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Quintero-Puchuncaví y la dificultad de una solución ambiental en el gobierno de Piñera

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https://www.fayerwayer.com/2018/09/consecuencias-aire-quintero-puchuncavi/

En el artículo 8, Capítulo III de la Constitución Chilena se establece,  El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”, este conocido y comúnmente citado párrafo ha sido letra muerta hasta el día de hoy, pues el Estado subsidiario de Chile y su economía neoliberal heredada de dictadura, ha otorgado garantías privilegiadas al derecho de propiedad privada y libertad de empresa, por sobre el derecho de la salud y de vivir en un ambiente libre de contaminación.


Si bien las medidas adoptadas son positivas, responden netamente a la contingencia y no a una voluntad política concreta del gobierno en garantizar una mejor calidad y democracia ambiental para la población, ya que por otra parte, el ejecutivo no firmará el acuerdo de Escazú que fue impulsado por Michelle Bachelet,

La situación acontecida en el territorio de Quintero-Puchuncaví no es ajena a la generalidad mencionada anteriormente. Al analizar este caso en particular, se destaca en primera instancia la actitud que tuvo el  gobierno de Piñera que responsabilizó directa e inmediatamente a la empresa Estatal como la responsable de la intoxicación de la población, declaración que fue retractada posteriormente pero dejó en el subconsciente colectivo a la ENAP como la principal culpable. Es importante relevar este hecho pues de las 15 instalaciones industriales existentes en el área solo se culpabilizó a una,  la que paradójicamente no genera emisiones de gases por combustión, es decir, detrás de las declaraciones públicas del gobierno hubo una evidente intención de buscar un “chivo expiatorio” que mediáticamente encubra las responsabilidades de las actividades industriales de propiedad privada.

En coherencia con lo mencionado, también llama la atención la rapidez con que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) se pronunció al respecto responsabilizando  a ENAP, dicho pronunciamiento hace bastante ruido pues, determinar técnicamente cual fuente emisora es la causante de un impacto en el ambiente es un proceso riguroso y de largo aliento. ¿Intervencionismo político del gobierno sobre una institución estatal de carácter autónoma y técnica como son las Superintendencias? Lo más seguro es que si… lo cual se visualiza con mayor fuerza aún, al considerar que la SMA culpó a ENAP fundamentándose en el incumplimiento de las exigencias relativas al manejo de residuos líquidos establecidas en su RCA,  específicamente en relación a dos estanques de almacenamiento de petróleo, entonces, ¿la intoxicación sufrida en la población se debe a emisiones de tipo fugitivas de dos estanques de almacenamiento de petróleo? En estricto rigor, la única forma de determinarlo con certeza es efectuando una modelación atmosférica de la  fuente emisora  –trabajo técnico que hasta donde yo tengo conocimiento no se realizó–,  pero mi  razonamiento como ingeniero ambiental me indica a  priori, que es muy difícil  –por no decir imposible–  que una emisión fugitiva de estas características pueda generar el gran impacto de intoxicación observado sobre la población.

Sobre la base de lo descrito anteriormente, se reafirma que la intención del ejecutivo fue  buscar un chivo expiatorio que genere un menor daño colateral, pues si el acusado hubiera sido una industria privada, el gobierno entraría en conflicto con sus propios personeros quienes tienen vínculos con las empresas involucradas en el área contaminada, ya sea porque fueron gerentes o directivos de alguna de ellas, o por vínculos familiares   –como es el caso de la propia Ministra de Medio Ambiente–. El gobierno empresarial debía  evitar ensuciar la imagen de sus socios industriales privados.

Finalmente la estrategia inicial tomada por el gobierno no logró su objetivo, por dos razones. En primer lugar, ENAP contraatacó comunicacionalmente desvalidando el pronunciamiento y acusación de la autoridad ambiental, lo cual generó a su vez un remezón político al interior del directorio de la estatal. En segundo lugar, a pesar de la formulación de cargos y de las respectivas medidas correctivas impuestas a la ENAP los episodios de intoxicación no se detuvieron, por el contrario, se intensificaron. Lo anterior, sumado a que las medidas de suspensión de clases y refuerzos en la atención hospitalaria no fueron suficientes para solucionar el perjuicio sanitario-ambiental que afectaba a la población. Es en este momento donde la problemática supera los protocolos de acción sanitaria que estaban al alcance y comienza a complejizarse el escenario político para el gobierno, viéndose obligado a cambiar de estrategia.

