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Royalty: Mucho en seguridad ciudadana, nada en remediación ambiental

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Como un conejo saltando fuera del sombrero. O un repostero mezclando peras con manzanas. Así se lee el título 1 letra a) del protocolo de acuerdo suscrito la semana pasada para viabilizar el acuerdo para que el proyecto de royalty minero. Iniciativa que ingresó en 2018 a la Cámara de Diputados y que, gracias a ese documento, fuera aprobado el 10 de mayo por el pleno del Senado.  Ahora retornó a la Cámara Baja para su revisión y si persisten diferencias pasará a Comisión Mixta.


¿Dónde están los recursos para hacernos cargo de los pasivos ambientales, la remediación de la contaminación, los costos sociales y de salud que han debido pagar las comunidades donde estas faenas se instalan? 

El texto firmado entre el gobierno de Gabriel Boric y la oposición abordaba 3 grandes materias: gasto e inversiones en áreas extra mineras; modificación a la Ley de Rentas Regionales; fortalecimiento de la coordinación entre instituciones ligadas a la minería.

El mentado título 1 letra a) del documento señala expresamente que la próxima Ley de Presupuestos“creará un Fondo Plurianual para la Seguridad Ciudadana en la ley de presupuestos de 2024. A este fondo se agregará un aporte de US$350 millones anuales por tres años a cuenta del Royalty Minero, desde 2025”.

Claramente al tenor del acuerdo este párrafo es pollo en corral ajeno. O poroto en paila marina, si se me permite tan criolla expresión. Una verdadera digresión porque ¿cómo se relaciona la minería con la seguridad ciudadana? En nada. Sólo se incrustó en el protocolo para que la oposición se anotara un logro, toda vez que este sector es el que ha impulsado con mayor fuerza esta agenda, junto a la que criminaliza al inmigrante pobre, tanto el que delinque como el que no. Podría haberse destinado una fracción de estos recursos del extractivismo a salud, infancia, ancianidad, educación, medio ambiente, pero no, su foco fue la seguridad ciudadana.

Una seguridad ciudadana tuerta, en todo caso: dirigida casi exclusivamente a la represión, dejando de lado otros aspectos como la participación democrática de la comunidad en la toma de decisiones en la materia, el fortalecimiento de las redes comunitarias, la prevención a través de la igualdad de oportunidades, iluminación de espacios públicos o una educación para el bien común que morigere con fuerza -mas no elimine porque es un imposible y tampoco es deseable- la competencia, el individualismo, la productividad sólo material y la acumulación como un un summum.

Mención aparte merece la letra c) del acápite 3, orientada al “fast track minero” para acelerar las inversiones: “Se adoptarán las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental. Para ello se constituirá una mesa técnica que en los próximos 60 días identifique las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir dicho objetivo. Se encomendará a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad construir la línea de base y reportar los avances en el logro de esta meta”.

Ya lo dijimos hace unos años en“Minería sustentable: Una alianza fantástica” (donde fantástico no alude a genial, sino a imposible): “No podemos pensar en minería sustentable si no conocemos bien ni nos hemos hecho cargo de todos los impactos socioambientales de este sector productivo.  No estamos mirando por el retrovisor”.

En el protocolo de acuerdo del proyecto de royalty, ¿dónde están los recursos para hacernos cargo de los pasivos ambientales, la remediación de la contaminación, los costos sociales y de salud que han debido pagar las comunidades donde estas faenas se instalan? Las muertes humanas y de la biodiversidad aún esperan un guiño de este gran sector productivo (Estado incluido), que avanza desbocado flanqueado por los vítores de quienes negocian el futuro del país. Este protocolo pudo haber sido una buena oportunidad para comenzar a zanjar aquella deuda. Comenzar, ya que lo que realmente corresponde siempre será que las empresas causantes asuman con su patrimonio su responsabilidad ante el daño socioambiental.

El aumento de partidas en seguridad ciudadana de corte policial en la Ley de Presupuestos 2024 (en 2025 financiadas con recursos del royalty) que emergió de la nada, devela una vez más las incongruencias de una derecha que tiene como objetivo reducir al máximo lo público.  Contradicción basal: a cada clamor por más policías, armamentos, tanquetas, lacrimógenas, represión, penas duras y cárceles, más crece el Estado.  Porque por lo menos en Chile, es el Leviatán de Hobbes -al que el derechista algo ilustrado le tiene tanto temor- el que hace esta pega.

Igual que en Aysén, donde hasta los neoliberales más recalcitrantes -que los hay bastantes- reclaman a cada tanto por más fondos públicos.

Es cuando se trata de policías, Fuerzas Armadas, pensiones y regalías para los uniformados que el discurso que busca jibarizar el Estado se cae a pedazos. La ideología libertaria/republicana -si es que la tiene- sucumbe así ante sus añoranzas de un pasado autoritario en que las ramas de la defensa nacional, con escasísimas excepciones, han estado de su lado.

Son éstas algunas de las grietas que abrió el protocolo de acuerdo por el royalty minero. Similares a las que desde hace más de un siglo ha dejado la industria y que como país falta mucho, probablemente demasiado, por comenzar a cerrar.

TAGS: Royalty Seguridad

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Comentarios

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cristian barría

18 de mayo

Don Patricio, lo convido a ser optimista, pensemos que el gobierno del presidente Boric, se «sacude»su actitud «lame botas» y emplea los recursos que usted con justa razón cuestiona, en otros ámbitos de la seguridad pública, por ejemplo construcción y sobretodo recuperación de cárceles, (que es urgente, es la verdad), implementación adelantada de la «ley CATI», para evitar decenas de muertos por accidentes de tránsito, ayudar a implementar en todas las comunas de nuestro país, algo que ya ha demostrado ser eficiente, eficaz y que cuenta con el apoyo ciudadano, como son los guardias o inspectores municipales de tránsito y seguridad, apoyo a través del SENDA, de innumerables personas y entidades privadas que luchan todos los días para sacar y recuperar a personas del alcoholismo y drogadicción. Seamos optimistas.

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