Para tener una Asamblea Constituyente no solo tenemos a la mano el proceso revolucionario, sino que también tenemos una vía institucional para convocarla, bastando con la voluntad política de los actuales congresistas.
En medio del escándalo nacional desatado por las palabras de Ignacio Walker, presidente DC, sobre la posibilidad de que se realice una nueva constitución mediante una Asamblea Constituyente, se pone el grito en cielo y se denuncia tal como un mecanismo anti-sistémico, no institucional. Se anuncia con alarma que no está previsto jurídicamente para reformar la Constitución.
En la doctrina constitucionalista se reconoce que el poder constituyente tiene dos momentos. El poder constituyente originario es el que tiene primigeniamente el pueblo y el que le da legitimidad al ordenamiento político, permaneciendo en todo momento en pueblo. Este se activa y vuelve al pueblo cada vez que se atraviesa por momentos de excepcionalidad política (Dahl). A la vez, está el poder constituyente derivado, que es el que da el pueblo a las instituciones para que estas legislen en periodos de normalidad política, ya que no puede estar en todo momento creando constitucionalmente, estableciendo un órgano que se encarga de adicionar y modificar la Carta Magna.
Por lo tanto, no es un elemento asistémico e imposible la Asamblea Constituyente. Es un poder que el pueblo posee para determinar las estructuras políticas, sociales y económicas de un país, junto con las bases institucionales y los principios que lo guiaran. Que no esté contemplado en la Constitución no significa que no se pueda, porque el poder constituyente está sobre ella.
Pero si los elementos conservadores y reaccionarios prefieren la vía institucional, es cuestión de que no más de cinco senadores o 10 diputados lo presenten como moción en el Congreso, que así se acuerde por los dos tercios de ambas Cámaras y no sea vetado por el Presidente de la República, para que la Asamblea sea posible. Incluso si hubiera veto presidencial y el Congreso insistiera en su proyecto, habría plebiscito para dirimir el conflicto.
O sea, para tener una Asamblea Constituyente no solo tenemos a la mano el proceso revolucionario, sino que también tenemos una vía institucional para convocarla, bastando con la voluntad política de los actuales congresistas. Si entre ellos existe una mayoría como la descrita, pueden dar ese paso, que significaría abdicar de su actual atribución para reformar la Constitución, pero que abriría una ancha puerta para su legitimidad.
En nuestro país, esta modalidad nunca ha sido practicada. Como suele decir Gabriel Salazar, nuestras Cartas Magnas han sido escritas y establecidas a sangre y fuego por las clases patronales, las elites, acompañados por las Fuerzas Armadas. La Constitución de 1833 fue realizada por ciudadanos “de conocida probidad e ilustración”, nombrados por el gobierno, vigilados por Portales. La Constitución de 1925, que debió haber sido confeccionada por una Asamblea Constituyente según la promesa de Arturo Alessandri, terminó siendo redactada por una “comisión ad hoc” de notables, más el propio Presidente, y aprobada en un plebiscito poco representativo. Para qué hablar de la actual Constitución del 80′.
Así las cosas, de prosperar una Asamblea Constituyente, esta sería la primera vez en nuestra historia republicana que la Constitución emanaría de delegados elegidos por el pueblo para ese fin, mediando su ratificación con un plebiscito, sujeto a todas las exigencias democráticas.
Hay que decir que, como cualquiera de las técnicas para reformar la Constitución, tiene limitaciones. Tenemos que pensar en el país que tenemos, con la correlación de fuerzas que existe, no como si tuviéramos un Chile de repuesto en el maletero. Hay en ciertos grupos una creencia ciega de que la Asamblea nos brindara un nuevo Chile, donde todos seremos iguales: eso no será así. Ni Hans Kelsen pondría en ella una fe tal, creer que todo se solucionaría con una ley (porque después de todo es una ley la Constitución) es ingenuo. Tendremos una Carta Magna legítima y legitimada, pero eso no implica que lleguemos a la copia feliz del Edén. En una Asamblea Constituyente puede intervenir todo aquel que lo desee. Por lo tanto, la derecha también participará en ella. No olvidar que el pinochetismo obtuvo 45% en 1988, y que el actual Presidente (por inepto y cómico que sea) es de derecha.
Lo importante y lo necesario de una Asamblea Constituyente es que a través de este medio (y señalar que es un medio y no un fin en sí mismo) tengamos como primera ley de la República una norma escrita, validada y refrendada por todos.
A pesar de esto, la derecha (y algunos sectores conservadores de la izquierda chilena) apareció respondiendo con campaña del terror, asociando la Asamblea Constituyente con populismos autoritarios. Si bien es cierto que este tipo de procesos se han visto en la región asociados a Chavez, Evo y Correa, hay también casos opuestos. EEUU elaboro su Constitución en 1787 con una Convención Federal que representaba a los 13 Estados de la Unión. Así nació la más antigua de las constituciones vigentes en el mundo. La Ley Fundamental alemana, a su vez, fue hecha por una asamblea de delegados de los Länder, que se reunió en Bonn en 1949 y dio origen a un texto que ha sobrevivido a la guerra fría y a la reunificación. Una experiencia más cercana es la actual Constitución de Colombia, que se estableció mediante Asamblea Constituyente, luego del proceso
de la quinta urna en los años 90′.
Si la crisis institucional del país es tan severa como se dice, si la confianza en que los políticos puedan dar solución a los problemas de la sociedad actual es nula, si las instituciones están bloqueadas y coaptadas por intereses, la salida debe ser de la mayor legitimidad. Y si tal camino pasa por una Asamblea Constituyente ¿por qué no se podría abordar? Que el poder vuelva
al pueblo.
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Foto: A. R. Juárez / Licencia CC
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