Debido a que los hechos demostraron que la ENAP no fue la responsable de los episodios de intoxicación, la propia Ministra de Medio Ambiente dio un giro al discurso que estaba llevando el oficialismo al hacer referencia que todas las industrias del lugar han contribuido a la contaminación atmosférica, es decir, ahora es un problema de todos, una responsabilidad compartida, por lo tanto de ninguno en particular.  En este nuevo escenario el gobierno no tuvo –ni tendrá–  por objetivo encontrar a un culpable, sino que se enfocará en buscar la forma para disminuir las concentraciones de contaminantes atmosféricos, ya que ahora al pretender identificar cuales son las fuentes causantes de intoxicación, sin duda alguna quedaría expuesto el sector privado.

La comunidad, por su parte, se ha manifestado exigiendo medidas concretas que logren terminar con la intoxicación que sufren constantemente, frente a dicha demanda el gobierno respondió prácticamente durante todo el tiempo suspendiendo clases fundamentalmente, como si el resto de las personas vivieran en una burbuja que los protege de los gases tóxicos… Claramente una medida insuficiente, una medida parche, la cual siendo objetivo no responde solamente a una falta de criterio o desprolijidad de la autoridad sectorial de turno, sino que se debe, a que en la actualidad no existen instrumentos que por ejemplo, permitan paralizar las actividades productivas mientras se buscan soluciones definitivas. La ausencia de instrumentos o facultades de esta índole es consecuencia del modelo neoliberal de desarrollo, en donde garantizar condiciones sanitarias y ambientales dignas para la población está subordinada  a la primacía de la productividad y del crecimiento económico.

No obstante, durante  los últimos días el gobierno anunció que se ingresará a contraloría el Plan de Prevención y Descontaminación  Atmosférica  y una nueva norma de Calidad Ambiental de  Dióxido de Azufre,  así también, impulsará un proyecto de Ley que tipifica el delito ambiental, siendo lo más destacable de los últimos días, la declaración de zona de emergencia en Quintero-Puchuncaví lo que ha grandes rasgos le otorgará mayores facultades a la autoridad sanitaria para interferir sobre la actividad industrial.

Si bien las medidas adoptadas son positivas, responden netamente a la contingencia y no a una voluntad política concreta del gobierno en garantizar una mejor calidad y democracia ambiental para la población, ya que por otra parte, el ejecutivo no firmará el acuerdo de Escazú que fue impulsado por Michelle Bachelet, el cual obliga a los Estados a hacer vinculantes los procesos de  participación ciudadana en proyectos que tengan impacto ambiental. Así también, se contradice con la modificación que pretende efectuar en el SEIA, donde se eliminarían las direcciones regionales creando  tres macrozonas, lo cual va en desmedro a la calidad de la evaluación ambiental de proyectos, aumentando la vulnerabilidad ambiental sobre los territorios y sus comunidades.

Entre las formas institucionales para evitar que casos como Quintero-Puchuncaví se repitan en otras localidades del país, está el fortaleciendo del SEIA y de la SMA, ya que son los organismos técnicos por excelencia  facultados para garantizar el cumplimiento del artículo 8, capítulo III de la Constitución, antes y después de la ejecución del proyecto, respectivamente.

Como todos y todas, esperamos que este daño ambiental sea solucionado lo antes posible y que las medidas adoptadas y por adoptar por parte del gobierno ataquen al problema de fondo y no solo accionen sobre los síntomas del conflicto, pero conociendo la ideología neoliberal del gobierno donde se otorga primacía al derecho de propiedad y libertad de empresa, permítanme el beneficio de la duda.

TAGS: #GobiernoPiñera Quintero

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02 de Octubre

Lamentablemente en nuestra realidad local de la Región del Bio Bio no estamos exentos de problemas ambientales, de los cuales las autoridades siguen haciendo oídos sordos, ejemplo el caso de las Termoeléctricas en Coronel en la cual se ha detectado presencia de metales en los niños de escuelas aledañas, para qué decir lo de Biobio Genera en Penco-Lirquén o el Proyecto MAPA en Laraquete. falta mucho por hacer, pero sobretodo considerar la opinión de los actores involucrados, especialmente la ciudadanía.

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