A pocos meses de la Conferencia Río+20 el debate en torno al calentamiento global se ha intensificado. En torno a Río+20 se alzan voces de detractores y entusiastas, producto de los sinsabores que dejaron las conferencias internacionales en Copenhague 2009, Cancún 2010 y en Durban semanas atrás, al no lograr resultados convincentes.
Los datos del calentamiento global y las amenazas concretas que implica ya no son secretos para nadie, como tampoco lo son los factores responsables del cambio climático y, por lo tanto, los caminos hacia posibles soluciones.
El famoso Informe Stern se publicó ya en el año 2006, sin embargo, sus recomendaciones aún no han tenido efectos prácticos. El Informe propone una rápida respuesta a nivel internacional “basada en una visión compartida de metas a largo plazo y enmarcado en un acuerdo que acelere la acción en la siguiente década y que sea construido en base a acciones que se refuercen mutuamente a nivel nacional, regional e internacional”. Allí se calcula que la inversión necesaria para mitigar los efectos del cambio climático equivale al 1% del PIB anual mundial, en tanto que, de no efectuarse tal inversión, la recesión podría implicar una disminución de un 20% del PIB mundial.
Entre las principales recomendaciones del Informe Stern se destacan:
– el comercio de emisiones que favorezca a los países en desarrollo;
– la cooperación tecnológica para mejorar la eficiencia energética;
– la implementación de nuevas tecnologías que sean bajas en emisiones de carbono;
– la reducción de la deforestación, y
– el apoyo de los países ricos a los más pobres para implementar medidas de adaptación.
Su principal conclusión es que los beneficios de una acción firme y pronta en materia de mitigación de emisiones superan con creces los costos.
En el centro de una estrategia para enfrentar el cambio climático está la política energética. Cierto es que las toneladas del CO2 que afectan al planeta no tienen nacionalidad y, por ende, requieren soluciones globales, pero también es cierto que se necesitan políticas que desde el nivel nacional apunten a reducir el nivel de emisión de los gases de efecto invernadero.
Cualquier estrategia energética parte de una tesis sencilla: la mejor energía es la que no se gasta, es decir, el primer paso es un programa de ahorro de energía que desligue el crecimiento económico del consumo energético. Una segunda columna fundamental para la construcción de una política energética ecológicamente sustentable, económicamente competitiva -social y políticamente aceptable y aceptada- es el aumento de la eficiencia energética. Como tercer elemento se requiere un concepto para el desarrollo de energía renovable.
¿Cómo llegar a una estrategia de esta naturaleza? Desde ya no podrá ser producto exclusivo de grupos de expertos, ni mucho menos, de los asesores de los grandes consorcios energéticos. La sustentabilidad es, por sobre todo, un concepto social porque implica el uso responsable de los recursos naturales. Se trata de tomar decisiones hoy pensando en el mañana. En este sentido, por ejemplo, la vía de la energía nuclear no es sustentable ya que produce una herencia de desechos nucleares para varios cientos de miles de años, cerrando opciones para el futuro.
La sustentabilidad está íntimamente ligada con un proceso de toma de decisiones participativo y democrático. El diálogo entre la sociedad y la política para diseñar una política energética sustentable es indispensable desde el momento en que todas y todos estamos afectados. Cuando falta este diálogo se amplía la brecha ya existente entre sociedad civil y mundo político, se profundiza la tan mentada crisis de representatividad y las soluciones que se pretende adoptar carecen de legitimidad.
Estos temas estarán en el centro del debate este lunes, en el seminario internacional
“Cambio climático: un reto político”, organizado por la Fundación Friedrich Ebert y la Presidencia del Senado de Chile, en el que participarán Dimitri Zenghelis, coautor del Informe Stern, hoy referencia obligada sobre el tema, junto a Luiz de Carvalho, asesor especial del ministerio del Medio Ambiente de Brasil, quien hará aportes desde una mirada regional. Hemos invitado, además, a especialistas nacionales para explorar caminos que enfoquen el desarrollo de modo más responsable en Chile, enfrentando también el impacto de las actividades mineras en esta materia.
Por sobre todo, en la convicción de lo imprescindible que resulta integrar la dimensión política para pasar a la acción, compartiremos este espacio con parlamentarios y parlamentarias que sobresalen en materia medioambiental.
El seminario “Cambio climático: un reto político” quiere ser un aporte a la construcción de una política energética sustentable en Chile, una política que apunte hacia un modelo de desarrollo limpio, seguro, justo y competitivo. Que los distintos sectores involucrados se comprometan en un debate abierto, podría ser el comienzo para el diseño de una verdadera política energética democrática.
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