#Medio Ambiente

Quintero, Escazú y la ausencia del Estado

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En plena crisis sanitaria y ambiental en Quintero y Puchuncaví, las señales que ha dado el gobierno no son para nada alentadoras. En primer lugar, se levantó la alerta amarilla decretada a principios de este mes, luego de los casos de intoxicación que ya se elevan por sobre las mil personas, número que ha seguido creciendo con los nuevos casos de estudiantes intoxicados esta semana. En segundo lugar, el lunes pasado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó las tronaduras en Mina Invierno, en la Región de Magallanes, para explotar el carbón que será quemado en el mismo Quintero. Esto desconoce, además, los intentos por descarbonizar la matriz energética y moverse hacia alternativas de generación de energías más sostenibles.


El Acuerdo de Escazú vincula de una manera explícita la protección del medioambiente a los derechos humanos, y exige una participación temprana y activa de las comunidades que habitan territorios en situación de vulnerabilidad ambiental.

Es difícil determinar hasta que punto la crisis en Quintero y Puchuncaví ha sido generada por una ausencia del Estado en estas llamadas “zonas de sacrificio”. Ya es de conocimiento público que las estaciones de monitoreo ambiental, que tienen la función de medir gases y material particulado, son de propiedad de las mismas empresas que deberían ser fiscalizadas. De las nueve estaciones actualmente existentes, siete eran administradas por las empresas AES Gener y Codelco, y las otras dos por GNL y Enel. Con esto se transgrede la responsabilidad que tiene el Estado de asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente sano y el derecho a la salud.

Y es en este contexto que el gobierno chileno ha decidido no  firmar el Acuerdo de Escazú, el cuál promovió entre los países de la Región desde el inicio de sus negociaciones el año 2012, bajo el gobierno del actual presidente Sebastián Piñera. Este acuerdo lo que busca es justamente asegurar el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú vincula de una manera explícita la protección del medioambiente a los derechos humanos, y exige una participación temprana y activa de las comunidades que habitan territorios en situación de vulnerabilidad ambiental. Otra de los contenidos centrales de este Acuerdo es que demanda, por parte del Estado, la protección de los defensores ambientales, que son quienes levantan las demandas ciudadanas frente a conflictos ambientales, y que muchas veces deben enfrentar ataques y amenazas.

La contaminación en la bahía de Quintero, así como el carbón en sus playas y las columnas de humo en la costa, reflejan un conflicto que se arrastra desde hace décadas y que dadas las circunstancias es muy probable no se resuelva en días o meses. La solución tampoco la entregarán las decisiones que no contemplen la participación de todos los actores involucrados, en especial las comunidades que ha resultado afectadas por esta situación que no representa sólo un problema ambiental sino también político y de desigualdad social.

Por Mariela Ramírez
Investigadora de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

TAGS: #AcuerdoEscazú #GobiernoPiñera #PolíticaMedioambiental Quintero

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