Santiago, ¿crecer o no crecer?

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Los salarios más elevados de la capital están directamente relacionados a la productividad y por lo tanto con el PIB regional. Si este indicador se corrigiera descontando los costos urbanos en términos de polución, congestión, logística, dependencia agrícola y otros, las ciudades pequeñas y medianas serian mucho más competitivas.

En Chile un 40% de la población y un 47% del PIB, además de la élite económica y política, se concentran en la Región Metropolitana. Esto lleva a cuestionar el hecho de que la capital se siga expandiendo mientras el resto del territorio nacional se deja en segundo plano. Pero las grandes ciudades crecen porque las personas deciden instalarse y permanecer en ellas, lo que no puede impedirse por decreto. Y si la población aumenta hay que proveer vivienda digna, suficiente y asequible, sea en altura o extensión. Para resolver esta paradoja es necesario analizar por qué las familias se instalan en Santiago y cómo esta decisión es determinada en gran parte por incentivos económicos que fomentan la distribución espacial insostenible de las actividades humanas.

A primera vista cuesta entender por qué, si los costos de vida y la calidad ambiental son más favorables en ciudades pequeñas, las personas tienden a emigrar de ellas. Esto ocurre porque en las grandes hay mejores salarios y más oportunidades de empleo. Las empresas también obtienen ventajas de mercados laborales más grandes y de redes de producción más completas. Así, la decisión de instalarse en un lugar se toma por la diferencia entre beneficio y costo, no solo por ahorro. Todo esto corresponde a un fenómeno de concentración territorial, que no debe confundirse con la falta de descentralización real en Chile, que es un asunto de distribución de poder político y de legitimidad democrática. Hay muchísima evidencia que explica como las ventajas de aglomeración favorecen la productividad (Marshall, Krugman, Strange, Glaeser y otros), tema que no abordaré aquí porque a mi juicio hay dos errores fundamentales previos que este tipo de análisis ignora.

El primero es que la medición del crecimiento según el PIB es aberrante, ya que solo suma el valor agregado sin descontar el que es consumido. Por ejemplo, una mina produce contaminando un río, lo que no se resta de sus ventas. Luego una estación depuradora limpia el agua y cobra por el servicio. Y el valor agregado de ambas se suma íntegramente. En palabras del premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, medir la economía con el en PIB es como evaluar una empresa por el volumen de ventas sin considerar los costos de producción ni el consumo de capital. Receta segura para la quiebra y para una catástrofe ecológica. La ONU y el Banco Mundial publicaron en 2012 los resultados del Inclusive WealthIndex (IWI), un indicador que descuenta la destrucción del capital natural del desempeño total de la economía. Los resultados son claros: países como China y Brasil, ejemplos de crecimiento, están casi al mismo nivel de riqueza por habitante -humana, industrial y natural- que hace 20 años. En el caso de Chile, el ritmo de crecimiento del IWI es cinco veces menor que el medido por el valor agregado. No conozco estudios que corrijan la productividad urbana con este tipo de indicadores, pero esta brutal diferencia entre PIB y una medición más completa de la riqueza territorial es varias veces superior al incremento de productividad estimado por los modelos de ventajas de aglomeración. Sólo seguimos en este absurdo por un abuso de poder: el de los grandes intereses económicos que bloquean reformas de contabilidad que les implicarían asumir costos ambientales y perder rentabilidad.

Una segunda distorsión grave es la concentración de funciones gerenciales en las grandes ciudades. Por ejemplo, las forestales, pesqueras y mineras explotan y agotan recursos en amplios territorios. Pero como estas empresas tienen sede en Santiago, las actividades de gestión, de inversión y exportación se imputan a sí mismas una parte exagerada del valor agregado. En otras palabras, los jefes se suben los sueldos y estimulan así toda la cadena de servicios y de consumo en la capital. En ausencia de mecanismos efectivos de negociación sindical y de normativa ambiental adecuada, nada garantiza que los empleados en regiones reciban una retribución justa ni mucho menos que la población de estos territorios reciba compensaciones por la apropiación de recursos naturales locales. El análisis de economías de aglomeración explica la concentración de las funciones superiores, pero ignora las asimetrías del mercado laboral que castigan injustamente la retribución del trabajo menos calificado dentro de empresas que operan en distintas regiones.

En resumen, los salarios más elevados de la capital están directamente relacionados a la productividad y por lo tanto con el PIB regional. Si este indicador se corrigiera descontando los costos urbanos en términos de polución, congestión, logística, dependencia agrícola y otros, las ciudades pequeñas y medianas serian mucho más competitivas. Además, el fortalecimiento del poder sindical contribuiría a elevar el ingreso en territorios donde se extraen y procesan recursos naturales, siendo así un incentivo eficaz para la desconcentración de la población y para reducir el impacto ambiental urbano.

Entonces, la disyuntiva de la concentración metropolitana no es un problema de legitimidad de las decisiones individuales de localización. Sí es un problema de incentivos perversos generados por una mala medición global y por una peor distribución interregional del valor agregado. Y más que un asunto técnico, la solución pasa por equilibrar la relación de fuerzas dentro de las empresas y entre las regiones.

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Foto: Emerson Alecrim / Licencia CC