En relación al anuncio del Gobierno de enviar un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, como Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) valoramos esta esta iniciativa y la calificamos como prioritaria.
La transformación de la Corporación Nacional Forestal de derecho privado en un servicio público robusto y eficiente es urgente, y constituye el primer paso para construir en el país una institucionalidad forestal que sea capaz de establecer políticas públicas sectoriales que resuelvan los problemas que están en el origen de catástrofes como las que hoy sufre el país.
La transformación de la Corporación Nacional Forestal de derecho privado en un servicio público robusto y eficiente es urgente, y constituye el primer paso para construir en el país una institucionalidad forestal que sea capaz de establecer políticas públicas sectoriales que resuelvan los problemas que están en el origen de catástrofes como las que hoy sufre el país. En un Servicio Forestal público debiesen darse por superadas las metas de autofinanciamiento a las que está obligada la actual CONAF, lo que condiciona fuertemente su capacidad financiera. Así también la institución podrá asumir nuevas potestades públicas que hoy le están vedadas por su carácter privado, según lo ha dictaminado el Tribunal Constitucional, y así asumir adecuadamente nuevas funciones de regulación, fomento y fiscalización que conduzcan a un uso sustentable de los recursos forestales. Lo que ocurre hoy con los dramáticos y masivos incendios forestales hace indesmentible la necesidad de abordar la planificación de uso del territorio que considere criterios ambientales, sociales y económicos, mediante nuevas herramientas legales que CONAF en su carácter actual no podría asumir.
La idea de un Servicio Forestal público no es nueva. En su Programa de Gobierno para el periodo 2014–2018, la Presidenta Bachelet se comprometió a estudiar la naturaleza jurídica de la CONAF. Con anterioridad -el año 2012- el Congreso había rechazado el proyecto conocido como “CONAF Pública” presentado durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. Dicho rechazo lo valoramos en su momento, ya que la propuesta no cumplía cabalmente el objetivo de generar una institución más moderna y sólida.
Las cifras macroeconómicas evidencian la relevancia del sector forestal, situación que no se condice con la debilidad de la institucionalidad pública forestal y su escasa importancia en la agenda pública nacional. Con el anuncio del Gobierno, observamos una nueva oportunidad de generar las bases de una institucionalidad fuerte, con visión de largo plazo, que resguarde las condiciones de vida de los propietarios de bosques y habitantes rurales, que regule el establecimiento de plantaciones, en particular de especies exóticas, que incentive la conservación y el buen manejo del bosque nativo; y que permita contar con recursos y estrategias para prevenir la ocurrencia y propagación de incendios forestales como los que hoy sufre el país.
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