En un ambiente de crecientes protestas estudiantiles y varios flancos de conflictividad social que amenazan con agravar la situación, entre ellos el malestar de los trabajadores de CODELCO, el gobierno intenta desactivar las masivas movilizaciones entregando más recursos al financiamiento universitario. El Presidente Piñera anunció que se destinarán US$ 4 mil millones a las universidades, pero no precisó si la cifra comprende platas existentes, ni plazos de entrega, como tampoco su finalidad e instituciones de destino. Incluyó la creación de la subsecretaría de Educación Superior, una demanda planteada por el Consejo de Rectores y cuya finalidad es mejorar la gestión del Ministerio de Educación en este ámbito. Por último, señaló que se establecerían criterios de transparencia en la oferta de educación superior y una explicitación de las instituciones con fines de lucro.
Mientras varios parlamentarios han mostrado cautela frente a los anuncios, aduciendo que hay que verlos con detención por aquello de la letra chica, la fórmula que ha buscado La Moneda va en sentido contrario a lo que los estudiantes han demandado a lo largo de las protestas, como es el fin del lucro. A este respecto bien vale un par de consideraciones, especialmente porque la actitud estudiantil post anuncios aún se enmarca en la resistencia y en el cuestionamiento a lo planteado por el mandatario.
En el sistema universitario el lucro no es un accidente, sino una práctica extendida. Poner fin al lucro implicaría una reforma profunda del sistema, una cuestión que este gobierno está lejos de pretender, especialmente cuando una parte relevante del negocio está en manos de adherentes o simpatizantes de su sector. No hay que olvidar que varios líderes de la derecha en períodos de baja se han refugiado en el ámbito académico, como ocurrió con Lavín que, derrotado en una campaña presidencial, tuvo su espacio en la Universidad del Desarrollo y con Andrés Allamand, que impartió clases en la Universidad Adolfo Ibáñez en una especie de oasis en su camino por el desierto político.
El tema del lucro no sólo tiene que ver con los altos costos de la educación, sino también con la orientación y el trasfondo ideológico de los proyectos educativos. La apuesta de la derecha y de sectores muy conservadores de la Iglesia Católica apunta en este sentido. Asimismo, la posibilidad que se ha dado para que se transen instituciones de docencia entre fondos de inversión, como ha ocurrido con la Universidad del Mar, la UNIACC o se pretende hacer con la Universidad Central, da cuenta que hay un nicho en que incluso lo ideológico puede pesar mucho menos que el negocio en sí. ¿Cómo se moverán estos fondos a partir de los montos anunciados? ¿Qué lobby se emprenderá en la competencia por los US$ 4 mil millones?
El segundo elemento a considerar es si el extraordinario monto que se ha anunciado terminará siendo repartido entre las universidades de una forma más o menos inequitativa y sin demasiadas diferenciaciones. Considerando que este fin de semana el Ministro Lavín viajará a Brasil para “estudiar” cómo se financian las Universidades privadas, es manifiesto que el paquete anunciado puede constituirse en el mejor negocio para muchas entidades de este tipo. En ese sentido, lo expuesto por Piñera vendría a ser casi un llamado a que “ganemos todos”, claro que siempre habrán algunos que ganan una porción más que otros. La pregunta del gobierno no es si es pertinente que el Estado financie a instituciones privadas – a juzgar por lo expresado por Piñera eso estaría resuelto – sino si se ofrecerá una formación técnica o profesional que cumpla, a lo menos, un estándar mínimo de calidad. En síntesis, que se cumpla el propósito de la educación, lo que visto de esta manera suena como un objetivo demasiado modesto y algo así como “mire, yo le financio pero espero que usted cumpla su función”.
El discurso del mandatario no busca apaciguar los ánimos del movimiento universitario y secundario. La Moneda interpreta los apremios financieros de varias casas de estudio tradicionales y hace una oferta económica difícil de resistir. Todo parece indicar que lo que busca el gobierno es aislar y contener el movimiento, restarle legitimidad social (muchos dirán que es una buena oferta y que más quieren los estudiantes), y reducir el discurso estudiantil a una posición ideológica. Es en este contexto, donde el debate político debiera enfrentar con más ahínco el problema del modelo de gestión y hacia dónde se pretende orientar la educación. Si las autoridades han acusado a los estudiantes de mantener un debate radicalizado, me parece que las medidas planteadas están dentro de una matriz ideológica muy definida y que, más allá de montos involucrados, no hay orientaciones sobre lo que ha sido el detonante del conflicto: cómo se pretende mejorar la calidad de la educación…una cuestión que tampoco debe hacerse a cualquier costo.
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Foto: FECH
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