Creo que los abogados defensores de la acusación de responsabilidad penal de cuasidelito de homicidio hacia nuestra Presidenta o autoridades y técnicos, debieran incorporar este análisis en la defensa, cuya causa, creo aún está en curso; y cuyo caso se llevó a la justicia nada más por asuntos de carácter político y cuyos familiares de las víctimas tratan de sacar un provecho económico vía millonarias indemnizaciones.
Las decisiones multivariables son decisiones en las que hay involucrados muchos factores y cuyo peso o relevancia de cada factor no es uniforme en el efecto final. Así un tomador de decisiones en un contexto multivariable, toma decisiones cuyos resultados tienen una determinada probabilidad de ocurrencia. En otros términos son decisiones bajo incertidumbre y por tanto el agente decisor es un tomador de riesgo.
Lo importante es que el tomador de riesgo, sea cual sea su decisión, no puede titubear y dilatar demasiado tiempo una decisión en contextos apremiantes o urgentes. En otras palabras un tomador de decisiones bajo escenarios de riesgo hace una apuesta; y en esa apuesta se puede perder o ganar. Por tanto, un tomador de decisiones no puede ser culpado ni castigado en estos escenarios si el resultado es adverso.
Pongamos como ejemplo dos casos: 1) un jugador de la bolsa, 2) un jugador de ajedrez. En el primer caso estamos bajo un escenario con información incompleta y que no es exactamente la misma para todos los apostadores (jugadores) y la decisión es bajo riesgo. El jugador de bolsa cuando es experto, yerra menos, pero igual puede tomar una decisión cuyo resultado es la pérdida. En el segundo caso, es un escenario con información completa. Cada jugador realiza la mejor movida posible ante la mejor movida del contrincante. En este segundo caso las decisiones no son decisiones con riesgo, sino más bien con consecuencias en el desarrollo de la partida. A una determinada movida, siempre hay unas 3 ó 4 posibles buenas respuestas a la jugada del adversario. No obstante, un gran maestro de ajedrez igual puede perder la partida y de hecho a alto nivel ajedrecístico, pierden partidas aún con información completa (cierta) y aún ellos eligiendo una de las posibles mejores respuestas.
Es importante notar que en los ejemplos que cito, son jugadas o decisiones forzadas, pues no tomar una decisión es renunciar al juego.
Pongamos ahora decisiones no forzadas donde las decisiones son sin riesgo y por tanto se pueden clasificar las decisiones de buenas o malas. Supongamos una persona que tiene que salir a hacer trámites al centro en cinco partes y que no hay restricciones de ninguna especie. La persona puede ordenar su ruta partiendo por ir al lugar más lejano y devolverse de regreso a casa. También puede ordenar la ruta partiendo por la más cercana y devolverse a casa cuando finalice el último trámite. En esta decisión no hay incertidumbre y consecuencias adversas o malos pagos. Si esta persona, no elige uno de los dos criterios de salida mencionados, lisa y llanamente ha tomado una mala decisión: no está optimizando su tiempo.
Pongamos otro ejemplo trágicamente real. El esquiador que fue llevado por una avalancha hace unos meses atrás, siendo un experto esquiador cometió una mala decisión no forzada. Si bien eligió un lugar no apto para el esquiador no experto, pero que esquiadores de alto expertizaje sí podían abordar como él; el error que cometió fue no chequear el estado de la nieve. Este caso es otro caso de mala decisión.
Citaré un último caso, el del ejecutivo de Codelco, que causó millonarias pérdidas en el mercado de valores donde se transaban metales. Este ejecutivo, fue despedido, no por haber tomado una mala decisión técnica puesto que siempre él actuó en escenarios de riesgos donde se pierde o gana. Él era experto. Llevaba años tomando esas decisiones, y por tanto, lo más probable es que haya perdido en un par de ocasiones. Pero lo que lo hacía experto era que su efectividad en el largo plazo era alta generando ganancias para la empresa. La razón por la que se lo despidió, es porque él tenía una restricción de montos para jugar y debía consultar a un directorio las “jugadas” que involucraban montos mayores al tope autorizado; y en esa violación de esta regla contractualse la jugó a príncipe o villano. La violación de esa restricción corrió por su propia cuenta y perdió como en la guerra.
