Las masas se tomarán las calles. La tierra y los bienes serán expropiados. El pueblo arrasará con los principales signos de civilización y modernidad que ha costado tanto esfuerzo construir. Los comunistas y su lucha de clases volverán al poder conduciéndonos inexorablemente hacia el camino que emprendió Venezuela, Bolivia y Ecuador. Se viene el cuco.
Esta caricatura es muy efectiva y permea el discurso público. Andrés Allamand dijo que una asamblea constituyente provocaría un vacío institucional. Pablo Longueira señaló que las experiencias de Bolivia y Ecuador no justificaban que nuestro país se embarcara en ese camino. En la otra vereda, el senador Camilo Escalona sostuvo que Chile no enfrentaba una crisis institucional como la que vivió Venezuela o Bolivia que justificara convocar una asamblea constituyente. El ex embajador Enrique Krauss indicó que aquello sería una pérdida de tiempo y que era mejor preocuparse de resolver los problemas concretos de la gente. Y Sebastián Edwards plantea que el asambleísmo constitucional ha generado constituciones tipo frankenstein.
Pero, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a una Asamblea Constituyente? En realidad, debemos desdramatizar el tema. Una Convención o Asamblea Constituyente no es otra cosa que una institución, un conjunto de personas que bajo reglas conocidas y en un plazo acotado de tiempo se reúne para establecer una nueva carta magna. Así de simple.
En más de una treintena de países del mundo se han desarrollado convenciones constituyentes. En algunos casos han respondido a crisis políticas (Bolivia o Ecuador), pero en otros casos la sobrevivencia del sistema político no ha estado en juego (Brasil o Argentina). En algunos casos es el producto de un acuerdo de los actores políticos, y en otros casos ha sido producto de la presión de grupos organizados de la sociedad (Colombia). Ha permitido la concentración de poder en el Ejecutivo (Venezuela), o ha promovido precisamente un mejor equilibrio de poderes (Estados Unidos, Colombia). A veces es la ciudadanía la que directamente elige delegados que redactarán una Constitución, en ocasiones han sido mecanismos de selección indirecta, y en otros se acude a fórmulas mixtas para seleccionar a los asambleístas.
Pero donde la gran mayoría de estos procesos coinciden es en lo siguiente: 1) la legitimidad del proceso dependerá del grado de inclusión de las diferentes sectores de la sociedad en esta Asamblea, 2) se definen plazos acotados para la discusión y aprobación del texto, 3) la Asamblea tendrá un número relativamente reducido de integrantes (100 a 300 asambleístas), 4) esta Convención deberá auto disolverse luego de proponer el texto constitucional definitivo, 5) el texto propuesto se somete a plebiscito ciudadano para su ratificación, 6) mientras el nuevo texto es discutido, se convive con la norma constitucional vigente para garantizar la continuidad institucional, y 7) una vez aprobada la nueva constitución se convoca a elecciones generales para iniciar el nuevo ciclo político.
Inclusión, participación y certidumbre legal son tres claves que darían legitimidad al proceso. Si se excluye, por ejemplo, a un grupo significativo de la sociedad se corre el riesgo de hacerlo fracasar. Si las reglas del juego cambian durante el debate constitucional también se afectaría el resultado. Un debate bien conducido podría incluso tener la virtud de marcar a una generación entera que se haría partícipe directa o indirectamente de la discusión.
El caso de Colombia convendría ser destacado. Fue un grupo de estudiantes de derecho quienes incentivaron un movimiento por una Asamblea Constituyente. Fue tan efectiva su demostración (por la vía de usar la papeleta en las urnas) que los actores políticos se vieron forzados a establecer una nueva Constitución. La ciudadanía escogió 70 asambleístas con derecho a voto, quienes debatieron un nuevo texto por cinco meses y al cabo de ello fue aprobado por la ciudadanía mediante plebiscito. Esta constitución es hoy admirada por muchas naciones, no hubo caos en el proceso, y tampoco Colombia se convirtió en una república chavista.
No habrá vacío institucional. No habrá caos. Tampoco se volcarán las masas a destruir la modernidad. Podría perfectamente suceder lo contrario: una sociedad que se siente más identificada con sus instituciones y democracia.
No habrá vacío institucional. No habrá caos. Tampoco se volcarán las masas a destruir la modernidad. Podría perfectamente suceder lo contrario: una sociedad que se siente más identificada con sus instituciones y democracia.
Eduardo Frei-Montalva señalaba que el problema de la Constitución de 1980 era que “fue construida sobre la base del miedo. Miedo al pueblo”. Y agregaba: “Nosotros tenemos que tener el valor de creer en el hombre. De creer en nosotros mismos. No tener miedo. Eso es lo que tenemos que contrarrestar. Eso es lo que tenemos que combatir. Tenemos que construir una Constitución sobre la base de que creemos en nuestro pueblo. De que creemos en las personas”. Quizás ha llegado la hora de perder un poco más el miedo y atrevernos más a dialogar.
*Entrada escrita por Claudio Fuentes, Cientista Político.
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altopillo
Se quiere cambiar el status constitucional a fondo para lograr, por la llamada «nueva mayoría», una nueva constitución a la pinta…pero a la pinta de quienes?.De aquellos sobrevivientes de la concertación que, aprovechando las inquietudes juveniles de muchos jóvenes estudiantes y otros, quieren aprovecharse nuevamente desde el poder pero ahora para convertirlo en un facto repetitivo que los posicione en los mandos por secula seculorum. Será eso lo que espera y merece la mayoría ciudadana, silenciosa, trabajadora, responsable, moral y consecuente?.No, no lo creo. Pero sí creo que deben hacerse modernizaciones serias y justas a la actual y para eso tenemos Gobierno y Parlamento democrático. Confiemos en ellos.
Mario Castillo
La Unión hace la fuerza. .
Luis Barrales
aclaraciones clarísimas… a difundirlas!