Alimentación: ¿Una política pública para Chile?

21 de noviembre, 2013

¿Es necesario desarrollar una política pública sobre alimentación en Chile? Para responder a esta pregunta y considerando que vivimos en un país que tiene 23% de los niños escolares obesos, con casi la mitad de la población adulta con 2 a 3 enfermedades crónicas asociadas a obesidad, quisiera compartir con ustedes solo algunas declaraciones en relación a la importancia de este tema que poco o nada se ha mencionado en las campañas políticas en Chile.

El Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación establece en el documento (A/HRC/19/59, 2011) que: “los Estados deben proteger el derecho a una alimentación adecuada mediante la adopción de medidas que reduzcan las repercusiones negativas que tiene los actuales sistemas alimentarios en la salud pública”. En este mismo documento se señala que “para la sociedad el costo [de la obesidad] es inmenso, tanto el costo directo (atención sanitaria) como el costo indirecto (pérdida de productividad). Desde que aparece la obesidad hasta que aumenta el costo de la atención sanitaria pasa un plazo de tiempo considerable” o “se ha demostrado la ineficacia de la autorregulación de la industria agroalimentaria […]. En relación a comercialización de las grandes industrias señala que: “Las normas de la industria no pueden reducir sustancialmente el gran volumen y el alto impacto de la comercialización de alimentos y bebidas generadores de obesidad entre los niños”. Que la situación nutricional en Chile haya mejorado en relación a décadas pasadas no significa que tengamos todo resuelto en materia de alimentación y nutrición. Considerando el nuevo perfil epidemiológico, demográfico y económico, Chile debiera ser capaz de mirar en forma integrada los nuevos problemas alimentarios que derivan de este modelo de sociedad, que ha generado el desplazamiento de los alimentos tradicionales y su reemplazo por comida procesada, así como, la aparición de riesgos crónicos en salud producto de la contaminación de alimentos, tierra y agua.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su documento del año 2010 “Situación Mundial de las Enfermedades No Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud” estima que cada año unos cien millones de personas se ven abocadas a la pobreza debido a los costes de los servicios de salud que necesitan”. Este mismo informe muestra que “los análisis económicos sugieren que cada aumento del 10% de las Enfermedades No Transmisibles se asocia a una disminución del 0,5% del crecimiento anual de la economía”.

Si dentro de la carta universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios», dada la realidad actual de Chile: ¿por qué ninguno de los candidatos presidenciales, a excepción del Sfeir, ha hablado de la importancia de tener acceso a una alimentación adecuada? Es necesario tener presente que la alimentación se relaciona con todas las áreas de la sociedad: salud, educación, agricultura, trabajo, medioambiente y economía. ¿Qué hace entonces que el derecho a una alimentación saludable, con alimentos seguros e inocuos no se considere un tema relevante para contar con una política pública?

El desarrollo económico no puede ser prioritario sobre la salud de las personas. En Chile, nuestros problemas relacionados con alimentos no sólo se relacionan con la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, también hay otros problemas que necesitamos solucionar. Debiéramos ser capaces de mejorar y actualizar las regulaciones de alimentos que difieren con los altos estándares establecidos en otros países con el objetivo de proteger a nuestra población. ¿Cómo es posible que la calidad de los alimentos de exportación sea diferente a los alimentos que consumimos en Chile? Es necesario enfrentar con seriedad el tema de la inocuidad alimentaria y los riesgos agudos y crónicos secundarios a la presencia de agroquímicos y sus residuos, producto de prácticas agrícolas inadecuadas, así como también, prácticas medioambientales abusivas de algunos sectores productivos. Necesitamos recuperar nuestros cultivos tradicionales que han sido reemplazados en algunas regiones mayoritariamente por cultivos de exportación o incluso tabaco y que limitan el acceso a alimentos básicos y saludables. Es necesario cambiar el diseño y el contenido de los programas de entrega de alimentos en consultorios, escuelas y lugares de trabajo, inadecuados para la realidad nutricional chilena y mucho más. ¿Si este no es el momento de contar con una política pública, cuándo es el momento?

¡Definitivamente si necesitamos una política pública en alimentación! La alimentación es un factor determinante en la salud y calidad de vida de las personas, especialmente en los grupos de menores recursos. Las personas debemos comer tres o cuatro veces al día, no hay opción de no comer. Quizás la incorporación de temas tan básicos para la vida de las personas como el derecho a una alimentación saludable y segura sea un motivo para despertar a ese 50% de los electores que miran con indiferencia, lejanía y desconfianza los procesos electorales.

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Cecilia Castillo L