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Derechos sociales y allanamientos de radios comunitarias

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El pasado 15 de diciembre, la radio comunitaria Aukan de San Fernando fue allanada por la PDI, la que decomisó sus equipos de transmisión y detuvo a dos personas. Esto, a raíz de una denuncia que habría sido ingresada a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), antecedentes que posteriormente fueron entregados a fiscalía, determinándose así la acción policial. La situación no es nueva; con esta ya son seis las iniciativas comunitarias de este tipo que han sido silenciadas por la autoridad en el último tiempo.


Dando espacio y visibilidad a las voces sociales válidas y necesarias para la profundización de nuestra incipiente democracia formal, mediante esfuerzos comunicacionales que buscan romper el cerrado cerco instalado.

En efecto, la radio Manque de Rancagua también sufrió, en octubre de este año, la interrupción de sus transmisiones, así como también la emisora mapuche Nueva Voz de Braunau, en Puerto Varas, durante febrero. Episodios que son avalados por la Ley General de Telecomunicaciones, echada a andar en 1982, y que establece en su artículo 36 b, letra a, que “comete delito de acción pública el que opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente, y el que permita que en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte, operen tales servicios o instalaciones”.

La democracia silenciando voces con las armas normativas de la dictadura, dentro de un contexto en el que la discusión en el Chile del 2015 acerca de las grandes desigualdades sociales existentes alcanza el área de las comunicaciones. Por ejemplo, respecto del uso equitativo del espectro radioeléctrico, como bien público de libre disposición para la emisión de información televisiva y radial, asegurando con ello el derecho social a la libre expresión e información de las personas. Porque cuando una radio comunitaria es allanada y sus equipos de transmisión son requisados, a los golpes incluso y sin documentos que avalen la acción, no sólo es vulnerado de manera inaceptable el derecho social de la emisora a la expresión, sino también el de las personas, de las comunidades, a la información.

Estas prácticas, contrarias a lo establecido en el artículo 19 de una Constitución deslegitimada no sólo a causa de la naturaleza de su origen, sino además gracias a estos y varios otros groseros e impunes incumplimientos, son las que favorecen la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en cuanto herramienta para la mantención de lo establecido, lo cual responde a una visión profundamente ideologizada de la sociedad. En esta dirección, se hace indispensable incorporar en la discusión constituyente a desarrollar en lo venidero la garantía efectiva del derecho a la comunicación en sus tres componentes, como son libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información, además de establecer definiciones para una distribución equitativa del avisaje estatal, de modo de permitir el desarrollo inclusivo del tercer sector de las comunicaciones (junto con el público y el privado), como es el perteneciente por derecho humano a los medios comunitarios y ciudadanos.

En un escenario social en el que la manipulación de la información ejecutada por los grandes medios, propiedad de los monopolios dueños del país -prensa escrita, específicamente- se permite pasar por alto de manera burda y desvergonzada un caso como el Milicogate, la existencia pluralista y democrática de medios alternativos al discurso desinformador resulta imprescindible a la brevedad.

Hace algunos días se llevó a cabo en Pichilemu el Tercer Encuentro Nacional de Canales Comunitarios, ocasión en la que distintos representantes de televisoras independientes del país, agrupados en la Asociación Nacional de Canales Comunitarios de Chile, se dieron cita para abordar objetivos comunes destinados a fortalecer la comunicación territorial. Dando espacio y visibilidad, al igual que sucede con las radios comunitarias, a las voces sociales válidas y necesarias para la profundización de nuestra incipiente democracia formal, mediante esfuerzos comunicacionales que buscan romper el cerrado cerco instalado.

El actual escenario social representa un ineludible punto de inflexión que señala a seguir una dirección distinta, en una época que ya inició su proceso de cambio. Y en ello, la democratización de los espacios que permitan y fomenten la participación de nuevas voces sociales, representativas de sectores largamente excluidos, resulta un elemento indispensable para esta nueva construcción, tendiente a la desconcentración de la propiedad de los medios mediante una regulación redistributiva que estimule la diversidad, el pluralismo y ayude a evitar escenarios cruzados por conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción, debiendo ser el derecho a la comunicación parte relevante de la discusión constitucional que se avecina.

La confluencia de esfuerzos en pos de objetivos comunes, como los desplegados por medios comunitarios en cuanto la recuperación de derechos sociales, representan avances irrenunciables hacia la madurez cívica y democrática que como sociedad debemos alcanzar, con altura de miras y sentido de futuro, en un momento de nuestra historia que reclama nuevos protagonismos.

TAGS: Derechos Sociales Ley General de Telecomunicaciones Medios comunitarios

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