El segundo aniversario del terremoto y tsunami que afectó a la zona centro-sur del país es el momento oportuno para hacer análisis y efectuar balances de los daños, las pérdidas y las deudas pendientes. De hecho, hemos sido testigos de un fuego cruzado entre el gobierno y la oposición respecto a las cifras de la reconstrucción, con porcentajes que difieren drásticamente y que por lo general meten en un mismo saco la reconstrucción de infraestructura pública y la de viviendas, cuestiones que afectan de muy diferente manera a la ciudadanía. En el medio de esta verdadera batalla campal de declaraciones, los directamente afectados, a través de organizaciones de damnificados y muchas veces con el apoyo de ONG’s, intentan establecer cifras propias con información independiente y confiable, cuestión compleja considerando los escasos medios con los que se cuenta.
En este contexto, tanto en las preocupaciones de unos y otros, surge otro damnificado, pues por ninguna parte aparece la preocupación por las consecuencias ambientales dejadas tras el terremoto y tsunami. Desde la contaminación del fondo marino por efecto de los objetos y sustancias de todo tipo arrastradas por el maremoto, hasta la contaminación del suelo, de ríos, lagos o de las napas subterráneas por eventuales derrames tóxicos, así como el colapso y derrumbe de varios relaves mineros en distintas localidades –uno de los cuales provocó la muerte de toda una familia en Pencahue-, hasta el problema de la disposición final de los escombros, son temas aún pendientes, y que nadie ha enfrentado seriamente.
No existe una preocupación seria por parte de la comunidad que puede verse afectada en el mediano o largo plazo por la contaminación o alteración de su entorno más próximo. El tema prácticamente tampoco aparece en los medios de comunicación, pero lo que es más grave aún, existe una escasa preocupación de las autoridades tanto locales –alcaldes o intendentes- como sectoriales –Ministerio de Medio Ambiente, Salud, entre otros- por este problema.
Resulta urgente que desde la máxima autoridad del tema se inicie un trabajo serio y exhaustivo de diagnóstico sobre esta materia, que abarque todas las áreas e industrias, punto de partida inicial para tener un panorama acabado e iniciar las eventuales tareas de reparación y mitigación que hagan falta. Además, esta información resulta de vital importancia para incorporar la perspectiva ambiental a las políticas públicas del país en materia de emergencia. El gobierno central debiera tomar la iniciativa en el sentido de establecer una alianza que involucre tanto a las autoridades locales y sectoriales, como a las comunidades locales, ONG’s y el mundo académico, para construir tanto un diagnóstico como líneas de acción frente a catástrofes.
Chile es un país de catástrofes. Terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y otros desastres naturales, potenciados por el cambio climático, se repetirán cada cierto tiempo en nuestro territorio. Es preciso que la preocupación por el medio ambiente se incorpore como parte de las temáticas prioritarias en materia de desastres, única manera de evitar que se agraven las consecuencias que este tipo de hechos generan al país.
* Entrada escrita por Paulina Vera, periodista de la Fundación Terram. Publicada originalmente en el sitio web de la Fundación.
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