No fue con las banderas del empresariado que triunfó en 2013 Michelle Bachelet. Tampoco con las de los grupos conservadores ni con las del crecimiento económico por sobre cualquier otra consideración. Fueron los movimientos sociales los que, durante los años previos, relevaron y sembraron los contenidos de lo que posteriormente sería el programa que permitió a la Presidenta asumir su segundo período, hace ya catorce meses.
La lucha por educación pública, gratuita y de calidad, una Patagonia sin represas, más poder y recursos para las regiones, derecho a ejercer la libertad individual en lo valórico, y una nueva Constitución fueron demandas que se ganaron en la calle. Entendiendo por ella no solo la protesta social pública sino también el trabajo en conversatorios, asambleas, diálogos ciudadanos, o educación popular, donde el conglomerado llamado Nueva Mayoría no fue particularmente protagonista. Menos aún en poner tales exigencias en el centro del debate nacional y local.Tal es la política actual, donde la rearticulación social es parte de las fórmulas a aplicar para doblar la mano a un horizonte que no se ve promisorio para la mudanza general que se requiere.
Pero nobleza obliga. Es preciso reconocer que sí hubo algunos actores y colectivos políticos que estuvieron presentes desde un origen en la movilización, pero fueron muchos -quizás demasiados- los que simplemente se subieron al carro cuando ya se vislumbraba la victoria. Tanto dirigentes como simples militantes y funcionarios del Estado, para quienes lo que se exigía en la calle parecía escrito en arameo hasta que Michelle Bachelet lo incluyó en su programa y terminaron siendo entusiastas de las nuevas demandas. Hasta que la Presidenta diga lo contrario. Pero eso es materia de otra columna.
Lo concreto es que la Nueva Mayoría pudo llegar al poder, entre otros factores, porque abrazó -en alguna medida- el camino de la transformación. Del cambio que nos permita retroceder como uno de los países OCDE con mayor índice de desigualdad e ir desmantelando un modelo que mercantiliza derechos sociales como la salud, previsión, y bienes comunes como el agua y la naturaleza en general. Y en este proceso, su aliado lógico y legítimo debió ser la ciudadanía, los movimientos sociales, la gente de a pie que vive los efectos de un esquema de desarrollo que profundiza la injusticia socio-ambiental.
Puede ser el fantasma del populismo el que llevó a este gobierno a no buscar las alianzas correctas para afrontar con fuerza lo comprometido. Error clave al comprender que la ruta hacia el horizonte propuesto requiere de una importante correlación de fuerzas de la ciudadanía; más aún, en el derrotero que deben atravesar una nueva educación, Constitución y qué decir de un nuevo sistema medial, todas de carácter contracultural. Y a este lado del mesón no están los recursos económicos ni los medios de comunicación, solo el pueblo llano y la convicción de que el estado de cosas debe cambiar.
La letanía de la mirada técnica -vista como opuesta a la de la ciudadanía, que es la realmente democrática- que delega en una elite las decisiones, aún permea cierto actuar del Estado. No se niega que sea aquella una variable a considerar, mas no puede ser exclusiva ni la preeminente a todo evento. Porque, en sí misma, la visión técnica encierra una paradoja. Así lo expusimos en el seminario-coloquio Ciencia, Ciudadanía y Experticia en la Evaluación de Impactos Ambientales: ¿Un diálogo cada vez más nutrido? organizado por la USACH y el Centro de Extensión del Senado, a mediados de mes en la sede del Congreso en Santiago. Toda evaluación científico-técnica parte de una visión de sociedad, dado que debe existir una primera decisión, política, sobre qué investigar y qué no. De qué evaluar o, dicho en simple, dónde poner el ojo. Y, lamentablemente, muchas veces tal discernimiento está cruzado por intereses económicos particulares y por una mirada de desarrollo productivista basado en la sobreexplotación de la naturaleza y de las personas. Es ese factor técnico-económico el que también campea cuando uno escucha tanto análisis y argumento serio.
Y así como el gobierno no quiso aliarse con quienes eran sustento de su programa, hoy aparece -más que nunca- asociado a quienes nunca estuvieron de acuerdo con este. Incluso no solo en lo económico con el gran empresariado. Baste ver cómo en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados el ministro del ramo recurre a citas textuales de parlamentarios de oposición para disminuir al máximo la protección de los glaciares. O cómo en Aysén en el Consejo Regional de Desarrollo Energético las autoridades intentan balancear insistentemente a favor de quienes pretenden mantener el paradigma mercantil de la energía y de alto impacto ambiental y social, el derrotero de definición de nuestra futura matriz eléctrica.
Hoy Bachelet, como ha sido históricamente con la Concertación, parece temer más a quienes buscan mantener las cosas tal cual, que a los que quieren cambios de verdad. Ha optado por ponerse del lado de aquellos que han sido responsables de la crisis de legitimidad, desencanto e indignación que cruza la sociedad. Tal es la política actual, donde la rearticulación social es parte de las fórmulas a aplicar para doblar la mano a un horizonte que no se ve promisorio para la mudanza general que se requiere. Sin embargo, esta no sería la primera vez en que la elite proponga, y la ciudadanía la que disponga. Es cosa de repasar la historia.
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