La apertura de una franja gratuita en la radio, estructurada bajo criterios de equidad, contribuiría a democratizar, en parte, las posibilidades de difusión de los mensajes de los distintos movimientos y partidos que hoy participan del proceso electoral, en la comprensión de que no hay nada menos republicano que entregar las decisiones de la ciudadanía al juego del mercado.
Restan dos meses para el comienzo del período de campaña presidencial y parlamentaria y algunos postulantes parecen anunciar que tirarán la casa por la ventana, adelantando una gran inversión publicitaria. A ello se suma la creciente cobertura de los grandes medios hacia el oficialismo, aun cuando sea a punta de conflictos internos. Pero tal desequilibrio de recursos financieros y de acceso a los medios de comunicación se asumen como parte del paisaje.
Un pequeño paso para nivelar este escenario fue la implementación de la franja televisiva para las primarias. Aunque tardía y modificada a pedido de la industria, su discusión permitió asentar importantes principios vinculados al sistema democrático, como la función social de los medios de comunicación, como potenciales promotores de la participación y el pluralismo. El Tribunal Constitucional ( TC), al pronunciarse sobre la ley, razonó que la franja “permite la igualdad de oportunidades, «…desarrollar la democracia, basado en el ejercicio de derechos fundamentales significativos para la libre promoción de ideas…” Asimismo, el TC reafirmó que la televisión es una actividad privilegiada, pues emplea el espectro radioeléctrico, un bien público y limitado, de lo que se infiere que la imposición de ciertas obligaciones está justificada.
Otro de los fundamentos de una franja gratuita y de la correlativa prohibición legal de contratar publicidad electoral en televisión – abierta y de cable- es disminuir el peso del dinero en la decisión popular expresada en el voto.
Pues bien, la radio reúne las mismas características de la televisión: es un medio de alto impacto en la población y usa el espectro radioeléctrico en virtud de concesiones otorgadas por el Estado. No obstante, la ley electoral autoriza a las radios a emitir la propaganda “que libremente contraten” los candidatos (art. 31, Ley 18700), lo que en la práctica se traduce en una ampliación de las ventajas para los partidos patrocinados por grupos económicos, en desmedro de las demás listas y postulantes.
La propaganda electoral pagada en la radio -por acostumbrados que estemos- no responde a un interés general y crea condiciones de discriminación en la contienda política. En otras democracias, tanto la televisión como la radio tienen la obligación de ceder tiempo de programación para estos fines. Por ejemplo, las legislaciones de Argentina y México contemplan la provisión de espacios gratuitos en ambas plataformas. En esta última nación, la propia Constitución garantiza a los partidos políticos “derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social”, asignando tiempos en función del cronograma eleccionario.
La apertura de una franja gratuita en la radio, estructurada bajo criterios de equidad, contribuiría a democratizar, en parte, las posibilidades de difusión de los mensajes de los distintos movimientos y partidos que hoy participan del proceso electoral, en la comprensión de que no hay nada menos republicano que entregar las decisiones de la ciudadanía al juego del mercado.
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