Una agenda autoritaria

El arrebato humorístico del Decano es armónico con el relato del actual momento del movimiento social, desde la perspectiva del oficialismo. De la mano de aquél, La Tercera se empeña también en impulsar una nueva arremetida mediática destinada a reposicionar el “orden público” como elemento de primera importancia en el conflicto social y político.

 

Pese al estruendoso fracaso de la criminalización mediática ensayada en principio, se insistió en legitimar las restricciones al derecho de reunión, expresadas en sucesivas prohibiciones de manifestaciones públicas. Pero la naturalización de las medidas represivas no quedó ahí.

 

En el último período y de manera uniforme, los medios colaboran en la construcción de una agenda caracterizada por la exageración de hechos de violencia, que cubre por completo los problemas no resueltos que han movilizado al país por meses.

 

De otro lado, prestan el soporte necesario para que el Gobierno gane terreno en la imposición de iniciativas que en cualquier país democrático serían motivo de escándalo:  proyecto de ley que castiga con cárcel la toma de colegios y universidades, el empleo de la Ley de Seguridad del Estado y la abierta presión hacia el Poder Judicial para privar de libertad a los detenidos en manifestaciones.

 

Esta agenda autoritaria, fruto tanto de una decisión política como de una distorsión interesada de la realidad, se refleja también en el tono utilizado por el duopolio, que asciende en virulencia. A principios de octubre, La Tercera en una editorial exigía de La Moneda voluntad para aplicar la ley anti tomas, medidas que califica de “oportunas y necesarias”. En la misma dirección saluda como “un cambio de actitud positivo” la invocación de la Ley de Seguridad del Estado.

 

No se queda atrás El Mercurio, que gradualmente viene resucitando expresiones de su época dorada. Desde luego, los ocupantes del Senado son calificados sin más de “violentistas”.  “El despacho de un ministro de Estado fue ocupado…por extremistas” se puede leer en la editorial de 20 de octubre en que se legitima también la aplicación de la citada ley, para enfrentar la “violencia políticamente organizada”.