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Alianza Empresa y Estado: Historia de la represión en Chile

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La represión, puede tomar una forma violenta o puede tomar una forma de represión suave. Un ejemplo es posibilitar por ley que el poder se concentre en muy pocas manos para beneficiar a unos cuantos y dañar a la mayoría. Otra forma es la de mantener a raya, fuera del imaginario colectivo las capacidades lingüísticas y de sentido que proveen las capas menos afortunadas en el goce de la riqueza en nuestros países: los pobres, las mujeres, los niños y niñas, adultos mayores y por cierto, pueblos originarios.

De cada una de éstas, las capas dirigentes, se acuerdan en distintos momentos y para distintos usos capilares: de las mujeres se acuerdan los hombres para reunirse entre ellos a discutir como relevar su rol, de las niñas y niños se acuerdan sólo a propósito del desastre del SENAME que sigue ahí frente a nosotros, de los adultos mayores se acordarán el próximo año los candidatos a alcalde y concejales, de los pueblos originarios se acuerdan los millennials para ponerle nombre a sus proyectos de app’s y de los pobres, bueno de los pobres en general no se acuerda nadie.

Nadie, excepto, las empresas, las grandes empresas.


Las comunidades siempre, durante toda la historia, han querido más libertad y democracia, no representación ni seguridad, de esas ya se ha tenido demasiada y todavía recuerdan en carne propia cómo se comportan en la realidad.

Las grandes empresas en Chile son fruto de un esfuerzo familiar. Chile fue mérito de la empresa de Valdivia y otras que le sucedieron. La independencia es una muestra flagrante cómo se construye una operación épica de marketing para que los mismos tengan los privilegios y los otros sean silenciados, una vez más y por cerca de un siglo. Nuestros héroes y padres fundadores simplemente aplastaron todo atisbo democrático, de redistribución de la riqueza y se operó por décadas para dejar atrás a los pobres y aplastarlos definitivamente a fines del siglo XIX y principios del XX.

Nada en Chile ha sido público salvo la explotación con fines particulares. Nada ha sido compartido salvo honrosas excepciones dentro de nuestra Historia.

Eso sí, cada vez que el Estado se ha puesto de parte de las comunidades ha tenido algo de éxito, eso sí, ha debido ser paulatino. El problema ha sido la venganza de las oligarquías las que logran cooptar al Estado y caer encima de las mayorías, mucho más efectiva y dolorosamente. Para muestra un botón lejos de la actualidad, en el que el Frente Popular a fines de los ‘30 y principios de los ‘40 consiguió triunfos bajo la promesa de una nueva distribución de la tierra, reivindicaciones de los trabajadores, mujeres y pueblos originarios, pero con el mismo éxito del primer gobierno de esta coalición vino la fuerte caída de la confianza y una vez más, la consabida represión.

La posguerra trajo a nuestro país la ruina en muchos sentidos: cultural, económico y sobre todo de integración social. La definición de pobres y ricos quedó espacialmente segregada, como fuera en un principio, los pobres en las chimbas, el lado malo del río y los ricos, siempre del otro lado.

A los pobres se les seguirá inundando su lado a pesar de las intervenciones de caridad que ha promovido el consorcio Grandes Empresas junto al Estado y cuando, éste consorcio se volvió a quebrar por causa del trabajo en la Reforma Agraria desde Alessandri hasta Allende, la caída fue aún mayor. La Guerra Fría trajo una nueva y más grande empresa, la transnacional que bajo la figura de la reconstrucción o salvataje, devoró a la antigua gran empresa de nacionales, en un modelo conocido ya desde el salitre donde todos quedaron a conformidad, disfrutando del único modelo económico que ha se ha mantenido en Chile: el rentismo. Primero las capitulaciones y luego las encomiendas, de éstas a las haciendas y su posterior venganza en la minería del cobre y hoy del litio, del campo ni hablar y de las forestales, mejor huir, para no terminar muerto en extrañas circunstancias como suele ocurrir en el sur de Chile.

Es por eso que no sorprenden los casos de negligencia y de abierta violación a los derechos fundamentales sean de primera o última generación, como el agua en el sur, la torpe fiebre del litio en el norte, la explotación de zonas geográficas irrecuperables, las muertes de los dirigentes sociales, la represión continua a los pueblos originarios,  entre otros ejemplos. Todos estos son parte del ordenamiento jurídico y de los compromisos políticos del Estado de Chile con su comunidad y la normativa internacional. Pero poder asistirnos de la ley, cuando el propio garante de la misma es el perpetrador, en connivencia con particulares es casi un desconsuelo.

Chile en el último tiempo ha despreciado y puesto en duda, sobre todo los gobiernos de derechas, a las instancias internacionales, igual cosa ocurre con las grandes empresas; se han amparado éstas en la desprotección de lo que llamaron consumidores y más aún, al no existir mecanismos supranacionales que posean capacidad jurídica y poder efectivo contra el actuar de este binomio. Más todavía, seguimos ignorando el problema del TPP11 como si se tratara de plutonio entre las manos, con capítulos abiertamente injustos y otros hasta secretos.

El movimiento de los derechos civiles se basa en forma elemental en lo que, a ojos de la empresa concesionaria o transnacional o del Estado, sería actividad criminal. La oposición supone mucha desobediencia civil: no pagar impuestos, objeciones de conciencia, grandes reuniones con mucha cobertura de medios, etc. Todo esto es una forma legítima de desobediencia civil. La llaman ilegal; pero, desde un punto de vista más amplio, son acciones contra la criminalidad del mismo Estado y sus socios dentro de las antiguas oligarquías. Por lo tanto, están justificadas.

Cuando el Estado se torna tolerante y apoya la acción de las comunidades, de los trabajadores, de los pobres, logra cierto progreso, y el progreso siempre conlleva una reacción, una y otra vez. Hoy vivimos una era reactiva, desde el desplome del modelo neoliberal con la crisis del 2007-2008 existe una beligerante arremetida llena de programas neoliberales que realmente son una guerra de clases, impulsados por los poderes económicos con el objetivo de aplastar a los movimientos sociales y de reivindicación que han cobrado alguna  fuerza, aunque aún lejos de ser una fuerza comunitaria.

Esto ha generado muchos tipos de resistencia que podrían tomar diferentes formas. Podría terminar en el triunfo de demagogos que explotan la rabia y el resentimiento, justificados, de la gente, y dirigirlos hacia una dirección muy nociva y errada, nuestro país y nuestra historia han estado siempre llenos de estos casos. O podría rescatar nuestros mejores años, la historia detrás de quienes sí buscaron crear las bases de un movimiento social que promueva acuerdos diferentes, con actores diferentes, para encontrar un camino hacia un país mejor.

Las comunidades siempre,  durante toda la historia, han querido más libertad y democracia, no representación ni seguridad, de esas ya se ha tenido demasiada y todavía recuerdan en carne propia cómo se comportan en la realidad.  Los levantamientos de curas y huachos durante la independencia, las mancomunales aplastadas por el nuevo orden, la matanza del seguro obrero, la extrema polarización en la reforma agraria, la dictadura militar de Pinochet, etc. Probar un movimiento nuevo tiene sus riesgos, no porque no se haya hecho esto de construir desde abajo, sino porque nunca antes se ha ganado, esperemos que esta sea una ocasión para comenzar a hacerlo.

TAGS: #Poder comunidades Historia de Chile represión

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