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¿Recursos públicos para campañas políticas? Sí, pero…

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Esto acaba traduciéndose en el absurdo en que los ciudadanos terminan pagando las cuentas que los candidatos gastan para tapizar la ciudad de propaganda sin contenidos.

Siempre me ha parecido que la forma en cómo, tanto la publicidad como el marketing en general, funcionan es una degradación de cómo debiesen. En teoría, su propósito es poder informar a los individuos sobre la existencia de ofertas (en un sentido amplio, comprendiendo a bienes, servicios e incluso personas) y sus características, para que los interesados puedan escoger aquéllas que más los satisfacen. Sin embargo, resulta evidente que este noble propósito, en la práctica, se traduce en un esfuerzo desatado e incluso inescrupuloso para lograr que la oferta sea consumida. No es sólo que las características de los bienes se presenten de manera sugestiva y con creatividad, sino que se disfraza lo ofertado con atributos que pueden no tener ninguna relación objetiva, comprobable, con el producto en cuestión, y cuyo único fin es convencer, casi hipnotizar al potencial cliente. Es una lógica perversa, un absurdo y eterno engaño, que como tal, genera dependencia, adicción, embrutecimiento.

La publicidad aplicada a las campañas políticas adolece de forma patente del mismo vicio. El valor de la elección democrática de nuestros gobernantes radica en que la ciudadanía pueda designar a quienes estime más capacitados para dirigir los asuntos del Estado. Evidentemente, para que dicho propósito sea realidad, se requiere que los ciudadanos conozcan a los candidatos, qué piensan, cuáles son sus valores, sus capacidades, sus propuestas. En una sociedad con miles o millones de habitantes, ello sólo es posible mediante campañas informativas que promocionen a los distintos postulantes. Sin embargo, como vemos en forma patente durante las campañas políticas, más y más esto se traduce rampantemente en llenar las calles de carteles con ridículas fotografías de los candidatos, llenos de frases vacías. Se ha llegado al extremo en que ya ni siquiera es fácil saber a qué partido político pertenecen los candidatos. Así se dilapidan grandes sumas de dinero, atosigándonos con propaganda inútil.

De esta forma, en lugar de lograrse el fin y razón de la democracia, de elegir a quienes tenemos razones para considerar mejor preparados para gobernarnos y administrar los recursos del Estado, simplemente quien más gasta mayores posibilidades tiene de resultar electo, del mismo modo como mayor éxito mercantil obtiene un producto que más se publicita.

La solución igualmente absurda que los mismos políticos han optado para abordar lo anterior consiste en financiar con recursos públicos las campañas políticas. El argumento es que así se garantiza una competencia más equitativa, desvinculada de la capacidad relativa de allegar recursos privados a las campañas, la que aumenta el riesgo de que los gobernantes pierdan independencia al ser cooptados por el poder de los grupos económicos dominantes. Sin embargo, esto acaba traduciéndose en el absurdo en que los ciudadanos terminan pagando las cuentas que los candidatos gastan para tapizar la ciudad de propaganda sin contenidos (recuérdese el escándalo de las facturas falsas de diversos conspicuos políticos con las que pretendieron les fueran reembolsados con recursos públicos los gastos en pegar carteles de sus absurdas campañas).

En lugar de lo anterior, al menos en la arena política, lo que debiera suceder es que el Estado por una parte exigiera un mínimo de contenido en las campañas políticas (por ejemplo, si es un candidato a alcalde, un programa de gobierno, especificando objetivos, proyectos para alcanzarlos, y viabilidad financiera, curriculum de los candidatos destacando su experiencia y formación relativa a las materias que deberá abordar en el cargo público, así como de quienes lo acompañarán durante su administración). En base a lo anterior, el Estado debiera diseñar, usando los canales comunicacionales disponibles, un programa para que los candidatos puedan, equitativamente, dar a conocer sus propuestas. Espacios radiales, televisivos, en prensa escrita, seminarios y debates en universidades y espacios públicos, etc., debieran ser puestos a disposición para los candidatos, con recursos públicos, para que la ciudadanía que lo desee, pueda informarse adecuadamente y formarse una opinión con sustento respecto a quién amerita recibir su preferencia expresada en el voto. La única experiencia parecida a esta propuesta, fue la famosa franja política previa al plebiscito de 1988, donde se desarrolló la recordada campaña del NO.

Sin embargo, lo más probable es que acentuemos el absurdo, gastando cifras estratosféricas con cargo al erario público, que muy posiblemente permitirían financiar un diseño informativo como el propuesto, para seguir generando propaganda cada vez más burda y supuestamente seductora e ingeniosa, que rápidamente termina convirtiéndose en lo que realmente es: basura.

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Foto: Marianne Klock / Licencia CC

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