El anuncio por parte del gobierno de su intención de dictar próximamente un decreto que posibilite la entrega de concesiones de televisión digital ha encendido una alarma justificada acerca de la forma en que se pretende manejar este tema. La preocupación surge debido a que este decreto resolverá la entrega de las nuevas concesiones antes que concluya la tramitación de la ley que regulará el sector.
El paso a la televisión digital no es un debate sobre asuntos tecnológicos ni sobre políticas de telecomunicaciones. Es un debate sobre política de comunicaciones con mayúscula. La nueva tecnología digital traerá la posibilidad de una imagen de mayor calidad para la televisión abierta, la que ven todos los chilenos necesidad de pagar una suscripción. Sin embargo, su principal innovación no será la calidad de la imagen sino el mayor espacio disponible para nuevos canales de televisión abierta, y la decisión que debe tomar el país es a quién y en qué condiciones se entregará la posibilidad de utilizar este nuevo espectro televisivo.
Existe un acuerdo bastante amplio respecto de la importancia de la televisión en la vida de los chilenos. Es nuestro principal medio de información y entretención, y cumple un papel indudable en la formación de los niños, que pasan un promedio de 3 horas al día frente a las pantallas. A su vez, la televisión se ha transformado también en un factor reproductor de las desigualdades de nuestra sociedad. La televisión pagada da acceso a una oferta mucho más amplia y de mayor calidad en sus contenidos de la que pueden acceder las familias que sólo tienen televisión abierta.
También hay un amplio consenso sobre la necesidad de dar mayor calidad en los medios de comunicación en general y, particularmente en la TV, a la diversidad cultural de Chile, permitiendo la expresión de las identidades regionales, los actores ciudadanos y la variedad de producción cultural que hoy se genera en nuestro país.
La llegada de la TV digital es una oportunidad para enfrentar cada uno de estos temas y organizar un uso del nuevo espectro televisivo que sea favorable al logro de una oferta televisiva de más calidad, más plural y que reduzca las brechas de desigualdad entre ricos y pobres en esta materia.
Hacer un contrato más exigente con los concesionarios de televisión, poniendo por delante su función de servicio público, requiere cambios no menores en el marco regulatorio del sector, cambios que está estudiando el Parlamento hace más de un año y en torno a los cuales existe un amplio debate y distintas posiciones. Lo que está en juego es significativo. De esta legislación dependerá el tipo de televisión que tendremos en la era digital, la calidad y diversidad de contenidos a los que tendremos acceso, las oportunidades que se abrirán o cerrarán para nuevos emprendimientos audiovisuales, los beneficiarios de los innumerables negocios que podrán hacerse en torno al sector, y mucho más.
Lo complejo del anuncio hecho por el gobierno es que, pasando por el lado de esta discusión, éste comenzará a entregar concesiones de televisión digital adelantándose a la aprobación de la nueva ley. Eso significa que una vez que ésta se dicte, sus normas serán totalmente inoficiosas porque no serán oponibles a los nuevos concesionarios. Se trata de una vulneración obscena de la institucionalidad, puesto que lo coherente si el gobierno pretende resolver este tema por vía administrativa eludiendo el Parlamento, es que retire el proyecto de ley y sincere sus intenciones. Por nuestra parte, como oposición insistiremos en que se trata de un tema que debe ser debatido en forma amplia y transparente. En democracia esos debates se dan en el Parlamento y no en la oficina de algún asesor del Subsecretario de Telecomunicaciones.
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Comentarios
13 de octubre
¿Será que cuando saquen al minero número 33 otros temas, como este, entran en la agenda y al debate público?
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