Durante los años 2007 y 2008, cuando arreciaba la oposición al proyecto HidroAysén en la región, desde la sociedad civil se impulsó una fuerte ofensiva para que el Estado chileno cumpliera con el Tratado de Medio Ambiente suscrito en agosto de 1991 con Argentina. En específico, con el Protocolo adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos que se anexa a dicho acuerdo bilateral.
El argumento principal era que el artículo 5º del protocolo establece que “las acciones y programas de aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos se efectuarán en forma coordinada o conjunta a través de planes generales de utilización”. Esto, bajo el concepto del “manejo integral de las cuencas hidrográficas” buscando “no causar perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a la cuenca común o al medioambiente”.Es momento de que los organismos involucrados pongan atención en lo que ocurre. Y que no llegue a convertirse esto en un nuevo foco conflicto internacional.
El planteamiento de las comunidades y la sociedad civil era claro. Si Chile pretendía intervenir los ríos Baker (tributario de la cuenca binacional del Lago General Carrera/Buenos Aires, el segundo más grande de Sudamérica) y Pascua (que nace del Lago O’Higgins/San Martín) debía entrar en un proceso de diálogo con el vecino país.
En la ocasión, a pesar de la alerta que generó entre los argentinos llegando incluso a ser tema de prensa nacional, la respuesta del gobierno chileno fue decepcionante. La Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería en momento alguno estuvo disponible para involucrarse en forma protagónica en la discusión e incluso en el marco de la evaluación ambiental no hizo observaciones al respecto, desentendiéndose de lo que el Tratado de Medio Ambiente establece sobre recursos hídricos compartidos. El caso de la dirección General de Aguas (DGA) fue aún más complejo. El titular de la época, Rodrigo Weisner, dio por cerrado el asunto argumentando que “los puntos donde están los derechos de aprovechamiento (de HidroAysén) están en aguas 100% chilenas».
Ante esto, se advirtió que tanto la postura del ministerio de Relaciones Exteriores como de la DGA podrían tener consecuencias futuras negativas para los intereses del país. Se dijo que la posición esgrimida por el Estado chileno daría pie a que posteriormente Argentina quisiera intervenir las cuencas aguas arriba de lagos o ríos también emplazados en Chile y asumiera una posición homologable. Y al parecer, llegó el momento.
El 19 de septiembre pasado el diario Crónica de Comodoro Rivadavia difundió una noticia que podría entenderse como una alternativa de solución a la escasez hídrica de esa zona de la Patagonia trasandina. Si no se toman cartas en el asunto por parte del Estado de Chile, podría transformarse también en una pesadilla para las comunidades que viven en nuestro país.
“Incluyen el acueducto Lago Buenos Aires en el presupuesto 2016-2018” decía la nota. En ésta se explica el mega proyecto de trasvasije de agua hacia una decena de ciudades trasandinas, entre ellas Los Antiguos, Perito Moreno, Puerto Deseado y Caleta Olivia. Se trata de una inversión inicial de tres años proyectada en U$ 1.229 millones, con un horizonte total de U$ 5.000 millones. Según el anteproyecto del ingeniero del Ministerio de Planificación Federal Jaime Álvarez este implicaría “la elevación de la cota del lago y su repotenciación para lograr un caudal de 30 mil litros/hora, que serían trasladados por un canal-acueducto a cielo abierto de 658 kilómetros para abastecer a localidades de la zona norte e irrigar 60 mil hectáreas que se aprovecharán para emprendimientos agropecuarios e industriales”.
Por lo pronto, se han encendido las alarmas en suelo chileno. En redes sociales se ha expresado preocupación sobre el anuncio, no teniéndose claridad alguna sobre el cumplimiento del gobierno argentino de lo que mandaba el Tratado de Medio Ambiente y el Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos, y menos aún de los eventuales impactos ambientales, sociales y económicos que aquello generaría en la cuenca binacional, considerando que localidades como Chile Chico, Puerto Ingeniero Ibáñez, Puerto Río Tranquilo, Puerto Bertrand y Caleta Tortel, entre otras, dependen del agua de la principal cuenca hídrica del país.
Por cierto que la posibilidad de colaborar desde Chile a que los países vecinos solucionen diversas dificultades, más aún en un aspecto tan relevante como el consumo de agua potable, es algo que se debe considerar. Sin embargo, esto debe contemplar necesariamente el respeto de los tratados internacionales, además de las variables ecosistémicas y sociales involucradas.
El problema es que lo que informa la prensa es, al parecer, una decisión tomada. Una en la cual a las comunidades, por lo menos del lado chileno, nunca se les ha consultado su parecer. Es momento de que los organismos involucrados pongan atención en lo que ocurre. Y que no llegue a convertirse esto en un nuevo foco conflicto internacional. Uno en el que nos encontramos debido a equivocadas decisiones tomadas en el pasado para proteger los intereses de un proyecto que, aunque no se quiera, nos persigue hasta el día de hoy.
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