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Las malas prácticas editoriales que lesionan la democracia

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¿Qué es el “buen periodismo”? Leyendo una antigua columna en The Guardian, se abordaba la visión del famoso periodista Carl Bernstein, ganador del premio Pulitzer por su trabajo en el caso “Watergate”. Cita Roy Greenslade, autor de la columna en The Guardian, una suerte de “definición” de lo que es “buen periodismo” para Bernstein: “tratar de tener la mejor versión posible de la verdad”. Y, para hacerlo, “se debe ser un buen oyente, escuchando fuente tras fuente tras fuente”.
 
Esta incómoda definición obliga a los periodistas, y a los medios de prensa, a escuchar, lo que no es tarea fácil. Implica, para comenzar, dejar de lado los sesgos ideológicos tan arraigados en algunos de los medios de prensa nacionales, y escuchar con altura de miras a todas las fuentes posibles, a todos los actores involucrados en una “verdad”. Varios medios de prensa nacionales han dado un lamentable espectáculo en los últimos años, imponiendo ciertos criterios ideológicos no a la línea editorial misma del medio en cuestión, sino que al tratamiento mismo de la noticia. 
 
Podríamos discutir durante varias horas respecto al tratamiento que algunos medios han dado a temas como el de las protestas en Aysén (y el triste caso del hombre fallecido en Coyhaique), a las mismas protestas estudiantiles, el aniversario del “27F” con largas columnas atacando al Gobierno anterior y publicando las “listas de víctimas” (¿habrán estos mismos medios publicado las listas de víctimas de otros “eventos” sucedidos en nuestra historia reciente?), y muchos otros casos más. Sin embargo, otra práctica más reciente tiene alcances igualmente graves y lesionan la democracia de manera directa y se da más comúnmente en los medios de prensa escrita: la rutinaria aparición de columnas, “opiniones”, “debates” o similares, en las que una autoridad de Gobierno hace una defensa abierta de su programa sectorial. Dicha práctica sería aceptable solamente si se da el mismo espacio para que la ciudadanía, ya sea a través de grupos organizados o personas, pueda rebatir, debatir y confrontar ideas. Y eso es lo que no sucede, con lo que se otorga una vitrina absolutamente desproporcionada a las autoridades (de gobierno o de instituciones con intereses particulares), en desmedro del necesario debate ciudadano y de la exposición de ideas divergentes.
 
De lo contrario, ¿de qué otra manera puede la ciudadanía informarse sobre la veracidad o real alcance de lo que las autoridades o expertos exponen en dichas columnas o editoriales? ¿De qué otra manera puede la ciudadanía manifestar su discrepancia con las ideas expresadas por el gobierno de turno (o de “expertos” o líderes de opinión), y cómo puede refutar o desmentir afirmaciones realizadas por autoridades? 
 
Un buen periodismo se daría el trabajo de confrontar lo expresado por las autoridades en una columna, con la opinión de la ciudadanía, de las organizaciones de base, de corporaciones o grupos con trayectoria y trabajo en el área respectiva. Si un ministro de salud escribe respecto al fin de las colas en los consultorios, por ejemplo, ¿no sería legítimo conocer la opinión de los funcionarios médicos y la de los propios pacientes? Si otro ministro escribe sobre las cifras de la reconstrucción, ¿no sería esperable contrastar sus opiniones con la de los damnificados, o con la de organizaciones civiles que trabajan desde hace ya más de un año en el tema? Nada de ello ocurre, y para encontrar la opinión de la "disidencia", debemos bucear en medios alternativos, digitales, a los cuales sólo una parte reducida de la población tiene acceso.
 
Si no se otorga la misma tribuna a la ciudadanía y a las organizaciones civiles, lo que se produce es un “mal periodismo”, que no escucha a todas las fuentes y, por lo mismo, no puede llegar a la “mejor verdad posible”. Aunque es lógico que no sea misión de un medio de prensa “entregar la verdad”, al menos debiera entregar la información completa y rigurosa para que la ciudadanía se forme una opinión cabal e independiente respecto a temas específicos.
 
Una última arista de esta práctica es igualmente importante. ¿Es éticamente aceptable que medios de prensa que cuentan con un impacto y cobertura de importancia, ofrezcan tales vitrinas al Gobierno? Más aún, contemplando las numerosas campañas publicitarias del gobierno en los mismos medios (tema que ha sido objeto de críticas tanto ahora como en el pasado), surge el legítimo cuestionamiento sobre la independencia de éstos frente a los cuestionamientos ciudadanos respecto de la gestión de las autoridades.
 
Si bien algunos medios poseen vitrinas como las “Cartas al Director”, éstas no son de gran utilidad si el “Director” decide no publicar las cartas de ciudadanos que refuten a una autoridad después de que ésta haya escrito en una Columna o Editorial. El rechazo a la publicación de las “Cartas al Director” es aún más grave si las cartas rechazadas tienen un sustento técnico elevado, lo que cuestiona aún más la decisión editorial y eleva aún más las dudas sobre la independencia del medio o sobre la existencia de importantes sesgos ideológicos. En cualquier caso, debiesen existir reglas “de uso” transparentes para entender el rechazo a las cartas enviadas (hasta ahora, la mayoría de los medios que ofrecen esta posibilidad sólo limitan las “reglas” al envío de información de identificación, como máximo).
 
Es de esperar que estas prácticas sean corregidas, por el bien de la democracia, y los medios de prensa se comporten a la altura de un país como el nuestro, otorgando la posibilidad a la ciudadanía de confrontar ideas y hechos con el gobierno, y haciendo un “buen periodismo”, escuchando a todas las fuentes. No obstante, no tengo muchas esperanzas de que ocurran cambios en el corto plazo, por lo que la ciudadanía deberá seguir luchando por romper los cercos informativos en una infinidad de temas, antes de que logremos como país impulsar iniciativas de índole normativo, para asegurar la independencia, pluralismo y seriedad de los medios de prensa respecto de su relación con las autoridades de turno y de los contenidos de información cuya naturaleza, interpretación y evaluación, los hagan susceptibles de ser convertidos en material para campañas políticas.
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