¿Qué se trae entre manos una solicitud de “asesorías técnicas” a la OECD para con la Convención Constitucional, de un personaje como Andrés Allamand, campeón de las volteretas, jefe político del Rechazo y partidario acérrimo de la Constitución de Pinochet?
Que la OECD puede hacer un aporte en diversas materias de interés para Chile, no cabe la menor duda. Sin ir más lejos, la OECD ha hecho en los últimos años interesantes estudios, investigaciones y recomendaciones tanto en economía del conocimiento, equidad, medio ambiente y otros, que de haberse sometido al análisis crítico a nivel local, cuando había que haberlo hecho, quizá habríamos podido sortear de mejor modo las crisis que tienen hoy al país en vilo.
En casa, ha habido también mucho, y muy buen material producido por el PNUD, por ejemplo, y varias instituciones de la sociedad civil, que daban luces respecto a las deformaciones del modelo económico y limitaciones del sistema político con mucha anticipación al estallido social. Pero sabido es que la elite no es muy dada al estudio y salvo sus habilidades para exportar materias primas y reproducir su capital a costa de todo lo demás, los temas del conocimiento no son de su interés y los pasan por alto. La otra parte de la ecuación, entre tanto, se dedicaba a sacar cuentas alegres con el clientelismo.No corresponde al Gobierno de Chile ni a ningún otro órgano del Estado comprometer acciones que son privativas de la futura Convención Constitucional.
En lo especifico del acuerdo Gobierno-OECD, será pega de la Contraloría y el Congreso Nacional determinar las condiciones y términos que la prensa ha venido señalando en relación a la solicitud de asesoría (del Gobierno de Chile hasta que no se pruebe lo contrario) que Andrés Allamand en su condición de canciller ha solicitado a este organismo para “asesorar técnicamente” a la Convención Constituyente.
Sin embargo, el proceso constitucional en ciernes es de la máxima importancia y nos concierne a todas y todos.
Al respecto, conviene enfatizar que la expresión soberana del pueblo chileno materializada en el Plebiscito del 25 de octubre es simple y clara: ese día, con un abrumador 80% de apoyo a la Convención Constitucional, decidió que el proceso deliberativo por una Nueva Constitución sea sin interferencias de otros poderes del Estado.
En consecuencia, no corresponde al Gobierno de Chile ni a ningún otro órgano del Estado comprometer acciones que son privativas de la futura Convención Constitucional. Será por tanto prerrogativa exclusiva de los futuros convencionales electos definir qué tipos de apoyo requieren para poder cumplir con el cometido de la Convención y a quien o quienes solicitarlo, entre ellos a la OECD si así lo estiman y si entre las partes acuerdan finalmente términos para un eventual apoyo. Por el momento, este no es el caso y ese acuerdo carece de legitimidad.
Ello, porque solicitarle a esta u otras apoyos a priori, por un Gobierno que no cuenta con respaldo ciudadano, que ha violado reiteradamente los derechos humanos, que ocultó su postura en el Plebiscito, que ha probado ser políticamente muy inepto en su relación con otros órganos del Estado, denotando con ello severas dificultades para ajustar su rol según mínimos democráticos en la separación de poderes, deberá respetar a la Convención Constitucional, no agredirla ni intentar usurparle funciones. Esta solicitud de apoyo “técnico”, para un proceso esencialmente de deliberación política, está encuadrada en esos hechos y queda cuestionado.
Con todo, el Gobierno no está exento de responsabilidades: le cabe facilitar las condiciones para que las delegadas y delegados sean electos democráticamente así como proveerle los medios y recursos necesarios para que esta cumpla ante el país el mandato soberano que emanó del Plebiscito del 25 de Octubre.
En todo lo demás, mejor de lejitos.
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