#Medio Ambiente

¿Quién está obstaculizando los proyectos energéticos?

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En este último tiempo se ha venido sosteniendo por diversos representantes empresariales, y más específicamente de los pertenecientes al sector energía, agregándose lo planteado en editorial del diario El Mercurio de viernes 4 pasado, bajo el título de “Obstaculización de proyectos energéticos”, en que se plantean varias aseveraciones que son erróneas o discutibles.

Entre las primeras, no puede sostenerse que la aprobación de proyectos energéticos sea una actividad en exceso judicializada, ya que en otras áreas de la actividad nacional puede observarse igual o mayor conflictividad judicial (laboral, minera, pesquera, forestal, financiera, etc.), sin que llame a tanta alarma. De ahí a concluir que se está en un escenario de “creciente fragilidad de la certeza jurídica”, claramente es una exageración. Al respecto cabría requerir a quienes reclaman por esta situación qué entienden por certeza jurídica. Porque si recurrir a las instancias administrativas y judiciales para obtener una aplicación conforme a derecho sobre las actuaciones de la institucionalidad pública, significa atentar contra la “certeza jurídica” claramente se incurre en un error conceptual.

También se critica la excesiva tramitación o demora en la aprobación de estos proyectos, lo que amerita un par de aclaraciones. La tramitación de proyectos energéticos ingresados al SEIA tiene plazos y formalidades establecidos en la ley 19.300/94, modificada por Ley 20417/010 y su reglamentación, aplicables a todos los tipos de actividades descritas en dichos cuerpos legales. No se trata de una discriminación hacia aquellos proyectos. Las demoras, según información disponible, se deben, por lo general, a proyectos mal elaborados, insuficiente información, datos erróneos o faltos de actualización, deficiencias en descripción de líneas de base, suspensión de trámite solicitados por mismos autores de proyectos, gran cantidad de Adendas, etc.  Por lo tanto, no es justo atribuir estas causales a la institucionalidad ambiental.

Al respecto, entre varios casos de proyectos energéticos, en el aludido editorial se cita Hidroaysén y se señala que “a pesar de haber obtenido la aprobación ambiental… enfrenta un difícil panorama ante el anuncio de judicialización que tendrá el tendido eléctrico”. La pregunta obvia que nos planteamos es: ¿por qué no se ingresaron a trámite ambiental ambos proyectos ya que conforman un todo?  Se ha anunciado que el proyecto de tendido eléctrico se iba a presentar en mayo, y tendrá, por lo menos, igual tiempo de tramitación y discusión, que el de las represas, incluidos recursos administrativos y judiciales, lo que significará seis o siete años de espera. Mientras tanto las represas no se construirán. Entonces, ¿son la institucionalidad ambiental, la intervención de tribunales o la participación ciudadana las causantes de las demoras en la aprobación de proyectos energéticos, las que contribuyen a la “incerteza jurídica” o a poner en jaque el abastecimiento energético del país?

* Sergio Montenegro es profesor y director del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile

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Foto: Rodrigo Balladares / Licencia CC

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14 de junio

son unos descarados estos malos empresarios, cuando los Ciudadanos, detienen un proyecto con las «reglas del juego» esas reglas ya no sirven, y van lloriqueando a sus lacayos políticos a que les cambién las reglas.

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