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El controvertido toque de queda en niños, niñas y jóvenes

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El problemático “toque de queda” iniciado por el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres (PS), con la justificación de darle “protección” a los niños y jóvenes, en lo que respecta a su integridad y vulnerabilidad en los horarios de 00.00 a 06.00 am, logró su primer eco en la comuna de Las Condes, encabezada por Joaquín Lavín (UDI), y hoy, pese a los cuestionamientos en la opinión pública, ya suma a las comunas de Lo Barnechea, Peñalolén , Conchalí, La Reina, La Pintana y Colina.


Cabe señalar la improcedencia que tiene un toque de queda a través de una ordenanza municipal, puesto que solo busca vulnerar y restringir derechos, que por lo demás solo es posible de proceder por medio de una ley, siempre y cuando su fin sea justificado

El Estado chileno y por ende los gobiernos de turno, deben ser responsables constantemente de avanzar en materia de derechos y protección de nuestros niños, niñas y jóvenes, garantizando  así su desarrollo pleno. Por ello, es preocupante y llama la atención como este Gobierno se margina y no se pronuncia frente a estas medidas, cuando además en el mes de abril se promulgó la Subsecretaría de la Niñez, a cargo la abogada de la Universidad Católica Carol Bown, y cuya función según lo definido en su creación, es “de colaboración directa del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia en la elaboración de políticas y planes; la coordinación de acciones, prestaciones y sistemas de gestión; la promoción de derechos, diseño y administración de instrumentos de prevención; estudios e investigaciones; y la elaboración de informes para organismos internacionales, en las materias de su competencia en el ámbito de los derechos de los niños”.

En Chile el 26% de los niños y niñas sufre de violencia física o sexual grave en el hogar; hay 20 mil sentencias condenatorias a adolescentes por año; el 47% de la población penal inicia su carrera delictiva a los 13 años; y la prevalencia total para cualquier trastorno psiquiátrico o discapacidad psicosocial en niños y adolescentes es de 22,5%. En suma, de cinco millones de niños, niñas y adolescentes, 1.2 millones de ellos han sido abusados física o sexualmente, o tienen problemas psiquiátricos, adicciones o discapacidad psicosocial. Además, 200 mil niños y niñas están en situaciones inhumanas, donde son atendidos por un sistema completamente fracaso de protección de la infancia que solo sigue vulnerando sus derechos.

Definitivamente existen graves problemas en la implementación de planes nacionales para la infancia y la adolescencia. La Convención del niño niña y adolescente, define claramente en su artículo 19 la obligación que tiene el Estado de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales dirigidas a proteger a niños, niñas y adolescentes ante toda clase de violación de sus derechos. Medidas de protección que señala además “que deben comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño/a y, según corresponda, la intervención judicial”.

No puede no alertarnos que el Gobierno de Sebastián Piñera, pretende imitar a países como Islandia actuando con la política del “garrote y la zanahoria”, que mantiene el abandono de niños, niñas y adolescentes con padres ausentes debido a las extensas jornadas de trabajo con promedios de remuneraciones agobiantes que no alcanzan los $350.000 pesos, y que dan cuenta de los riesgos a los que están expuestos miles de adolescentes, sin derechos básicos garantizados, en barrios inseguros donde conviven con el narcotráfico, la violencia y de la escasez de espacios públicos para la recreación y el deporte. Entonces, este Gobierno que puso uno de sus principales ejes de campaña y de gestión el lema “Los Niños y Niñas primero”, no solo no cumple hoy con esto sino además nos sigue demostrando las incapacidades que tiene, sin propuestas en planes sociales que aseguren la seguridad, educación y los derechos básicos y fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Nos encontramos entonces ante el panorama de las Municipalidades de Quilpué, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén, La Florida, La Pintana, Conchalí y Colina, que deciden realizar una consulta ciudadana para limitar el horario de tránsito de menores de edad por las calles de sus comunas durante la noche, y asegurando que buscan resguardar la integridad y seguridad de los niños, niñas y adolescentes a través de una ordenanza que supuestamente educará a los padres como pasa en Islandia. Entonces, esto nos evidencia que nos encontramos ante una inacción de parte del Gobierno y de la recién creada Subsecretaría de la Niñez, que aún no hace pronunciamiento alguno ante estas aberrantes iniciativas comunales. Por otro lado, vemos el debilitamiento de la idea de la comunidad escolar y la Educación donde se pone como “gran apuesta” volver electivos contenidos trascendentales en los planes educativos como historia, artes y educación física. Sin dejar de lado, que además contamos con un servicio público como el INJUV que ha dado cuenta de sus incapacidades de generar propuestas de políticas públicas para los adolescentes de nuestro país, el cual solo tiene puesto el foco en la generación de trabajos voluntarios, como si este fuera una necesidad en la agenda social.

Cabe señalar la improcedencia que tiene un toque de queda a través de una ordenanza municipal, puesto que solo busca vulnerar y restringir derechos, que por lo demás solo es posible de proceder por medio de una ley, siempre y cuando su fin sea justificado. Es decir, el legislador u otra autoridad sólo podrán proceder a limitar un derecho fundamental cuando previamente haya sido constitucionalmente habilitado para ello, y esta habilitación o autorización sólo podrá provenir de la Carta Fundamental, en virtud del principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 6º de nuestra Carta Magna.

Estos anuncios comunales dejan varias preguntas en relación a qué órgano realizará el control durante la noche, ¿seguridad ciudadana, fiscalizadores? cuál será el procedimiento y si es aplicable o no, ¿un control de identidad y retención del menor de edad hasta que sea entregado a sus padres o cuidadores?. Por ello, estas medidas serían restrictivas de derechos que traen aparejada una evidente discriminación, motivada sólo por los últimos datos que relacionan un aumento de participación de menores de edad en bandas delictuales y que por lo demás no asegura en nada la disminución de este indicador, ya que según estudios internacionales, como el de Campbell Collaboration, han demostrado que los toque de queda son ineficaces porque la delincuencia juvenil se concentra en horas anteriores y posteriores a la del toque de queda.

TAGS: #DerechosDeLaInfancia Toque de queda menores

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Comentarios

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20 de Junio

Interesante tema, eso si, falto un dato que podría justificar, entre quienes la idearon, el toque de queda para jóvenes y es que son los que más droga y alcohol consumen en latino-américa (nuestros país es bastante bueno para tener récords negativos).

Pienso que la mejor solución frente a este y a cualquier otro tema es: educación, educación y educación, las medidas represivas tienden a agravar más que a solucionar.

Saludos.

21 de Junio

Un ejemplo de solución que se aplicó en la ciudad colombiana de Cali, aquí se aplicó la Ciencia de una forma bastante ingeniosa, con excelentes resultados:

Ciencia y sociedad se benefician mutuamente y de formas impensadas

Saludos

21 de Junio

muchas gracias, efectivamente la solución no es la restricción horario en el libre transito. Ya que, si tenemos jóvenes (menores de 17 años) y niños en las calles, es porque algo sucede en los hogares, algo sucede con la política de drogas y sobre todo en la política para combatir el narcotraficante.
Sin duda, la educación es la clave de todo, pero aún tenemos un estado que no garantiza los derechos y es mas fácil criminalizar y castigar a los niños y jóvenes, que enfrentar el problema de fondo.

Saludos.

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