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Los jornaleros del Leviatán

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Dos recientes resoluciones, de la Contraloría y la Corte Suprema, confirmaron lo que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de Aysén habían manifestado en diversas instancias administrativas.

Uno, la ilegalidad de un convenio de 2014 entre el Municipio de Aysén y Energía Austral, en circunstancias que a esa fecha el Comité de Ministros aún podía requerir el pronunciamiento de la corporación edilicia sobre el proyecto de represas Río Cuervo. Y que con ello el alcalde UDI Oscar Catalán vulneraba la legislación sobre probidad al exponer a la municipalidad a un evidente conflicto de interés.  Fue el Contralor General Jorge Bermúdez quien en un dictamen de marzo de este año refrendó el informe elaborado por la Contraloría Regional, dio la razón a la ciudadanía y estableció la ilegalidad del actuar del jefe comunal.


Un amigo me dijo alguna vez que tal es la apuesta. Poner todas las trabajas legales y administrativas, confiando en que el ciudadano no tendrá las ganas, el tiempo, los recursos e incluso el temple para enfrentarse a los transitorios administradores del Estado

El otro, la negativa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén a todas las solicitudes de participación ciudadana en el marco de diversas declaraciones de impacto ambiental (DIA) sobre prospecciones mineras, con un peculiar argumento: como este tipo de obras generan “gravámenes a los habitantes de la localidad donde se realiza” y no “beneficios sociales” (porque entre ellos el servicio incluye un catálogo muy acotado de qué entiende por “beneficios sociales”), no correspondía el involucramiento ciudadano.  Un insólito razonamiento suscrito por el director regional Claudio Aguirre, que fuera reafirmado por el SEA en todas las recusaciones presentadas e incluso por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.  Fue el máximo tribunal el que no solo aplicó normativa sino, de paso, sentido común y justicia en este caso, revirtiendo el proceso.

Los reclamos previos de la ciudadanía tuvieron nulo efecto en los regentes temporales de la administración de lo público, quienes, quizás poniendo sus fichas en el desgaste ciudadano, se mantuvieron en posiciones contrarias a la probidad, en uno de los casos, y a la participación de la comunidad en materias ambientales vinculadas a proyectos mineros, en el otro.

Es posible decir que todo está operando con normalidad.  Que las instituciones funcionan, al lograrse en uno de los recodos del aparato estatal el encause administrativo y judicial. Eso solo en el formalismo, porque lo que queda claro es que en la práctica el peso de alcanzar algo de justicia socioambiental sigue recayendo hoy en los propios ciudadanos.

Estos fallos se obtuvieron porque hubo ciudadanos y organizaciones dispuestos a enfrentar lo que se consideró injusto e, incluso, ilegal.  Organizarse, contar con recursos para presentar escritos, recurrir a distintas instancias, algo que la gente común y corriente no necesariamente posee cuando debe defender sus derechos.  No así los organismos públicos, con técnicos y profesionales financiados con recursos públicos (a nivel nacional, regional y comunal) para defender decisiones que en estos casos específicos vulneran el derecho a la participación ciudadana y, lisa y llanamente, la probidad.

Un amigo me dijo alguna vez que tal es la apuesta.  Poner todas las trabajas legales y administrativas, confiando en que el ciudadano no tendrá las ganas, el tiempo, los recursos e incluso el temple para enfrentarse a los transitorios administradores del Estado.  Que los dos, tres, cuatro, cinco o más años que puede durar un proceso, más aún en el caso de los recursos judiciales, espantan a cualquiera.  Y sabemos que es así.

Similar ocurre con las corporaciones interesadas en transformar la biodiversidad en capital económico, que pueden estar décadas esperando intervenir territorios confiando en que la ciudadanía se agotará o que llegue una ventana con mejores escenarios.

Por ello, necesarias son las organizaciones que desde el sentido de lo público están disponibles para ser la contraparte de decisiones administrativas o jurisdiccionales que es necesario impugnar. Es el activismo de la sociedad civil, que seguirá siendo fundamental.  No asumirlo es validar el desamparo y el desequilibrio que existe entre el ciudadano de a pie, los territorios, y los temporales jornaleros del Estado, que en este tipo de situaciones efectivamente se transforma en el Leviatán.

TAGS: #JusticiaSocioambiental #ParticipaciónCiudadana Contraloría

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