La reacción frente a la muerte de 5 comuneros mapuche y frente a un matrimonio de latifundistas es el máximo atropello al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales del hombre, ya que el Gobierno (al igual que los gobiernos de Lagos y Bachelet) ha declarado a través del discurso y de los hechos que hay ciudadanos más importantes que otros.
Nadie ha quedado indiferente con la muerte del matrimonio Luchsinger-McKay (ya sea a favor o en rechazo rotundo a este hecho). A pesar de ello, es sorprendente la desproporción de la respuesta dada por el gobierno a este último evento en comparación con las respuestas dadas a las muertes de Alex Lemún, Matías Catrileo, José Huenante, JonnyCariqueo y JaimeMendoza-Collío, muertes que provienen desde los tres últimos gobiernos.
Esto nos hace pensar que para los gobiernos que han enfrentado el conflicto desde la “transición” a la “democracia” mantienen una visión o lectura del pueblo mapuche en cuanto “sujetos de segunda categoría”, por lo cual las respuestas a sus demandas y la justicia frente a los atropellos a sus derechos fundamentales no serán las mismas. El pueblo mapuche es visto como un otro, como un no-igual, por ello su calidad de ciudadano funciona de forma parcial, y sus derechos no se respetan. Sí se vela, en cambio, por el respeto a la propiedad privada de los latifundistas.
Esto tiene una explicación histórico-estructural, pues desde la conformación de la república chilena el pueblo mapuche fue siempre un otro que mermaba la posibilidad de la expansión y consolidación del naciente Estado chileno, la cual dependía de la “chilenización” del pueblo mediante aculturación (absorción de una cultura subordinada a la dominante), sin resultado positivo. Así, es la forma a través de la cual el gobierno y el Estado han sido construidos y autopensados lo que explica esta diferencia de respuestas frente a la vulneración del mismo derecho en todos los casos. No hay una muerte más importante que otra, pero todos sabemos a la larga que esto no es cierto, que para algunos la vida de un mapuche no vale lo mismo que al de un empresario, lo cual atenta contra las bases mismas del Estado de Derecho.
La reacción frente a la muerte de 5 comuneros mapuche y frente a un matrimonio de latifundistas es el máximo atropello al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales del hombre, ya que el Gobierno (al igual que los gobiernos de Lagos y Bachelet) ha declarado a través del discurso y de los hechos que hay ciudadanos más importantes que otros.
Es nuestro deber ciudadano que la situación actual del pueblo mapuche no se repita nunca más y que se le ponga un fin.
Si sabemos que la explicación de la violencia actual en la Araucanía es una respuesta histórica ante un bloqueo de la legitimidad del pueblo mapuche como interlocutor válido para la resolución de sus propias condiciones materiales de existencia, no es de extrañarnos que la respuesta frente a la indiferencia sea la violencia. Por lo tanto, es natural que sea desde el mismo Estado, a través del Gobierno, que se deban generar las condiciones mínimas para una resolución pacífica de los conflictos, los cuales deben contar con testigos de otros países que hagan cumplir el Derecho Internacional.
Según lo estipulado por el convenio 169 de la OIT, nuestro país no le está haciendo un favor al pueblo mapuche en su reconocimiento y mejora de sus condiciones de existencia. La solución es clara: que se haga cumplir la ley. Pero que no se haga para la conveniencia de los mismos de siempre, sino que se cumpla lo que voluntariamente hemos aceptado. Un país que aspira al desarrollo nunca logrará este objetivo si no comprende la diversidad (no esta idea obsoleta de la uniformidad de la nación) y las deudas históricas con nuestros pueblos por acción u omisión de los gobiernos anteriores. Aprendamos de nuestros vecinos, que los chilenos antes que todo somos también latinoamericanos.
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