Existe una serie de requisitos para optar al cargo de alcalde por una comuna en Chile; todos ellos se encuentran explicitados en la LOC (ley orgánica constitucional de municipalidades), además de otras normativas legales concernientes al puesto. Esto significa que existen condiciones precisas, amparadas por la ley, que permiten (o en otro caso niegan) la posibilidad de ciertos candidatos a ejercer el cargo. A días de las elecciones municipales en nuestro país, es de suma importancia reflexionar acerca de este tema.
Acudir a las urnas y votar (más allá de las críticas que pueda atraer) es un proceso que, supuestamente, traspasa el poder de decisión del ciudadano hacia un candidato que representa su postura ideológica, y que, además, cumple necesariamente con los requisitos solicitados por la ya mencionada LOC. Cabe aquí preguntarse, ¿qué más les estamos pidiendo a nuestros representantes?
La interacción de las personas en sociedad no se rige exclusivamente por las leyes escritas. Existen normas sociales que, de una u otra forma, nos entregan criterios morales para juzgar ciertos hechos. Estas normas se han establecido a partir de experiencias pasadas en forma de consensos sociales. De ellas se desprende que, más allá de una lectura cerrada de las reglas establecidas, es necesario aplicar estos códigos sociales para regular nuestra convivencia.
De quien gobernará nuestra comuna no se puede esperar menos que la capacidad de hacerlo en forma correcta; no sólo cumpliendo con el papel legal sino que además demostrando una responsabilidad plena en estos códigos morales.
Esto quiere decir que es absolutamente necesario que nuestros representantes posean, además de las facultades administrativas correspondientes que tanto se solicitan, un piso ético mínimo que se encuentre en armonía con el respeto por la integridad del ser humano.
¿Qué le estamos pidiendo a nuestros gobernantes hoy?
Una gestión que beneficie a la comuna y a sus habitantes, una innovación constante en calidad, confort y tecnología; pero, por sobre todo, solicitamos esa confusa certeza de que “las cosas están bien” sin importarnos de donde provengan.
El caso de Providencia es ejemplar. Su actual edil viene “haciendo las cosas bien” desde 1996. Una gran cantidad de personas aprueba su gestión en ámbitos de seguridad, orden, ornato, administración, calidad de vida, y otras cosas. Pero Cristián Labbé es un hombre de dudosa rectitud moral. Su participación en el organismo estatal de represión DINA lo demuestra.
No se trata aquí de aferrarse al pasado sin mirar el presente; la idea es tomar el pasado como mapa para no perderse en el hoy. No podemos permitir que un hombre como Labbé continúe en el cargo. Necesitamos con urgencia autoridades que representen a un amplio espectro de la población, y que además respeten una condición mínima de dignidad moral.
Quizás sea imposible legislar legalmente este piso ético al momento de elegir candidatos. Queda entonces a los ciudadanos la tarea de informarse debidamente, alejándose de la comodidad práctica, para así enfrentar los cambios necesarios. Es imposible pretender una mejor sociedad si las propias autoridades no están a la altura de semejante desafío.
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