En el caso 27/F la Presidenta tuvo que tomar una decisión bajo un escenario de incertidumbre y forzada. Los escenarios eran dos: A) doy la orden de evacuar, B) no doy la orden de evacuar. En el caso A, la orden de evacuar en un escenario muy vulnerable, como era la madrugada, sin saber el estado de las calles y muros, sin luz, con comunicaciones cortadas; podía generar un pánico colectivo cuyas consecuencias podían ser nefastas como: muertes por caer en una zanja, desprendimientos de muros, caídas de palos postes, cables eléctricos en el suelo pero activos, saqueos a las casas abandonadas. En el caso B, la consecuencia podía ser la salida del mar.
En ambos casos había riesgos fatales. Jurídicamente sería improcedente usar como argumento, ya conocidos los hechos, de que en el caso B las consecuencias fatales hubiesen sido menores, porque sería una especulación argumental y una autoprofecía cumplida, porque la decisión se toma ex antes (obvio). Nadie, sin haber sucedido el evento B, ya conociendo A, puede afirmar que las consecuencias hubiesen sido de menor costo social, porque B nunca sucedió; y el argumento es débil y jurídicamente no ha a lugar.
La Presidenta, lisa y llanamente sopesando ambas alternativas, pues ambas tenían una probabilidad de consecuencias fatales, se la jugó por A usando como información los datos entregados por el SHOA.
Independiente de que los hechos demostraron que la tecnología no era la más adecuada, ese momento no es para cuestionarse si los instrumentos son los mejores o no. Cuestionar la capacidad técnica del SHOA y de los equipos existentes, es introducir una incertidumbre adicional y postergar una decisión que no podía ser dilatada. En ese escenario el tomador de decisiones, tiene que confiar en la información y en los asesores técnicos. Si la información era que no había vaticinio de un maremoto, había que depositar confianza en los expertos y ante esa información, tomar una decisión. La Presidenta decidió A en lugar de B, punto.
Ahora bien, aunque una oficina de gobierno, comisaría o la Presidenta hayan dicho o comunicado o recomendado que no había posibilidad de maremoto, no es una orden ni imposición. Es tan sólo un llamado de la autoridad a mantener la calma, pero aún elegido el escenario A por parte de la Presidenta, cada persona estaba en su total derecho y libertad de tomar cualquier otra decisión de acuerdo a su propia evaluación del entorno, como acercarse a la costa y ver si el mar se recogía, señal de maremoto. Por tanto cada persona o familia tenía las siguientes opciones: i) irse a los cerros, ii) pasar la noche en casa de un familiar o amigos que vivían hacia los cerros, iii) los que tenía autos, alejarse de la ciudad y dormir en la carretera. Todas estas decisiones eran plausibles y por tanto, permanecer o no en sus casas era una decisión personal y de auto responsabilidad, de nadie más.
Si la Presidenta hubiese tomado la decisión B y no se hubiese salido el mar como lo vaticinaba el SHOA y hubiesen sucedido muertes por lar razones que indico más arriba y hubiese habido saqueos. ¿Se la hubiese acusado de negligencia y el argumento querellante hubiese sido que no confió en su cuerpo técnico a sabiendas que el SHOA le indicó que no había salida de mar?. Seguramente sí le hubiesen imputando una negligencia por no confiar en su cuerpo técnico y en una oficina pública competente.
Lo curioso es que si se hubiese dado el evento B, nadie hubiese cuestionado al SHOA y se hubiese asumido que todo estaba bien desde ese lado y que estábamos preparados para enfrentar catástrofes y no se hubiese hecho ninguna resstructuración ni inversión al respecto.
Si hubiese sucedido el evento B, jamás se hubiese alzado el argumento de que los gobiernos de la concertación no fiscalizaron y no hicieron nada antes para evitar esas fatales muertes, como si la muerte y el destino fatal y los golpes de la naturaleza fueran algo que le sucedería al resto del mundo, pero no a Chile.
Creo que los abogados defensores de la acusación de responsabilidad penal de cuasidelito de homicidio hacia nuestra Presidenta o autoridades y técnicos, debieran incorporar este análisis en la defensa, cuya causa, creo aún está en curso; y cuyo caso se llevó a la justicia nada más por asuntos de carácter político y cuyos familiares de las víctimas tratan de sacar un provecho económico vía millonarias indemnizaciones.
Una autoridad o Presidente de un país, cualquiera sea su color político, jamás toma una decisión de esta embergadura con una supuesta maldad o negligencia maldadosa y pensando livianamente. Siempre lo hace pensando en lo mejor para el país; y en este caso, ambas decisiones eran de riesgo y con probabilidad de ocurrencia con consecuencias adversas y lamentablemente así ocurrió.
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Imagen: Wikimedia Commons
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