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Termoeléctrica Barrancones: crónica de una aprobación anunciada

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A las 8:30 AM la Corema de Coquimbo se reunió a votar la aprobación o el rechazo del proyecto termoeléctrico Barrancones, de la empresa Suez-Energy. El resultado de la votación: luz verde para la planta a carbón en La Higuera, a unos 25 kilómetros de la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional de Pingüino de Humboldt.

Este resultado no es una sorpresa. Es algo largamente sabido, y no porque el proyecto sea un acierto energético. Tampoco porque sea imprescindible.

La verdad incómoda de esta historia es que, finalmente, lo que define si un proyecto es viable no son los argumentos técnicos, sino las presiones empresariales y políticas. Barrancones no es la excepción.

Si abriga alguna duda, sólo revise los pronunciamientos de los servicios sectoriales de la Cuarta Región en el Sistema de Estudio de Impacto Ambiental.

El cambio de postura de los servicios en las últimas semanas fue categórico. Sobre todo porque reconocen importantes falencias en el proyecto, pero a diferencia de pronunciamientos anteriores, dan su visto bueno. Y no fundamentan por qué cambiaron su apreciación.

Por ejemplo Conaf, que durante la mayor parte de la tramitación de Barrancones constató que Suez no tomaba en cuenta los efectos de la apuesta energética sobre la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, razón por la cual se manifestó inconforme. Hoy nada ha cambiado, excepto que la Corporación Nacional Forestal dio su aprobación y sólo exigió algunas mitigaciones y condiciones a la empresa.

El caso más emblemático es el de la Gobernación Marítima. Era el único servicio que mantenía observaciones a la termoeléctrica, junto a la municipalidad de La Higuera. Entre otros puntos, criticaba omisiones e inexactitudes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la falta de antecedentes científicos que aseguraran que las medidas adoptadas eviten causar daño en la flora y fauna marina. Eso fue el 4 de agosto pasado. Ayer y a última hora, sin mediar ningún cambio del proyecto ni justificación alguna, la gobernación mostró su conformidad.

La aprobación de Barrancones abre la puerta a otra central termoeléctrica en carpeta en La Higuera: Cruz Grande, de la Compañía Minera del Pacífico (CMP). El consultor ambiental tras el proyecto es Ricardo Katz, ex jefe en Gestión Ambiental Consultores (GAC), de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.

Si revisamos una serie de casos termoeléctricos emblemáticos, que contaron con un fuerte rechazo ciudadano y que afectaban directamente a los habitantes y su entorno, como la termoeléctrica Campiche de AES Gener, queda claro que, pase lo que pase, contamine lo que contamine o se instale donde se instale, siempre se encuentra la fórmula para despejar el camino a los proyectos energéticos.

En el caso de Campiche, pese a que se logró detener la construcción de la central a través de la Corte Suprema, los ministros de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y de Interior de la época, Patricia Poblete y Edmundo Pérez Yoma, modificaron una ordenanza que logró legalizar la situación de la empresa.

Otra central que tiene un destino predecible, es la termoeléctrica Castilla, en Atacama. El lobby que la primera fortuna de Brasil, Eike Batista ha desplegado para instalar en Chile este proyecto, incluye niveles diplomáticos. El propio Lula da Silva envió a su canciller, Celso Amorim, a hablar con su par, Mariano Fernández.

Luego de esa conversación, en febrero pasado, la pista para Castilla empezó a allanarse. Tanto que el nuevo Seremi de Salud, Raúl Martínez, cambió la calificación que su antecesora le dio a la central, que pasó de ser “contaminante” a “molesta”. Hoy, la evaluación ambiental del proyecto está detenida por una orden de no innovar de la Corte de Apelaciones Copiapó.

En el caso de Barrancones, pese a los esfuerzos de los vecinos, de científicos, de autoridades regionales, de algunos parlamentarios, de las 25 mil firmas que se entregaron al Presidente Sebastián Piñera para frenar la central, e incluso a la promesa del mandatario durante su campaña de que no aprobaría ningún proyecto que atentara contra el medio ambiente, la vuelta de carnero de los servicios sectoriales daba ya una potente señal de que los votos serían a su favor, como efectivamente lo fueron.

* Claudia Urquieta, periodista, magíster en Medio Ambiente.
Twitter: http://www.twitter.com/claudiaurquieta

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Foto: Salvemos Punta de Choros – Cristián alias Verde / Licencia CC

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24 de agosto

Excelente entrada, Claudia. Consultas: ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Existe alguna instancia de apelación a la decisión? ¿El Presidente puede vetar la aprobación dada por el organismo?

24 de agosto

Hay que apelar al Consejo de mInistros, que podría revertir la decisión. Los que hicieron observaciones ciudadanas y no quedaron conformes con las respuestas pueden apelar a esto. Creo que tienen 15 días.
Lo otro es que se judicialice el tema, que seguramente es lo que pasará.

24 de agosto

o lo otro es que ahora Piñera diga que no a la Termo y quede como el salvador, o sea que todo sea manipulación.

24 de agosto

Disconformidad, descontento, rabia, amargura por tener que convivir con personas que no respetan absolutamente nada. ¿Tenemos lo que merecemos? ¿El pueblo se vende fácilmente a un grupo de chaquetas rojas? ¿La «social» concertacion jugo y profano el sueño de muchos?. Sinceramente creo que ya el circo empezó la función hace rato y solo deberemos esperar que el animador se despida o quemar el circo.

24 de agosto

No me extraña todo esto, si consideramos que hace tiempo estamos en un capitalismo crony, un sistema –aparentemente de libre mercado- donde las corporaciones empresariales obtienen poder económico no por su competitividad o innovación sino que gracias a sus conexiones cercanas al gobierno de turno, los favores y ventajas económicas que éste les asegura.

Y esto no depende del sector o color que sea el gobierno, porque los nexos, favores, privilegios y nexos siguen existiendo entre las autoridades estales y el empresariado (privado o burocrático), mediante el cual las corporaciones empresariales (privadas o mixtas) y entonces los antiguos ministros pasan a administrar las grandes corporaciones.

Esa lógica no sólo se da en sociedad que en general se consideran capitalistas, sino también en los llamados estados socialistas o comunistas, donde los burócratas más cercanos a las altas cúpulas dirigenciales partidarias o estatales, obtienen beneficios económicos como tierras, subsidios, exenciones tributarias o adjudicaciones automáticas en forma de estatización.

cindy-iriarte

24 de agosto

Para qué estamos con cuentos, si hace rato que el Estado no está al servicio de los ciudadanos sino que de los dueños de Chile, los mismos a los que se refieren los Ministros de Hacienda –graciosamente– cuando dicen que hay que fijar el salario mínimo en una cuantía tal que permita cuidar los intereses de los que dan empleo (sic?), como si el trabajo fuese una concesión del capital, y no al revés.

¿Qué haremos para dotarnos de representantes electos que de verdad cumplan sus promesas electorales; velen por el respeto por la vida y la salud de los trabajadores y de los ciudadanos todos?

¿Cuándo vamos a obligar a las empresas y a los funcionarios públicos a entender que las empresas sólo tienen licencia de los ciudadanos para hacer negocios legítimos en Chile y para obtener ingresos y acumular riqueza si es a cambio de crear valor y bienestar para los demás y siempre que respeten y cuiden el medio ambiente para las generaciones actuales y futuras?

http://www.graciasalavida.cl

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