Perú vota: no a Keiko Fujimori

Equivocarse eligiendo a Keiko Fujimori le puede costar al Perú 5 años de un posible mal gobierno, aconsejaba Diego Arria, ex gobernador de Caracas, al escritor peruano Mario Vargas Llosa en una carta pública del 24 de Abril, en su intento de persuadirlo de no votar en las presidenciales peruanas de este próximo 5 de junio por Ollanta Humala Tasso, tal como lo había anunciado. Con este argumento el también ex embajador de Venezuela ante la ONU, pretende que los peruanos elijamos a Keiko Fujimori y aguantemos sólo 5 años de un “posible mal gobierno” suyo, ya que de hacer lo contrario y eligiendo a Humala, con “certeza asegurada” (sic), el costo sería peor: “una generación perdida”.

La falacia mayor de este argumento es esgrimida como si esa “certeza asegurada” de ninguna manera existiese con Keiko Fujimori. En la lógica del diplomático venezolano no es imposible apelar a su autoridad ya que desde la subjetividad de sus apreciaciones, las consecuencias de un mal gobierno de la señora Fujimori podrían costarnos a los peruanos a lo mucho 5 años de sufrimiento y no una generación.  Bajo la criba de la razón, todavía me queda la duda de si eso fue dicho de buena fe o no; sin embargo, sí nos permite saber sin lugar a dudas la perniciosa contribución que hace el embajador Arria a la ya de por sí inútil oposición a la dictadura chavista en Venezuela.

Habría que preguntarle al señor Arria por qué su proposición “certeza asegurada” no incluye variables como acoso y desprestigio a sindicalistas, periodistas independientes y políticos de oposición; secuestros; torturas; asesinatos; desapariciones forzadas; comandos de aniquilamiento extrajudicial de personas; descuartizamientos; esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas; narcotráfico; tráfico ilegal de armas a las FARC; fraude electoral; corrupción de funcionarios y políticos; interceptación ilegal de telecomunicaciones de políticos, periodistas y académicos; desmantelamiento institucional de organismos constitucionales autónomos; acoso tributario a los medios de comunicación no afines al gobierno; etcétera. Será tal vez porque de haberlas incluido habría resultado una cosa distinta a sus parámetros existencialistas. Estas variables, señor embajador, constituyen delitos por los cuales han sido procesados y condenados no sólo el dictador Alberto Fujimori, sino también la mayoría de su entorno civil y militar, cómplices que delinquieron con él. Los otros, que lograron evadir la justicia –bien por falta de pruebas o malas artes políticas – se han reagrupado y en la actualidad promueven la candidatura a la que ahora el embajador Arria contribuye “gratuitamente” y por omisión a hacerla presentable.

De pronto se dice que la candidata Keiko Fujimori no tiene por qué cargar con las culpas de su padre.  Bastaría recordar que aquella fue instituida primera dama de la República en reemplazo de su madre, Susana Higuchi, destituida en agosto de 1994 por haber denunciado públicamente la corrupción de los hermanos Fujimori en las donaciones extranjeras de ropa. Ello que le valió ser secuestrada, torturada y desprestigiada hasta la locura por los medios periodísticos comprados por el gobierno. Todo esto en medio del silencio sepulcral de su hija Keiko, ahora candidata. Bastaría recordar a Keiko Fujimori en abril último arengando a sus electores con lemas como “que se escuche hasta la DIROES” (lugar donde purga condena el dictador) o de pronto, regalando comida y enseres a cambio de votos, con propaganda en la que aparece la fotografía de “el chino”, o peor aún, declarando el liderazgo actual que mantiene su padre en el fujimorismo afirmando con orgullo que le consulta a éste las decisiones que ella toma. Resulta irónico y hasta insultante que habiendo sido la primera dama de la república pretenda hacernos creer ahora que desconocía los “errores” de su padre como presidente al mismo tiempo que hace apología solamente de las “buenas obras” de éste, manifestándose en contra de las reelecciones cuando en el 2000 celebró la tercera elección fraudulenta de “el chino”.

Se asegura también de que con Keiko no hay posibilidad del retorno de la dictadura Alberto Fujimori – Vladimiro Montesinos. Ambos están presos; sin embargo, ello no es obstáculo para el primero, que en la actualidad dirige la campaña electoral de su hija con la anuencia del gobierno -tal como ha demostrado el diario La República-, y el segundo se guarde por el momento su acostumbrada locuacidad chantajista. La liberación de Fujimori -y con él además el retorno del aparato represivo- es el objetivo de esta candidatura. Así lo habría confesado en privado el congresista fujimorista Carlos Raffo al director español de cine Hernán Miyoga, quien lo hiciera público hace poco. De inmediato Raffo y Keiko lo negaron, del mismo modo en que esta desautoriza a la implacable parlamentaria electa del fujimorismo Martha Chávez Cossio quien no se cansa de amenazar públicamente al Juez que condenó a Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad y por corrupción. Basta recordar además al otro vocero Jorge Trelles, quien sin rubor alguno afirmó en televisión que el gobierno de Alberto Fujimori “mató menos” personas en comparación con los dos anteriores de Belaúnde y García. Y por si fuera poco, ahora último, el vocero fujimorista Rolando Souza, ha afirmado de forma categórica la santidad del dictador al calificar a su centro de reclusión como un “lugar de peregrinación”.  Y si de peregrinaciones se trata, el Cardenal Cipriani no ha querido dejar de contribuir a la causa que se debe, por eso ha puesto el púlpito de la Catedral de Lima y de todos los predios opusdeianos al servicio propagandístico del fujimorismo.

Pero el embajador Arria insiste: serán sólo 5 años y pasarán rápidamente. Si pues, igualmente se podría decir 5 que luego podrían ser 10 y con una interpretación auténtica de la Constitución, hasta 15 pero jamás se habría perdido una generación como la del 90 ¿verdad? A lo que habrá contribuido la prensa fujimorista y sumado la del grupo El Comercio para aplaudir como hacen ahora, encubriendo y desprestigiando a mansalva a quienes consideran abyectos, con las “filtraciones gratuitas” proporcionadas desde el Gobierno a través de la Dirección Nacional de Inteligencia. Porque para estos, la credibilidad y la dignidad no les importan más de lo que les garantiza el dominio económico.

Para Diego Arria todo esto es posible de ser soportado por 5 años y sin posibilidad de otros más porque simplemente él lo dice y porque ni siquiera la verdad jurídica que yace impecable en el estándar jurídico internacional que declaró culpable a la satrapía fujimontesinista le merecen un mínimo de consideración. Me pregunto si acaso el ex gobernador de Caracas es consciente de lo que le pide a los peruanos por intermedio de su “querido” amigo Mario Vargas Llosa. Me pregunto cómo podría pedirse a los peruanos que sufrimos los abusos más insospechados de la dictadura Fujimori – Montesinos que elijamos nuevamente a éstos. ¿No sería acaso como si Diego Arria le pidiera a Juan Pablo Letelier Morel, hijo de su compadre Orlando Letelier del Solar -a quien ayudó a salir de los reclusorios en los que estuvo confinado bajo tortura por órdenes del dictador Pinochet- para que con su voto devuelva a los verdugos de su padre el poder que terminó asesinándole en setiembre de 1976 con explosivos bajo su auto en Washington D.C.? 

Que el embajador Diego Arria sepa que contra el fujimontesinismo sí tenemos pruebas y en este sí cabe la certeza que él reduce a la mínima expresión. Y que sepa también que los peruanos tenemos derecho a la legítima defensa de nuestra dignidad.