Porque la labor de la prensa no conlleva solo derechos, también responsabilidades. Sin criminalizar, pero responsabilidades al fin y al cabo. ¿No fue eso lo que aprendimos, aquello del rol social, en las escuelas de periodismo?
La frase que expongo en el siguiente párrafo fue plasmada en la declaración del Colegio de Periodistas luego de presentada la querella por la ciudadana Michelle Bachelet en contra de los responsables del artículo de la revista Qué Pasa consignando escuchas telefónicas que la involucraban, de oídas, en las oscuras negociaciones del caso Caval.
«La defensa de la libertad de expresión y de prensa, así como el respeto a la honra de las personas, son principios y valores que deben ser defendidos por toda sociedad con estándares democráticos, existiendo múltiples ocasiones en que tales principios entran en colisión y es deber de la sociedad y los ciudadanos hacer un análisis sobre la forma de dirimir tales circunstancias buscando, en todo momento, cautelar el interés público y las garantías individuales».
La frase, que puede sonar de perogrullo, alude a un aspecto que, para los periodistas, es fundamental. La profunda convicción de que no solo en esta sino que en múltiples ocasiones quienes tenemos roles que cumplir debemos aportar a la reflexión con la variedad de matices involucrados. ¿No es aquello, aprovechando la vinculación de nuestra organización con la acción mediática, lo que exigimos a una prensa responsable?
Primer capítulo: La prensa como poder absoluto e inescrutable
En la controversia actual existen quienes esperan que los periodistas respalden a todo evento cualquier acción de las empresas periodísticas (porque muchos medios en realidad son eso, como bien ha recordado un dirigente regional, empresas), pasando por alto el análisis sobre la línea editorial política no solo de Qué Pasa sino del grupo al cual pertenece. Esto junto a la intencionada edición que hicieran de las escuchas en la versión papel de la revista para exponer exclusivamente a Michelle Bachelet y no a líderes de la oposición -también mencionados por Juan Díaz- como el caso de Pablo Longueira. No cuadrarse con esta mirada, hace correr el riesgo de ser tachado de gobiernista.
Segundo capítulo: Periodistas encarcelados
En la otra vereda, están quienes esperan que nos cuadremos con la persecución policial hacia quienes escrutan, molestosamente e incluso con agendas no transparentadas de cara a la ciudadanía, al poder político. Obvian aquellos que los debates políticos y éticos se dan en estos ámbitos y que el sistema de derechos a nivel internacional ha dejado muy en claro que las faltas asociadas al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa no deben ser sujeto de presidio o penas corporales. No dice que la prensa esté por sobre el bien y el mal, sino que su supervigilancia debe ir por carriles que no sean la criminalización. Y el que no se cuadre con la cárcel para periodistas impertinentes o que cometan faltas en el ejercicio profesional, es ingenuo ante decisiones editoriales intencionadas o cae en el juego de las defensas corporativas.
Así las cosas, cualquier postura que osara una reflexión incorporando una mirada integral sería acusada de tibia, amarilla, por una y otra visión. Incluso este mismo artículo puede se reprochado con tales calificativos. Legítimas visiones, por cierto, pero por el tema que nos convoca igualmente escrutables, contrastables e incluso cuestionables. Y tal no es un acto de censura, sino simplemente el necesario intercambio de informaciones, ideas y opiniones. Así lo señalamos en una columna publicada hace ya algunos meses bajo el título “Daría mi vida por tu derecho a defender tus ideas (y por el mío a criticarlas)”.
Esta reflexión está asociada profundamente con lo que hemos planteado como Colegio de Periodistas, bajo la conducción de la presidenta Javiera Olivares, en torno a la necesidad de instituir el derecho a la comunicación en la Constitución: libertades de expresión y prensa, pero también derecho a la información. Lo que planteáramos directamente a Michelle Bachelet a principios de 2015, lo que sugiriéramos ante la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, lo que propusiéramos a la Comisión Engel sobre Probidad, lo que decimos desde hace ya un par de años en todos los foros y espacios a los cuales somos convocados como organización.
Lo primero, probablemente, no requiere mayor análisis porque son las garantías asociadas por lógica a las reivindicaciones de los periodistas (y las personas en general).
Lo segundo, en cambio, implica salir de nuestro espacio habitual y cómodo, y saltar al otro lado del mesón. El de los derechos de la ciudadanía, que muchas veces es víctima de un Estado ausente en materia de generar espacio para el pluralismo, permitiendo la concentración mediática, empresas de medios más bien, cuyo objetivo es solo vender o, incluso, imponer sus visiones ideológicas sin transparentar –como podrían hacerlo- que lo suyo no es informar sino incidir en determinada dirección.
Porque la labor de la prensa no conlleva solo derechos, también responsabilidades. Sin criminalizar, pero responsabilidades al fin y al cabo. ¿No fue eso lo que aprendimos, aquello del rol social, en las escuelas de periodismo?
La censura previa, las penas de presidio, la concentración de medios, la falta de espacios para que la discusión ética entre pares tenga incidencia afectan una buena prensa. Es en aquellos espacios donde debemos actuar.
Y eso es, efectivamente, lo que desde el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas, donde participamos la mesa directiva nacional junto a los presidentes regionales desde las regiones de Arica y Parinacota a Magallanes, hemos propuesto. Eliminar la cárcel para infracciones al ejercicio de la libertad de expresión y prensa (instituida en la Ley de Prensa y el Código Penal), recuperar la tuición ética de los colegios profesionales, y que la Fiscalía Nacional Económica elabore un informe que dé cuenta de la concentración mediática que afecta el derecho de la ciudadanía a estar bien y pluralmente informada, a escuchar más voces.
Esto, de la mano con nuestra visión de buscar mecanismos para garantizar que sigan existiendo medios privados, pero también medios públicos y de tipo social o comunitario, sin fines de lucro. Los necesarios tres sectores de la comunicación.
No avanzar en esto, simplemente hará que el necesario debate que ha generado este episodio no sea más que un bullicio extremo que nos hará creer que todo cambia para que, a fin de cuentas, todo siga igual.
Comentarios
09 de junio
Por favor, cite el nombre del derecho completo: DERECHO A LA INFORMACION VERAZ, OPORTUNA E IMPARCIAL.
No es derecho a la informacion a secas. Es VERAZ, OPORTUNA, IMPARCIAL. Si no es así, no es información, sino dato, chisme, propaganda… Y lo que le pasa al mundo del periodismo (chileno y mundial) es que se estan olvidando que la información tiene que ser veraz, oportuna, imparcial.
Que los medios, que los medios… ¿Cuantas veces a la semana periodistas publican o salen en television diciendo cosas que luego resulta que no son ciertas, y no porque el dueño del medio les dice que mientan, sino porque no se toman el trabajo de investigar? Ni que decir la pesadilla que es leer algunas notas de prensa: mal redactadas, pésimamente traducidas, un desastre. ¿Eso tambien es culpa de la concentración de medios o del Estado, o es culpa del que escribe sin usar el corrector de Word?
Oh, pobres periodistas criminalizados. Ajá. Gente que se cree cualquier cosa que aparece en Twitter, y que la dan como «gran noticia bomba», para luego venir con el «ups!, sorry, no era cierto». ¿Pobres periodistas? Pobres los ciudadanos que tenemos que soportar la paupérrima calidad de los que están en los medios.
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