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Mundo digital, Estado analógico

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Los mayores desafíos para quienes crean en el potencial democratizador de lascomunicaciones –incluidas las telecomunicaciones- están encerrados en el propio concepto de políticas públicas, tanto en lo que hace a su naturaleza “política”como al carácter público que debiera distinguirlas

“Ya no veo noticieros en TV y dejé de comprar diarios. Me informo casi exclusivamente vía redes y medios digitales”, comentaba hace poco un amigo adicto a la actualidad política nacional e internacional. Cierto es que la cantidad de usuarios de medios digitales y redes sociales crece vertiginosamente y muchos queremos ver en ello la a posibilidad de romper cercos informativos tendidos por los medios masivos.

Sin embargo, el fuerte atractivo que tiene para millones de personas el acceso a espacios de expresión directa genera la ilusión del acceso igualitario y no intermediado, distrayendo de factores sustantivos como, por ejemplo, la propiedad de los servicios de conexión. Las cifras demuestran que en la estructura empresarial del ámbito de las telecomunicaciones, tanto de América Latina, como de Chile en particular, se profundiza la tendencia a la concentración de la propiedad que ya fuera característica de los medios masivos tradicionales.

Así las cosas, el potencial democratizador de las redes se pone en jaque al menos desde dos perspectivas: por una parte, en lo que se refiere a la propiedad concentrada de las empresas proveedoras de internet; por la otra, porque la brecha digital, lejos de reducirse con la profusión de usuarios, parece profundizarse. Sucede que, aun cuando la cantidad de personas que acceden a servicios de conectividad digital crezca a ritmos inauditos, el tipo de acceso y de uso tiene un rotundo sesgo socioeconómico. Esto se explica no sólo por las limitaciones que se desprenden de la capacidad de pago, sino porque las posibilidades de desarrollar competencias para el acceso, consumo y producción de contenidos no se estarían ampliando a sectores vulnerables de nuestras sociedades, sino todo lo contrario.

En este escenario, los pasos que ha dado el gobierno hasta el momento son bastante inciertos, y se resumen en la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones y el anuncio de la generación de una Agenda Digital -que ya existía en Chile en gobiernos anteriores, pero no parece haber un proceso de acumulación de experiencia y de gestión pública en este sentido. El único componente que se habría fortalecido en los últimos tiempos es el de gobierno electrónico, aunque su presupuesto sería minúsculo en relación a las dimensiones de la política pública que, supuestamente, está en juego. En contraste con la ausencia de políticas de Estado, proliferan iniciativas ciudadanas orientadas a evitar los abusos de distinto tipo hacia consumidores/ciudadanos.

En esta rápida evolución que todos transitamos hacia el mundo digital, resulta llamativo que, en tanto que en la dimensión política fue uno de los ejes del debate sobre los medios analógicos durante décadas, el mundo digital parece desplegarse al margen de esa discusión.

Finalmente, los mayores desafíos para quienes crean en el potencial democratizador de las comunicaciones –incluidas las telecomunicaciones- están encerrados en el propio concepto de políticas públicas, tanto en lo que hace a su naturaleza “política” como al carácter público que debiera distinguirlas.

* Bet Gerber es parte de la Fundación FES y analista del Barometro de Equidad de la Fundación Equitas

———

Fotografía: kozumel / Licencia CC

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Comentarios

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Max Peck

01 de junio

Intersante articulo que no dice nada

02 de junio

Así es, Bet. Es procupante, más aun después de las tremendas expectativas que se crearon. Interesante resulta que sin tener estrategia digital tenemos un Plan de Gobierno Electrónico ( se opta por lo operativo antes de dar cuerpo a la mirada global). El Plan me parece bueno en términos generales, sin embargo, tendría mayor valor público si se hubiese convocado a más gente para poder construirlo.
Es interesante advertir cierta paradoja: Piñera señaló que recuperarmos el primer lugar en la región respecto al desarrollo de gobierno electrónico, y es cierto, sin embargo, es evidente que hay una dimensión que no medimos, a menos que el acto de «gobernar por vía electrónicas» se circunscriba a factores técnicos. Hay un ámbito al cual no le hemos generado indicadores, está claro, porque los software, la interoperabilidad, el open source, los servicios en línea, son una parte importante, pero si todo aquello finalmente no contribuye a una interacción más directa y efectiva de los ciudadanos y el gobierno parece tener menos valor público del que le atribuimos. Somos los mejores en lo que se denomina «gobierno electrónico» pero somos el país con el gobierno peor evaluado. Es tal vez semejante a la paradoja que hace que los países que tienen mayor PIB no sean necesariamente los que declaran mayores índices de felicidad.

El problema es que la dimensión humana asociada al uso con sentido de las TIC flaquea y no es considerada en su profundidad, si no solo superficialmente. Comparto contigo mi columna en donde cita dos cartas internacionales que ponen acento justamente en aquello que detecto como brecha. De hecho en el gobierno de la Presidenta Bachelet, logramos un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados que recoge gran parte de estos tema, pero que se quedó atascado.http://elquintopoder.cl/tecnologia/estrategia-digital-otra-deuda-del-gobierno/

Saludos para ti
Erika Silva
Magíster (c) en Gobierno y Gerencia Pública
Universidad de Chile
@esilvau

02 de junio

Llegué acá desde el diario El Mostrador. Es llamativa la ausencia del tema que tocas, que tiene que ver con el aspecto «real», tangible, que mantiene a internet funcionando, y que no tiene nada que ver con la llamada «nube», sino con dinero contante y sonante, e infraestructura bastante sólida y material, que pertenece, como bien mencionas, a unos pocos. La poca profundidad en la integrac{ión de lo electrónico en el gobierno, en realidad, es una tara del sistema político y burocrático, que históricamente constituye una clase absolutamente distinta del resto de la sociedad.

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