#Medio Ambiente

Nueva ley forestal ¿Oportunidad o más de lo mismo?

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El sector forestal ha crecido de manera considerable en las últimas décadas, debido principalmente, a la demanda exterior de celulosa y a las condiciones favorables de ayuda fiscal en la etapa de plantación y manejo de los monocultivos por parte del Estado de Chile. Estadísticas del INFOR señalan que el sector forestal es la segunda fuerza exportadora del país, alcanza un 8% de las exportaciones, representa un 2,6% del PIB y genera un 4% de empleos directos e indirectos. Entre las regiones de O`Higgins y Los Ríos el sector posee 2,5 millones de hectáreas plantadas con pino y eucaliptus, donde los grupos Angelini y Matte controlan el mercado fijando precios a pequeños propietarios y a empresas de menor tamaño en el proceso de compra venta de metros ruma.


Con proyecto de ley tramitándose en el parlamento; ¿habrá disposición política para avanzar en una ley que realmente considere las externalidades negativas de la industria?, ¿será la oportunidad de las regiones por concepto de nuevos impuestos? Las respuestas a estas interrogantes están condicionadas a situaciones precedentes poco alentadoras y con una mirada economicista potente que adormece la posibilidad de hacer mejoras relevantes.

La industria forestal se divide en tres grandes sectores; Plantaciones y faenas, Transporte y servicios, Manufactura y plantas. En el primer sector, el Estado de Chile ha fomentado por 40 años el crecimiento de la industria a través del Decreto Ley 701, eximiendo de impuesto territorial a los predios y bonificando en un 75% el valor de forestación de una plantación. Todo lo anterior, parece ser positivo desde la mirada del crecimiento económico y de cómo un Estado contribuye al crecimiento; pero detrás de esta robusta industria, existen graves falencias que atentan el ecosistema producto de una débil legislación.

El tamaño de la industria sugiere a Chile como país forestal, sin embargo no posee un organismo público que sea garante de administrar la política forestal, lo que existe, es una corporación de derecho privado (CONAF) que se financia con recursos públicos para resguardar parques nacionales y fiscalizar plantaciones forestales de privados. Este estatus jurídico, permite cuestionar al Estado de Chile en no avanzar hacia una institucionalidad donde exista una legislación que se haga cargo del fortalecimiento de un servicio forestal con más atribuciones y que sea capaz de integrar, en tiempo de crisis por incendios, un control coordinado con Onemi y Sernageomin. La carencia de lo anterior, y en la práctica, la escasa fiscalización de corta fuegos hacia caminos y reservas nacionales, el débil control de plagas -como la avispa taladradora, que secreta un químico altamente combustible a altas temperaturas- y la forestación en cercanías a cursos de agua que contribuye a la sequía, ha dado pie a facilitar incendios todos los años. Sólo desde julio de 2014 a marzo de 2015 suman 4.300 incendios, destruyendo flora y fauna en 90.000 hectáreas desde la región de Coquimbo al sur.

Actualmente la vigencia de la prórroga del decreto 701 circunscrita en ley 24.488 del año 2011 expiró, en consecuencia la política de fomento al sector forestal está paralizada, a la espera de una nueva ley forestal que vaya de la mano con una CONAF pública con más atribuciones y que considere un Desarrollo Forestal Sustentable. En tal sentido, el ejecutivo promueve en el parlamento un proyecto de ley que tiene como objetivo avanzar hacia el autoabastecimiento energético del sector, que contemple energías renovables no convencionales -como proyectos de biomasa- que contribuyan al Sistema Interconectado Central y que amplíe los incentivos a plantaciones forestales de uso energético.

En el nuevo escenario, con proyecto de ley tramitándose en el parlamento; ¿habrá disposición política para avanzar en una ley que realmente considere las externalidades negativas de la industria?, ¿será la oportunidad de las regiones por concepto de nuevos impuestos? Las respuestas a estas interrogantes están condicionadas a situaciones precedentes poco alentadoras y con una mirada economicista potente que adormece la posibilidad de hacer mejoras relevantes. La institucionalidad medio ambiental está cuestionada, altamente contaminada por lobby, con un servicio de evaluación ambiental deficiente y con procesos fraudulentos de consultas a pueblos indígenas. Y en materia de nuevos impuestos, todo hace suponer, que el sector forestal goza de un escudo de hierro institucional donde no se cuestiona el modelo de “actividad renovable” y en consecuencia ajeno a la aplicación de royalty o de impuestos verdes.

Una nueva ley forestal debe considerar diversas miradas, pero tiene que ser capaz de no imponer los costos del desarrollo a las futuras generaciones. Por esto se hace necesario que se discuta y se revise el modelo de actividad, y que se avance en una política medioambiental que considere a la minería, la pesca y al sector forestal como actividades de impacto ambiental y en consecuencia sujetas a ley tributaria que resguarde nuestros recursos naturales.

TAGS: Agroindustria Fomento Forestal

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Comentarios

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27 de marzo

Muy intructivo su articulo, especialmente cuando entrega cifras escandalosas de la explotacion maderera,
que bèneficia a solo 3 empresas, entre las cuales se encuentra Bosques Arauco, del consorcio de Angelini.
que tiene mas de Un millon doscientas mil hectàreas. y no hay que olvidarse que la ley que permitio este abuso tuvo su inicio del gobierno de la dictadura de Pinochet.

Como dice muy bien el titulo de su articulo » mas de lo mismo «

Pedro Mardones

27 de marzo

Interesante; primera vez que leo que la avispa genera una sustancia altamente combustible….podria citar la fuente

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