Santiago tiene una meta clara: reciclar un 25% de los residuos sólidos domiciliarios al 2020. Sin embargo, no se tiene claro cuál será el tipo de modelo a seguir.
Implementar sistemas de reciclaje en las ciudades es una pesadilla no sólo para los países en vías de desarrollo, sino también para los países desarrollados. El modelo tradicional de reciclaje requiere altos niveles de inversión para las plantas de procesamiento, altos costos de mantención del sistema de recolección para los municipios y un alto costo público para reciclar materiales que no tienen mercado.
Un modelo de reciclaje a la europea en Chile significaría inevitablemente aumentar el costo para los gobiernos locales, los consumidores y un efecto negativo en la generación de empleo si consideramos los empleos destruidos en el sector informal (Ackerman,.2005). Por ejemplo, en Alemania el reciclaje es altamente subsidiado por el gobierno regional; en Suiza los ciudadanos tienen que pagar por la producción de basura y en Inglaterra, aunque los empresarios pagan por la basura producida por el embalaje de sus productos, estos se ven reflejados en mayores precios para los consumidores. En definitiva, el modelo de reciclaje de los países desarrollado pese a tener índices adecuados, son sistemas fuertemente subsidiados por el sector público y por lo tanto afectan otras prioridades sociales.
Ahora bien, las ciudades desarrolladas no son las que más reciclan en el mundo. Países como Suiza, Austria y Alemania reciclan 52%, 50% y 48%, respectivamente (Aneki, 2010). Sin embargo, en ciudades de países en desarrollo el sistema de recicladores urbanos alcanzan tasas de reciclaje similares o superiores a las del mundo desarrollado (Wilson, 2006). Es más, ciudades como El Cairo o Mumbai poseen los índices de reciclaje más altos, cerca del 80% y sobre un 70%, respectivamente (The Economist, 2009). Estas ciudades reciclan más que cualquier otra ciudad del mundo desarrollado y el doble del promedio de la Unión Europea.
La pregunta de rigor sería, entonces, ¿a quién mirará Santiago para decidir qué tipo de sistema de reciclaje implementar? (pensando que es una determinación que está en la cabeza de las autoridades).
En Santiago se recicla un 14.4 % de los residuos sólidos domiciliarios sin ningún sistema de reciclaje oficial o apoyo a la actividad. De la diversidad de los métodos presentes para reciclar, que incluye puntos verdes, venta directa de empresas y recicladores urbanos son estos últimos quienes hacen la mayor contribución, reciclando un 70,1 % del total, generando, de paso, un importante ahorro al presupuesto municipal. Adicionalmente, es el mecanismo de reciclaje que genera más empleos sobre el salario mínimo, promoviendo oportunidades reales de movilidad social para ciudadanos con bajo nivel de calificación y en situación de pobreza (Navarrete, 2010). Esto ha llevado al mundo científico a catalogar a los recicladores urbanos como una de las pocas actividades realmente sustentables, permitiendo eficiencia económica, fomentando equidad social y un alto nivel de protección medioambiental (Medina 2001, 2007).
Países de la región como Argentina, Brasil y Colombia se han dado cuenta de los beneficios de este modelo, impulsando políticas públicas de dotación de recursos, apoyo y organización para el crecimiento de este modelo de reciclaje. Esto ha permitido una profesionalización y el aumento de las tasas de reciclaje. Por el contrario, si Santiago opta por un modelo de reciclaje europeo podría entrar en un espiral de gasto público que no aseguraría una alta tasa de reciclaje. En el mejor de los casos obtendría protección del medio ambiente, una dependencia económica del sector público y un efecto negativo en la equidad social. Es decir, optaría por un modelo no sustentable. Por lo tanto, la decisión de Santiago es entre un caro modelo europeo de reciclaje o mejorar el eficiente modelo de algunas ciudades en vía de desarrollo.
Pese a la supremacía del modelo de recicladores urbanos sobre otros sistemas de reciclaje en la generación de empleos, la eficiencia económica y la protección medioambiental es un sistema que despierta alto prejuicio en la sociedad civil. Tanto las autoridades como la sociedad civil han visto en la actividad un símbolo de preservación de pobreza. Externalidades negativas de la actividad como trabajo infantil, bajos salarios, jornadas laborales largas, problemas de salud y dispersión de basura son indicadas como argumentos para la supresión de este mecanismo eficiente de reciclaje. Pese a que en muchos casos esto es una realidad, un estudio reciente (Navarrete 2010) muestra que esto obedece a falta de intervención y apoyo público a la actividad.
Chile debe decidir en los próximos meses si será una sociedad de imitadores o innovadores en política ambiental. Santiago debe decidir si innova sobre la base de lo que tiene para conseguir sustentabilidad o gastarse sus recursos en hacer una copia a la chilena del modelo europeo.
*Pablo Navarrete, Secretario Ejecutivo Corporación Más Progreso (@masprogreso).
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