasivos de esos horrores y cerrando la cárcel dorada –Punta Peuco- donde cumplían sus penas algunos de los criminales sancionados por esos hechos.
El Gobierno saliente que iba a parar en seco la puerta giratoria se pilló los dedos en el intento. El gobierno de Piñera tuvo en seguridad ciudadana un desempeño discreto medido en términos de victimización y temor. Según las encuestas del INE la delincuencia disminuyó ostensiblemente entre 2009 y 2012 de una victimización personal de 11,9% a 8,5%, no obstante el índice de temor fue muy alto y pasó de 38,9% a 40,2% en igual período.
Según las encuesta de Paz Ciudadana y Adimark, con otras metodologías, el gobierno de Piñera había recibido del gobierno anterior la victimización de los hogares en 33,0%, en 2011 se produjo un alza a 39,3%, entre 2012 y 2013 las cosas iban mejor, ya que se había logrado bajar la victimización al 37,6%, pero al terminar el gobierno, sorpresivamente el índice de victimización al hogar subió a 40,2%, no obstante, paradoja de paradojas, el índice de alto temor disminuyó de 16,0% en 2011 a 11,6% al terminar 2013. Este hecho deja en claro que la sensación de temor no depende tanto de la experiencia de la población, de la percepción objetiva del delito, sino de la manipulación mediática y experta que se hace con ella que construye – el constructo- la percepción subjetiva del delito y el temor a él.
En drogas el éxito del Gobierno saliente no está ni en el número de prevenidos ni en el número de usuarios atendidos en sus necesidades, aquí el éxito está en la eficacia del sistema penal. El número de detenidos por infracción a la ley de drogas fueron más de 85.000, el 55% de todos los detenidos por todos los delitos en el país, de los cuales más 73.000 son llevados a proceso –el delito que más resuelven los tribunales-, de ellos más 54.000 por porte y consumo de drogas, lo cual es sólo una falta.
Mientras que el delito que más denuncias tiene, el robo con fuerza – más de 220.000- solo tiene 19.436 detenidos.
Los presumibles impactos del control a la oferta al consumo de drogas no son tales, ya que según SENDA el consumo anual de marihuana creció de 4,6% a 7,1% entre 2010 y 2012, el de cocaína de también creció de 0,7% a 0,9%, el de pasta base de cocaína se mantuvo en 0,4% y el de alcohol prácticamente también se mantuvo entre 40,5% a 40,8%.
El bochornoso y paradojal resultado final del gobierno de Piñera en seguridad ciudadana debe haber sido determinante en que el programa de la Nueva Mayoría poco se ha ocupado de delincuencia y drogas, donde sus propuestas son ambiguas y pobres, lo destacable para seguridad ciudadana es más carabineros y detectives, en drogas la preocupante propuesta de “1.000 liceos libres de drogas”, que se puede convertir en una cacería de escolares microtraficantes.
Dejamos para marzo el análisis de las alternativas que en estos asuntos tiene el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
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Foto: Ministerio Secretaria General de Gobierno / Licencia CC
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