La discusión sobre el reajuste está centrada en el incremento escalonado. Hay funcionarios que ganan entre 300 mil y 500 mil pesos, para ellos el reajuste será de 2.500 pesos, mientras que para los parlamentarios, ministros o subsecretarios, será de entre 300 y 500 mil pesos.
La controversia la agudizó el diputado Giorgio Jackson quien ingresó una indicación en la Cámara de Diputados que pedía “reajuste escalonado”, la que fue declarada inadmisible por inconstitucionalidad, ya que la indicación era “iniciativa exclusiva del Ejecutivo”.
En el Senado, uno de los parlamentarios que votó en contra del reajuste fue el senador Alejandro Navarro, quien planteó como argumento de fondo que el mecanismo de cálculo está obsoleto y que el sistema legislativo no permite a los parlamentarios modificarlo, debido al sistema “presidencialista monárquico”, permitiendo sólo que lo cambie el poder ejecutivo. Por tanto, la pelota estaría en La Moneda.…existen numerosos precedentes en donde el Congreso ha hecho uso de esta facultad, rechazando o disminuyendo gastos propuestos por el Presidente.
Las portadas de los principales diarios del país publicaron los rostros de los diputados «que se subieron el sueldo», pese a que la indicación fue declarada inconstitucional. No obstante, el diputado Jackson argumentó en favor de la constitucionalidad de esta indicación argumentando que “no se estaba fijando, modificando, concediendo o aumentando remuneraciones: se está manteniendo el status quo al respecto, evitando que se legisle para modificarlo”. Y, por otro lado, que “no se está interviniendo en la administración financiera (que tiene que ver con la obtención, distribución y control de los fondos públicos) ni en la administración presupuestaria (que es el que asigna prioridades y montos globales mediante la ley de presupuesto y leyes específicas)”.
Según la legislación vigente sólo son de iniciativa exclusiva, en lo que se refiere a este problema “(a) fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados”, (b) aquellas que incidan en la administración financiera y presupuestaria del Estado”.
Por otra parte, Jackson argumentó que “la ley orgánica del Congreso Nacional consagra expresamente (Art.24, inciso tercero) que son admisibles las indicaciones que tengan por objeto aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que haya propuesto el Presidente de la República”. Por lo tanto, en este caso la indicación correspondería a un rechazo o disminución de un gasto propuesto la Presidenta de la República, lo que sería constitucional. Además, la indicación indica que existen numerosos precedentes en donde el Congreso ha hecho uso de esta facultad, rechazando o disminuyendo gastos propuestos por el Presidente.
Finalmente, el resultado de la votación terminó con 54 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones, aprobando el reajuste y rechazando la indicación.
La legitimidad de los políticos en Chile –cada vez más menguada por situaciones como ésta- ratificada por la cada vez más baja participación electoral, es preocupante. Un sistema democrático sin participación popular no tiene sentido, necesita de ella para asegurar gobernabilidad, legitimidad y un ágil funcionamiento institucional.
La institucionalidad «Congreso», se sigue deslegitimando, sin que haya señales claras por parte de sus miembros de revertir esta situación. La última encuesta UDP mostró que sólo el 4% de la gente confía en los parlamentarios. Entonces surge la pregunta: ¿Hasta dónde se agudizará la crisis institucional?
A la larga, si este fenómeno va en aumento, la tarea de gobernar y de formar gobiernos “democráticamente”, se convertirá en una cuestión difícil por estos lados, a no ser que haya un cambio radical de sistema, un nuevo pacto social que termine con la “monarquía presidencial”. En definitiva, una nueva Constitución que nos permita determinar entre todos que tipo de legislación queremos.
Comentarios
29 de noviembre
La solucion podria se desligarse de los porcentajes. ¿Por que el sueldo sube en un porcentaje, y no en una cifra? Si se subiera 50 lucas a todos, el señor que gana 350 quedaria en 400 y el diputado de 8 palos en 8.050…mucho mas justo.
+1
09 de abril
Esta clarito que la Constitución, mantiene el presidencialismo, y que el Legislativo no va a emprender mociones como esta. La única herramienta es luchar a través de la movilización popular el cambio de Constitución. Donde se consagre la justicia popular y la igualdad económica para l@s ciudadan@s.
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