Para hoy, miércoles 19 de agosto, está convocada una nueva sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC). La última fue el 30 de abril, cuando la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) presentó dos informes técnicos: el 694/2013 para nuevas áreas apropiadas para la acuicultura (AAA) en el litoral norte de Aysén, y el 117/2015 enfocado a Tortel. Producto de un intenso debate -según consigna el acta– ese día no hubo votación.
Pasó poco más de un mes y, con el objetivo de que la comisión resolviera particularmente sobre el informe 694/2013 asociado a la afectación de nuevas AAA para la relocalización de concesiones al norte de la Península de Taitao, el 11 de junio se llamó por última (y frustrada) vez a sesión. Sin embargo, dado el rechazo que generó en la población tal iniciativa, pocos días antes de su concreción se suspendió la reunión y se informó el retiro de la consulta de la propuesta a la CRUBC.Y aquí nos encontramos hoy. Con la convocatoria a una sesión donde se abordarán varias materias. Lo primero, el retiro de la propuesta de salmonicultura en Tortel y el anuncio de una solicitud a la Subpesca para desafectar de AAA para especies exógenas en el sistema de fiordos y canales asociados a esa comuna.
Pero claro, a la Subsecretaría de Pesca (no de Peces) le corresponde abrir los cerrojos que viabilicen los intereses de sus diversos usuarios. Aunque, en realidad, a veces existan incompatibilidades entre el negocio de unos (salmoneros) y las actividades de otros (pescadores artesanales). El uso de disímiles sustantivos es intencionado. Es así que a las pocas semanas la Subpesca reinició su ofensiva. Esta vez, su objetivo era Tortel y el instrumento, el informe 117/2015. Pero en esta ocasión la respuesta fue incluso mayor.
Múltiples organizaciones regionales, la pesca artesanal, representantes indígenas, el diputado David Sandoval y los senadores Antonio Horvath y Patricio Walker, el alcalde de Tortel Bernardo López, además de la ONG Oceana con la campaña “Tortel libre de salmoneras” se lanzaron en picada contra la idea. El resultado: el 7 de agosto la subsecretaría retiró esta nueva propuesta, no sin antes anunciar que “necesitamos poner en marcha el proceso de relocalizaciones de concesiones salmoneras y para eso estamos proponiendo crear otros nuevos sitios al norte de la región (41 en total) y para esto ya contamos con el compromiso del intendente regional”.
Y aquí nos encontramos hoy. Con la convocatoria a una sesión donde se abordarán varias materias. Lo primero, el retiro de la propuesta de salmonicultura en Tortel y el anuncio de una solicitud a la Subpesca para desafectar de AAA para especies exógenas -permitiendo sólo acuicultura de pequeña escala- en el sistema de fiordos y canales asociados a esa comuna. También, informar sobre la futura desafectación de AAA para especies exógenas, “permitiendo sólo acuicultura de pequeña escala en canales sanitarios” como el fiordo de Aysén, canal Ninuhalac y un tramo del canal de Moraleda entre Isla Churrecue e Isla Silachill.
Y de paso, votar sobre las nuevas solicitudes de relocalización de concesiones en el litoral norte y notificar que este es solo el inicio de la ofensiva salmonera en el borde costero de Aysén. Para muchos, las cosas no se están haciendo de la mejor forma en esta materia.
El camino lógico que uno esperaría es que antes reubicar salmoneras en el litoral regional se realice una auditoría ambiental y social integral sobre los impactos de la industria, generar completos estudios de capacidad de carga y, además, iniciar un trabajo participativo para redefinir el uso del borde costero dada la lamentable experiencia salmonera a 15 años desde que se concretara el ordenamiento vigente.
Más aún, al revisar la propuesta técnica 694/2013 queda claro que falta información para tomar una decisión sobre nuevas actividades salmoneras, gran parte de ellas localizadas al interior de los canales de la Reserva Nacional Las Guaitecas. “La duración y alcance de los estudios de prospección establecen una limitación al conocimiento de las áreas prospectadas, las cuales pueden tener una fuerte variabilidad en el tiempo, especialmente en distintas estaciones del año”, es la frase que utiliza el informe firmado por el -en ese entonces- jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca, Jaime Olguín. Y agrega que “de esta forma, la información obtenida deberá ser enriquecida en el futuro por estudios y monitoreos continuos de variables críticas para el desarrollo sustentable de la acuicultura”.
¿Cómo es posible tomar una decisión sin tener toda la información? Existen quienes sí lo creen factible. Otros, que se requiere aplicar el principio precautorio para no seguir impactando el litoral aysenino. Y más aún, cuando el propio jefe actual de dicha división, Eugenio Zamorano, reconoció en la sesión del 30 de abril que “no existen todos los estudios de capacidad de carga que se requieren”.
Más allá del rechazo que ha generado, lo cierto es que aires de ilegalidad rondan la propuesta que se debiera votar hoy. No se ha realizado la consulta indígena a la que obligan la legislación nacional e internacional considerando que la región presenta más de un 26% de personas que forman parte de los pueblos originarios y tampoco la Subpesca ha presentado estudios sobre la “presencia de banco natural o un caladero de pesca” en las zonas de relocalización, según exige la Ley 20.825 aprobada en abril y que amplía el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura.
Son estos algunos, solo algunos, de los aspectos a tener en cuenta; los integrantes de la comisión están siendo arrastrados -por una urgencia unilateral y vertical- a resolver sobre materias con posibles vicios de legalidad. Esta es una sesión cuya importancia, como mucho en Aysén, radica en cómo vamos sentando las bases del compromiso de la región con su biodiversidad.
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