Las evaluaciones se convirtieron en manifiestos de intereses político-empresariales, manipulando el modelo y la ley, transformando las intenciones en un atado de ilegalidades, sustentados en un protocolo de evaluación ambiental deficiente y fácilmente manipulable.
Pocos saben que la cuenca del Baker al sur de Aysén, donde HidroAysén pretende construir sus cinco represas, es compartida con la Argentina. Las aguas del río Baker como las del Pascua entran en la definición de aguas compartidas.
Pocos saben también que existe desde hace décadas un tratado en conjunto con la república Argentina, para la preservación de estas cuencas, que no ha sido tomado en cuenta en el tema de HidroAysén.
Existe un tratado que fue redactado en 1991 y firmado bajo el gobierno de Patricio Aylwin Azocar, que fue suscrito en Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Promulgado bajo el decreto supremo número 67 del año 1991, publicado el 14 de abril de 1993 en el diario oficial La Nación. En el documento ambos países se comprometían a cuidar de todas las cuencas compartidas existentes y que estas grandes masas de agua se regirían bajo el protocolo específico adicional sobre recursos hídricos compartidos entre los dos países que está en el anexo del tratado obligando a Chile y Argentina a respetar el protocolo y de informar de manera oficial de cualquier intención de intervención antes de permitir concretar intromisiones privadas y proyectos de desarrollo.
Hasta la fecha este tratado para el buen uso de los recursos hídricos de ambos países, no se ha cumplido a cabalidad. Es un tratado de vital importancia para el desarrollo sustentable del futuro de las cuencas, de ahí su origen. Porque presupone un cuidado especial de las comunidades que las habitan, por haberse entendido ya en ese entonces, de los peligros reales para las futuras generaciones que habitan en los territorios de estas cuencas, de las posibles intervenciones por las transnacionales. Estas cuencas son estratégicas para el desarrollo futuro de los países, que necesitan ser preservadas y utilizadas en forma sustentable si se quiere preservarlas.
El tratado es muy específico en su redacción y dice claramente que solo cuando se cuente con un plan estratégico general en común de ambos países para su utilización y con un estudio previamente aprobado por los dos países, sólo en ese instante y nunca antes, se podrán evaluar proyectos privados de desarrollo.
La evaluación ambiental a la cual fue sometida HidroAysén, omite totalmente el tratado. El gobierno no ha presentado hasta ahora ningún plan general de uso de cuencas compartidas al gobierno argentino. Por lo tanto, no se hace participe de sus obligaciones y de sus efectos, en una actitud inexplicable, dejando al tratado fuera de orden al evaluar la intención de HidroAysén sin el tratado y debería por derecho propio denunciar su incumplimiento.
Las implicancias de proyectos mal evaluados como HidroAysén, no son sólo para la flora y fauna de los territorios pretendidos. También producen importantes modificaciones en la proyección de vida de los habitantes y de las comunidades, que cambian todo su proceso de desarrollo social, cultural y económico, de una variable social que el estudio de impacto ambiental presentado por HidroAysén ha omitido y no ha tenido la capacidad de especificar con información certera de cómo las comunidades serán afectadas y de como se podrían atenuar los impactos.
El incumplimiento de los deberes que se ha cometido en los procesos de evaluación de estos proyectos que son de alta complejidad por lo que significa tal intervención territorial, geográfica y social, pone de manifiesto la nula intención de querer llevar adelante la exigencia del tratado por parte del gobierno, presentando un informe de intervención de cuencas.
Finalmente las evaluaciones se convirtieron en manifiestos de intereses político-empresariales, manipulando el modelo y la ley, transformando las intenciones en un atado de ilegalidades, sustentados en un protocolo de evaluación ambiental deficiente y fácilmente manipulable.
El informe de la Cámara de Diputados a través de su comisión de derechos humanos, que expuso en su investigación, la ilegalidad de la forma en como se aprobó HidroAysén, debería haber sido suficiente para parar el proyecto definitivamente. Si a eso le sumamos el incumplimiento del tratado, en un país que dice basar su imagen internacional precisamente en el respeto de los tratados internacionales, entendemos que finalmente HidroAysén esta fuera de orden.
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