Por una verdadera y nueva política ambiental

Antes del año 2014, Chile era uno de los pocos países de la OCDE que no utilizaba los impuestos verdes como un instrumento constante de política ambiental. Miles de veces aparecía la palabra sustentabilidad como eje estructural de diversos discursos de candidatos presidenciales, pero muy pocas veces se aludía a estos gravámenes. Sin embargo, el 29 de diciembre el escenario nacional parecía que cambiaba, dado que comenzó a regir el impuesto a emisiones contaminantes de vehículos nuevos, impulsado a partir de la Reforma Tributaria por parte del Ejecutivo, la cual contiene previsto una serie de impuestos “ambientales”.

Actualmente, dichos gravámenes gozan de buena reputación y son utilizados en diversos países del mundo. Incluso, ciertos organismos internacionales no han dudado en recomendarlo a países que no lo utilizan, dado que son un instrumento eficiente en el control de la calidad ambiental y logran superar las externalidades que produce la contaminación. En el caso de Chile, la OCDE le ha recomendado desde el año 2010 la utilización de dichos impuestos.

Por lo que la política ambiental en Chile se enmarcaría dentro de una general, con alcance universal, convirtiéndose nuestro país en un actor de contribución al cuidado de la sustentabilidad. En ese sentido, lo que actualmente el país está iniciando es asumir una responsabilidad que posee frente a la comunidad nacional e internacional. Por lo mismo, no debiera ser sólo una tarea de este Gobierno el continuar con el compromiso con una equidad ambiental, si no la de cualquier Gobierno que asuma.

Sin embargo, cabe destacarse aún quedan muchos compromisos por cumplir y ciertos aspectos que mejorar de lo ya implementado. Si bien es cierto que actualmente se cuenta con un impuesto a la compraventa de ciertos – no todos – vehículos, no se protege en estricto sentido el medio ambiente. Lo anterior se explica en cuanto no se grava la emisión, sino que la misma compraventa de algunos vehículos nuevos, por lo que no parece lógico afirmar que es justamente un gravamen verde.

En Chile aún faltan muchos aspectos que mejorar para poder tener instrumentos efectivos de control ambiental. Pero aún así, es positivo el hecho de haberse tomado por primera vez el compromiso de iniciar una política ambiental con impuestos verdes, por lo que la solución es perfeccionar el ya existente y trabajar con los siguientes de manera orgánica y sistemática.

Por lo mismo, el camino al futuro es avanzar en la perfección de estos, sobre todo si se piensa en la agenda de la reforma incluir dos impuestos más de aquí al 2017. A su vez, pareciera ser que falla un trabajo comunicacional hacia la comunidad por parte de las autoridades. Por ello, sería una buena medida legitimadora crear instancias de diálogo ciudadano para lograr una consciencia común en que dichos gravámenes son al final de todo, un beneficio a la comunidad y al medio ambiente.

En conclusión, cabe considerar que en nuestro país aún faltan muchos aspectos que mejorar para poder tener instrumentos efectivos de control ambiental. Pero aún así, es positivo el hecho de haberse tomado por primera vez el compromiso de iniciar una política ambiental con impuestos verdes, por lo que la solución es perfeccionar el ya existente y trabajar con los siguientes de manera orgánica y sistemática. También, tomar en cuenta que existe un contexto de una política universal, impulsada por diversos organismos internacionales – entre los cuales está la OCDE -, de contribución al control de la contaminación, con un claro enfoque en hacerse cargo de las externalidades, siendo este instrumento eficaz y eficiente en dicha político macro, haciéndose Chile cargo de una responsabilidad exigida por la comunidad internacional y nacional. Por todo lo dicho anteriormente, ojalá poder afirmar en unos años más que aquí ha comenzado una nueva etapa de un mayor compromiso con la sustentabilidad, con efectivos impuestos pigovianos.